El a\u00f1o 2025 marc\u00f3 un hito silencioso en la miner\u00eda boliviana, casi $us 8.000 millones registrados vali\u00f3 la producci\u00f3n de ese a\u00f1o. El valor del oro extra\u00eddo y registrado oficialmente super\u00f3 los $us 3.100 millones, una cifra impresionante por su magnitud. Sin embargo, las regal\u00edas que ingresaron al fisco por ese concepto no llegaron a los $us 60 millones. La proporci\u00f3n es elocuente: por cada 100 d\u00f3lares de oro salido del territorio nacional, el Estado recibi\u00f3 menos de 2. El problema no es solo del oro; es estructural y atraviesa toda la miner\u00eda boliviana, cuya renta \u2013la parte del valor mineral que administra el Estado\u2013 se ha mantenido en torno al 9% del total a lo largo de toda la \u00faltima d\u00e9cada, independientemente del ciclo de precios internacionales.<\/p>\n
MARGINADO DE SU PROPIA RIQUEZA<\/p>\n
Desde 2016, el valor de la producci\u00f3n minera boliviana ha seguido las oscilaciones de los precios internacionales: se contrajo con el fin del superciclo de materias primas, se recuper\u00f3 entre 2021 y 2022 con el alza del zinc, el esta\u00f1o, la plata y el oro, y se sostuvo en niveles elevados en 2025 gracias al precio hist\u00f3rico del metal dorado; pero, sobre todo, de la plata. Sin embargo, la renta minera nacional \u2013el conjunto de regal\u00edas, impuestos y dividendos de empresas estatales que retiene efectivamente el Estado\u2013 nunca acompa\u00f1\u00f3 esa expansi\u00f3n en t\u00e9rminos proporcionales. Las recaudaciones impositivas son bajas, muchos operadores est\u00e1n exentos de los impuestos que aplican al sector privado, y los mecanismos de control sobre la comercializaci\u00f3n son d\u00e9biles. Mientras el valor total del mineral extra\u00eddo se multiplic\u00f3 a lo largo de la d\u00e9cada, la proporci\u00f3n gestionada por el Estado apenas se movi\u00f3 del entorno del 9%. La renta minera creci\u00f3 en t\u00e9rminos absolutos, pero como reflejo de los precios y no como resultado de una mejora en la captura fiscal.<\/p>\n
EL ORO: EL CASO M\u00c1S EXTREMO<\/p>\n
La producci\u00f3n aur\u00edfera registrada ilustra con precisi\u00f3n la naturaleza del problema. En 2022, Bolivia report\u00f3 oficialmente 54 toneladas de oro extra\u00eddas. En los a\u00f1os siguientes, esa cifra fue cayendo: 47 toneladas en 2023, apenas 21 en 2024, y una leve recuperaci\u00f3n a 26 en 2025. A primera vista, los datos podr\u00edan interpretarse como una ca\u00edda productiva. La explicaci\u00f3n real es m\u00e1s preocupante: el contrabando sistem\u00e1tico hacia pa\u00edses vecinos donde los exportadores pueden cobrar en d\u00f3lares \u2013algo que en Bolivia se volvi\u00f3 inviable por la escasez de divisas\u2013 y la reducci\u00f3n del oro de pa\u00edses lim\u00edtrofes que previamente se registraba como boliviano, aprovechando la m\u00ednima carga fiscal que impone el pa\u00eds a este metal.<\/p>\n
Los operadores aur\u00edferos \u2013en su mayor\u00eda cooperativistas\u2013 pagan una regal\u00eda que var\u00eda entre el 1,5% y el 2,5% del valor de su producci\u00f3n, cuando la ley establece un 7%. Un acuerdo dise\u00f1\u00f3 un esquema en que ese 7% total se dividir\u00eda: el 2,5% ir\u00eda a las regiones productoras y el 4,5% restante al gobierno central. Pero este \u00faltimo porcentaje deb\u00eda instrumentalizarse mediante una ley complementaria que nunca fue aprobada. En consecuencia, los operadores aur\u00edferos pagan \u00fanicamente la fracci\u00f3n regional, y solo el 1,5% cuando la venta se realiza en el mercado interno o directamente al Banco Central \u2013aunque este \u00faltimo exporte luego el oro al exterior.<\/p>\n
Las organizaciones que extraen oro en Bolivia operan adem\u00e1s en condiciones de excepcionalidad regulatoria dif\u00edcil de justificar: no pagan impuesto a las utilidades, y apenas el 15% de los operadores cuenta con licencia ambiental, a pesar de ser un requisito legal para iniciar actividades mineras. Los \u00faltimos acuerdos debilitaron a\u00fan m\u00e1s este requisito, abriendo la puerta para que las cooperativas ingresen a \u00e1reas naturales protegidas bajo condiciones extremadamente ventajosas.<\/p>\n
