Mientras la justicia agroambiental define el rumbo del proceso legal vinculado al proyecto hidrocarbur\u00edfero Domo Oso X-3 (DMO X-3), – que pone en entredicho el futuro de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariqu\u00eda -, las actividades de exploraci\u00f3n permanecen paralizadas desde enero de este a\u00f1o. En ese escenario, los defensores de Tariqu\u00eda ratifican su rechazo a cualquier intento de reactivaci\u00f3n de trabajos que consideren lesivos para uno de los ecosistemas m\u00e1s importantes de Tarija.<\/p>\n
Despu\u00e9s de a\u00f1os de confrontaci\u00f3n entre comunidades, instituciones ambientales, Yacimientos Petrol\u00edferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Petrobras, el futuro del proyecto Domo Oso X-3 se encuentra en manos de la justicia por un recurso jur\u00eddico que ha sido planteado desde la Defensor\u00eda del Pueblo.<\/p>\n
Informaci\u00f3n de YPFB se\u00f1ala que todas las actividades vinculadas al proyecto permanecen suspendidas desde el 17 de enero de 2026, cuando el conflicto ingres\u00f3 de lleno al \u00e1mbito judicial, alterando el cronograma que la estatal hab\u00eda dise\u00f1ado para ejecutar una de sus apuestas exploratorias m\u00e1s importantes en el sur del pa\u00eds.<\/p>\n
La paralizaci\u00f3n representa un freno para una iniciativa que contaba con una inversi\u00f3n garantizada de 61 millones de d\u00f3lares y que proyectaba extenderse hasta 2027.<\/p>\n
Un proyecto que avanzaba<\/p>\n
Hasta finales de 2025, YPFB reportaba avances administrativos y t\u00e9cnicos para la ejecuci\u00f3n del DMO X-3.<\/p>\n
Entre las etapas ya concluidas figuraban el estudio de evaluaci\u00f3n de impacto ambiental, la obtenci\u00f3n de la licencia ambiental, el levantamiento de causales de fuerza mayor, la adjudicaci\u00f3n de obras y la autorizaci\u00f3n formal para iniciar los trabajos.<\/p>\n
Durante los \u00faltimos meses de la pasada gesti\u00f3n tambi\u00e9n se registraron movimientos vinculados a la apertura de caminos de acceso, habilitaci\u00f3n de planchadas, relevamientos de campo y adecuaci\u00f3n de campamentos.<\/p>\n
El cronograma contemplaba que entre enero y agosto de 2026 se desarrollaran las obras de infraestructura vial y preparaci\u00f3n de plataformas. Posteriormente, la perforaci\u00f3n exploratoria estaba prevista para ejecutarse entre septiembre de 2026 y marzo de 2027, mientras que las pruebas de formaci\u00f3n deb\u00edan realizarse entre abril y mayo de ese mismo a\u00f1o.<\/p>\n
Sin embargo, el proceso judicial modific\u00f3 completamente la hoja de ruta.<\/p>\n
El expediente vuelve a Entre R\u00edos<\/p>\n
Uno de los acontecimientos m\u00e1s relevantes ocurri\u00f3 cuando la Sala Segunda del Tribunal Agroambiental decidi\u00f3 devolver la competencia del caso al juez agroambiental de Entre R\u00edos, Clever Marcelo Osorio.<\/p>\n
La determinaci\u00f3n dej\u00f3 sin efecto la pretensi\u00f3n del Gobierno de trasladar la definici\u00f3n del conflicto a instancias superiores en Sucre, devolviendo la responsabilidad de emitir una resoluci\u00f3n de primera instancia a la autoridad judicial que inicialmente hab\u00eda conocido la causa.<\/p>\n
La decisi\u00f3n fue recibida con expectativa por los sectores que se oponen a las actividades hidrocarbur\u00edferas dentro de la reserva.<\/p>\n
Ahora ser\u00e1 el juez agroambiental quien deber\u00e1 analizar los antecedentes y emitir un fallo que podr\u00eda marcar el futuro inmediato del proyecto.<\/p>\n
Una calma temporal en las comunidades<\/p>\n
Para los defensores de Tariqu\u00eda, la suspensi\u00f3n de actividades ha significado una reducci\u00f3n de las tensiones que durante a\u00f1os caracterizaron la convivencia en varias comunidades de la reserva.<\/p>\n
