El empresario franc\u00e9s Francois Corentin Thorez, radicado en Bolivia y dedicado desde hace m\u00e1s de tres d\u00e9cadas al desarrollo del sector vitivin\u00edcola, denunci\u00f3 que una resoluci\u00f3n del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi) dej\u00f3 sin efecto el registro de la marca \u00abCastel des Andes – Chateau del Inca\u00bb, situaci\u00f3n que \u2014seg\u00fan afirm\u00f3\u2014 paraliz\u00f3 parte de su actividad comercial, gener\u00f3 importantes p\u00e9rdidas econ\u00f3micas y pone en entredicho la seguridad jur\u00eddica para la inversi\u00f3n extranjera en el pa\u00eds.<\/p>\n
El caso fue presentado p\u00fablicamente junto a legisladores de la Brigada Parlamentaria de Tarija y el equipo jur\u00eddico del empresario, quienes sostienen que el Senapi incurri\u00f3 en una actuaci\u00f3n contradictoria al otorgar inicialmente el registro de la marca y posteriormente anularlo tras admitir una demanda de nulidad presentada por la empresa Chiriguana de Inversiones.<\/p>\n
De acuerdo con la explicaci\u00f3n de la defensa legal, Thorez inici\u00f3 el tr\u00e1mite de registro el 26 de agosto de 2024 y obtuvo la concesi\u00f3n oficial de la marca el 31 de marzo de 2025 para comercializar vinos bajo la denominaci\u00f3n \u00abCastel des Andes – Chateau del Inca\u00bb.<\/p>\n
Sin embargo, meses despu\u00e9s fue notificado con una demanda de nulidad promovida por Chiriguana de Inversiones, empresa que aleg\u00f3 haber perdido la marca por no haber renovado oportunamente su registro.<\/p>\n
Los abogados del empresario sostienen que, conforme a la Decisi\u00f3n 486 de la Comunidad Andina, los derechos de esa empresa hab\u00edan caducado en junio de 2021 al no renovar la marca dentro del plazo legal, por lo que consideran que carec\u00eda de legitimidad para solicitar su restituci\u00f3n.<\/p>\n
Pese a ello, se\u00f1alan que el Senapi emiti\u00f3 el 8 de junio de 2026 una resoluci\u00f3n que anul\u00f3 el registro concedido al empresario franc\u00e9s, decisi\u00f3n que califican como contraria a la normativa vigente y que ahora ser\u00e1 impugnada por la v\u00eda administrativa y, de ser necesario, judicial.<\/p>\n
Inversi\u00f3n paralizada<\/p>\n
La defensa asegur\u00f3 que la resoluci\u00f3n oblig\u00f3 al empresario a detener el lanzamiento comercial de la marca y congelar toda la inversi\u00f3n realizada para posicionarla en el mercado.<\/p>\n
Entre las afectaciones mencionadas figuran la producci\u00f3n de etiquetas, cajas, c\u00e1psulas, material promocional, campa\u00f1as de marketing, redes sociales y toda la estrategia comercial dise\u00f1ada para la nueva l\u00ednea de vinos.<\/p>\n
Aunque la producci\u00f3n vitivin\u00edcola contin\u00faa, Thorez explic\u00f3 que no puede comercializar los productos bajo la marca registrada mientras el conflicto no sea resuelto.<\/p>\n
\u00abNo voy a hablar de cifras, pero imag\u00ednese lo que significa lanzar una bodega con una marca y que de un momento a otro le digan que ya no puede utilizarla. Todo queda paralizado\u00bb, manifest\u00f3.<\/p>\n
El empresario asegur\u00f3 que esta situaci\u00f3n representa un fuerte golpe econ\u00f3mico y afecta directamente la confianza que pueden tener otros inversionistas extranjeros interesados en desarrollar proyectos en Bolivia.<\/p>\n
\u00abSi me ocurre esto a m\u00ed, mejor que ning\u00fan extranjero venga. Si no existe seguridad jur\u00eddica, nadie va a querer invertir\u00bb, afirm\u00f3.<\/p>\n
Fiscalizaci\u00f3n y acciones contra el Senapi<\/p>\n
El presidente de la Brigada Parlamentaria anunci\u00f3 que el caso ser\u00e1 remitido al Viceministerio de Transparencia para que investigue las actuaciones del Senapi y determine si existieron responsabilidades administrativas.<\/p>\n
Asimismo, inform\u00f3 que la Brigada ejercer\u00e1 sus atribuciones de fiscalizaci\u00f3n para establecer c\u00f3mo una misma instituci\u00f3n otorg\u00f3 el registro de la marca y posteriormente decidi\u00f3 anularlo.<\/p>\n
Las autoridades tambi\u00e9n advirtieron que, adem\u00e1s de una eventual responsabilidad administrativa, podr\u00edan existir responsabilidades civiles por el da\u00f1o econ\u00f3mico ocasionado al inversionista.<\/p>\n
\u00abCuando una decisi\u00f3n del Estado obliga a detener una inversi\u00f3n privada, no basta con reconocer un error. Hay un perjuicio econ\u00f3mico que alguien debe asumir\u00bb, se\u00f1alaron.<\/p>\n
Preocupaci\u00f3n por la seguridad jur\u00eddica<\/p>\n
Durante la conferencia, legisladores y abogados coincidieron en que el conflicto trasciende un litigio entre particulares y refleja un problema de seguridad jur\u00eddica que podr\u00eda afectar la llegada de nuevas inversiones al pa\u00eds, especialmente en el sector vitivin\u00edcola.<\/p>\n
Recordaron que Tarija impulsa actualmente proyectos para fortalecer el turismo del vino y atraer capital privado, por lo que consideran contradictorio que un inversionista extranjero vea paralizado su emprendimiento por decisiones administrativas cuestionadas.<\/p>\n
La defensa legal anticip\u00f3 que continuar\u00e1 con todos los recursos previstos por la normativa para revertir la resoluci\u00f3n del Senapi y restituir el derecho sobre la marca \u00abCastel des Andes – Chateau del Inca\u00bb, mientras la Brigada Parlamentaria anunci\u00f3 que realizar\u00e1 seguimiento al caso hasta que se esclarezcan las actuaciones de la instituci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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