\u2018\u2018Por cada cien d\u00f3lares de oro salido del territorio boliviano, el Estado recibi\u00f3 menos de dos en concepto de regal\u00edas. La tasa legal es del 7%; la efectivamente pagada no supera el 2,5%.<\/p>\n
MUCHO MINERAL, POCO RETORNO<\/p>\n
Las regal\u00edas que reciben los departamentos productores reflejan con fidelidad la geograf\u00eda minera del pa\u00eds. Potos\u00ed y Oruro concentran la mayor parte de los ingresos por este concepto, sustentados en la producci\u00f3n de zinc, plata y esta\u00f1o de sus grandes operaciones \u2013entre ellas San Crist\u00f3bal, Huanuni y las numerosas cooperativas que explotan los yacimientos del altiplano. La Paz ocupa un tercer lugar, apoyada en la producci\u00f3n de zinc de la mina Colquiri y en el oro de las cuencas del norte departamental.<\/p>\n
El contraste m\u00e1s llamativo se produce en La Paz, Beni y Pando. Estos departamentos albergan las mayores operaciones de extracci\u00f3n de oro aluvial del pa\u00eds, con todo el peso ambiental, social e institucional que esa actividad conlleva. Pero las regal\u00edas que reciben son m\u00ednimas: la combinaci\u00f3n de tasas bajas, subdeclaraci\u00f3n de producci\u00f3n y contrabando hace que el retorno fiscal sea irrisorio respecto al valor efectivamente extra\u00eddo. El departamento que soporta los costos ambientales de la miner\u00eda amaz\u00f3nica recibe, en el mejor caso, unos pocos millones de d\u00f3lares al a\u00f1o. Es una de las inequidades m\u00e1s llamativas del actual modelo de distribuci\u00f3n de la renta minera, y revela que el principio de compensaci\u00f3n territorial por la explotaci\u00f3n de recursos naturales no se cumple en el sector aur\u00edfero.<\/p>\n
LA LEY QUE QUED\u00d3 A MEDIAS<\/p>\n
La brecha entre la tasa legal y la tasa efectivamente pagada no es resultado de evasi\u00f3n en sentido estricto: es consecuencia de una arquitectura legal inconclusa. El acuerdo mencionado requer\u00eda una ley complementaria para activarse por completo; esa norma nunca lleg\u00f3. El costo acumulado de esa omisi\u00f3n legislativa se mide en cientos de millones de d\u00f3lares de ingresos no percibidos por el Estado boliviano.<\/p>\n
MERCURIO EN LA AMAZON\u00cdA<\/p>\n
El uso de mercurio para la recuperaci\u00f3n del oro en la miner\u00eda amaz\u00f3nica ha generado una crisis ambiental de proporciones alarmantes. Este metal l\u00edquido, altamente t\u00f3xico, es empleado para amalgamar el oro en los yacimientos aluviales del norte boliviano, y sus residuos contaminan r\u00edos, sedimentos y cadenas alimentarias de manera acumulativa e irreversible. Los pueblos ind\u00edgenas y las comunidades ribere\u00f1as son las primeras v\u00edctimas de una contaminaci\u00f3n que no reconoce fronteras administrativas ni per\u00edodos de gesti\u00f3n, afectando sus sistemas de vida. El poder acumulado de las cooperativas en la esfera pol\u00edtica les permite operar, de hecho, en un r\u00e9gimen de excepci\u00f3n permanente \u2013incluso dentro de \u00e1reas naturales protegidas.<\/p>\n
EL ZINC COMO CASO EMBLEM\u00c1TICO<\/p>\n
La exportaci\u00f3n de concentrados de zinc representa otra fuente masiva de p\u00e9rdidas para Bolivia. Cuando el mineral sale del pa\u00eds sin haberse procesado, el exportador boliviano sufre m\u00faltiples descuentos aplicados por los compradores extranjeros: por los metales valiosos (acompa\u00f1antes del metal principal) que no se reconocen ni se pagan, por los costos de fundici\u00f3n de las plantas del exterior que debe pagar Bolivia, por las ineficiencias de los procesos metal\u00fargicos de los compradores y por la penalizaci\u00f3n de metales que \u201cobstaculizan\u201d sus procesos. El resultado es una transferencia de valor de magnitud extraordinaria: las p\u00e9rdidas asociadas a la exportaci\u00f3n de concentrados de zinc superan los $us 1.500 millones anuales.<\/p>\n