Juan Mendoza, integrante del Comit\u00e9 de Defensa de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariqu\u00eda, considera que la intervenci\u00f3n judicial logr\u00f3, al menos temporalmente, detener el avance de las operaciones petroleras.<\/p>\n
Seg\u00fan explic\u00f3, desde que se emitieron las medidas impulsadas por la Defensor\u00eda del Pueblo no se ha observado presencia de personal de YPFB ni de Petrobras en la zona.<\/p>\n
Esa ausencia, asegura, ha contribuido a disminuir los conflictos internos.<\/p>\n
Mendoza sostiene que cuando representantes de las empresas ingresaban a las comunidades, las reuniones comunales se convert\u00edan en escenarios de confrontaci\u00f3n entre quienes respaldan la actividad hidrocarbur\u00edfera y quienes la rechazan.<\/p>\n
La desconfianza hacia la justicia<\/p>\n
Aunque reconocen la importancia de la v\u00eda judicial, los defensores de Tariqu\u00eda mantienen reservas respecto al desenlace del proceso.<\/p>\n
Mendoza afirm\u00f3 que la experiencia acumulada durante casi una d\u00e9cada de conflicto ha generado desconfianza hacia las instituciones encargadas de impartir justicia.<\/p>\n
A su juicio, en anteriores procesos vinculados a recursos naturales y proyectos extractivos, las decisiones terminaron favoreciendo los intereses gubernamentales por encima de las demandas ambientales y comunitarias.<\/p>\n
Por ello, sostuvo que la estrategia de defensa no depender\u00e1 exclusivamente de los tribunales.<\/p>\n
\u00abNosotros no podemos dejar todo en manos de la justicia. Vamos a mantenernos atentos y preparados ante cualquier intento de ingreso de las empresas\u00bb, manifest\u00f3.<\/p>\n
Aunque evit\u00f3 detallar las acciones previstas, se\u00f1al\u00f3 que las organizaciones defensoras se encuentran elaborando mecanismos de respuesta para enfrentar eventuales intentos de reactivar las actividades exploratorias.<\/p>\n
A\u00f1os de resistencia<\/p>\n
El dirigente remarc\u00f3 que la oposici\u00f3n al proyecto no responde \u00fanicamente a una posici\u00f3n pol\u00edtica o ideol\u00f3gica, sino a la defensa de un ecosistema considerado estrat\u00e9gico para el departamento.<\/p>\n
Los defensores argumentan que Tariqu\u00eda cumple funciones ambientales relacionadas con la regulaci\u00f3n clim\u00e1tica, la conservaci\u00f3n de fuentes de agua y la preservaci\u00f3n de la biodiversidad.<\/p>\n
Desde esta perspectiva, sostienen que los posibles beneficios econ\u00f3micos derivados de la explotaci\u00f3n hidrocarbur\u00edfera no justifican los riesgos ambientales asociados.<\/p>\n
Mendoza record\u00f3 que la resistencia de las comunidades lleva aproximadamente una d\u00e9cada y considera que esa movilizaci\u00f3n ha sido determinante para evitar transformaciones irreversibles dentro de la reserva.<\/p>\n
Asimismo, cuestion\u00f3 la capacidad de control ambiental que hist\u00f3ricamente han ejercido las empresas hidrocarbur\u00edferas en otras regiones del departamento.<\/p>\n
Cit\u00f3 como ejemplo zonas del Chaco tarije\u00f1o donde, seg\u00fan afirm\u00f3, persisten pasivos ambientales vinculados a la actividad petrolera.<\/p>\n
La espera contin\u00faa<\/p>\n
Mientras el expediente retorna a Entre R\u00edos y el juez agroambiental prepara la siguiente etapa del proceso, no existen plazos claros para conocer una decisi\u00f3n definitiva.<\/p>\n
Los defensores esperan que la autoridad judicial act\u00fae conforme a la normativa ambiental y a los principios de protecci\u00f3n de \u00e1reas protegidas, respetando todos los procedimientos, principalmente con el de la consulta previa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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