La excepci\u00f3n que confirma la regla es la Corporaci\u00f3n Minera de Bolivia (Comibol), que vende pr\u00e1cticamente la totalidad de su producci\u00f3n como metal refinado \u2013no como concentrado\u2013, maximizando el valor agregado nacional. Sin embargo, incluso Comibol enfrenta un cuello de botella: las 40.000 toneladas de concentrados de zinc subproducto de su mina de Colquiri siguen export\u00e1ndose sin procesamiento, por falta de una planta de procesamiento del concentrado, propia.<\/p>\n
TRANSFORMAR: OPORTUNIDAD POSTERGADA<\/p>\n
La necesidad de procesar los minerales en Bolivia antes de exportarlos no es un planteamiento nuevo. Desde la creaci\u00f3n de las primeras fundiciones estatales en el siglo XX, el Estado boliviano reconoci\u00f3 que exportar concentrados equival\u00eda a ceder valor a los pa\u00edses compradores. Pero esa comprensi\u00f3n nunca se tradujo en una pol\u00edtica sostenida de industrializaci\u00f3n minera. Hoy, la capacidad instalada de fundici\u00f3n y refinaci\u00f3n es m\u00ednima frente al volumen de producci\u00f3n: Vinto procesa esta\u00f1o y podr\u00eda procesar antimonio, pero Bolivia no tiene capacidad para procesar zinc, plata o litio en vol\u00famenes significativos. El resultado es que la mayor parte del valor a\u00f1adido en la cadena del zinc \u2013entre el 20% y el 30% del precio final del metal\u2013 se genera en fundiciones de Europa, Corea o China, no en Bolivia.<\/p>\n
El argumento habitual contra la industrializaci\u00f3n es el costo: construir una planta metal\u00fargica de zinc requiere inversiones del orden de los 150 a 500 millones de d\u00f3lares para procesar el 10% de la producci\u00f3n. Pero ese argumento debe sopesarse contra la p\u00e9rdida recurrente de m\u00e1s de 1.500 millones anuales por exportar concentrado en lugar de metal. En diez a\u00f1os, la diferencia supera con creces el costo de la inversi\u00f3n. Lo que se requiere no es solo capital, sino voluntad pol\u00edtica sostenida, marcos regulatorios que atraigan inversi\u00f3n privada o mixta, y acuerdos con pa\u00edses socios para que no se obstaculice el desarrollo metal\u00fargico en el pa\u00eds. En el sector aur\u00edfero, la opci\u00f3n m\u00e1s urgente es la instalaci\u00f3n de plantas de tratamiento de preconcentrados en las propias zonas de producci\u00f3n: tienen menor escala, menor costo y pueden implementarse de manera descentralizada, reduciendo de inmediato el contrabando y ampliando la base tributaria.<\/p>\n
\u00bfQU\u00c9 DEBE HACER BOLIVIA?<\/p>\n
Las medidas capaces de aumentar la renta minera del Estado son conocidas. La primera es centralizar y fortalecer el control sobre la comercializaci\u00f3n de metales, impidiendo la subdeclaraci\u00f3n de valores en frontera. La segunda es ampliar la capacidad nacional de transformaci\u00f3n de concentrados en metales, reduciendo la dependencia estructural de fundiciones extranjeras. La tercera es descentralizar hacia los gobiernos subnacionales la supervisi\u00f3n de la comercializaci\u00f3n, generando incentivos concretos para que las regiones productoras fiscalicen las operaciones en su propio territorio, a la vez que recibir\u00edan mayores ingresos se les apoyar\u00eda en planificaci\u00f3n del desarrollo regional sostenible del territorio departamental y de los territorios d\u00f3nde est\u00e1n ubicadas las minas. Junto a ello, es urgente limitar el crecimiento de los operadores que incumplen sistem\u00e1ticamente las normas del sector, y avanzar en la transformaci\u00f3n de quienes ya operan en asociaci\u00f3n con capitales privados \u2013figura actualmente ilegal para las cooperativas\u2013 hacia formas empresariales que faciliten la inversi\u00f3n y mejoren la sostenibilidad operativa.<\/p>\n
La miner\u00eda boliviana mueve miles de millones de d\u00f3lares cada a\u00f1o. El desaf\u00edo urgente es que una parte justa de esa riqueza se quede en el pa\u00eds, se distribuya entre quienes m\u00e1s la necesitan y financie el desarrollo que Bolivia todav\u00eda tiene pendiente.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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