El modelo 50-50, una de las principales propuestas impulsadas por el presidente Rodrigo Paz, busca modificar la estructura del Estado boliviano mediante una redistribuci\u00f3n equitativa de los recursos p\u00fablicos entre el Gobierno central y las entidades subnacionales. No obstante, el alcance de la iniciativa va m\u00e1s all\u00e1 del aspecto econ\u00f3mico: plantea transferir competencias y responsabilidades a gobernaciones, alcald\u00edas y universidades p\u00fablicas con el objetivo de profundizar el proceso auton\u00f3mico.<\/p>\n
\u00abEsto no es un problema de recursos, es un tema de fondo, es transformar la estructura de un Estado que se ha trancado\u00bb, sostuvo el mandatario al explicar la propuesta, que considera una reforma estructural del sistema de autonom\u00edas.<\/p>\n
Actualmente, el nivel central administra entre el 80% y el 88% de los recursos p\u00fablicos, mientras que gobernaciones y municipios dependen en gran medida de las transferencias nacionales para financiar sus servicios.<\/p>\n
La propuesta del Ejecutivo busca revertir ese esquema para que el 50% de los recursos nacionales sea administrado por las regiones. De ese porcentaje, el 25% ser\u00eda destinado a alcald\u00edas y pueblos ind\u00edgenas, el 20% a las gobernaciones y el 5% a las universidades p\u00fablicas, mientras que la otra mitad permanecer\u00eda bajo control del Gobierno central.<\/p>\n
M\u00e1s autonom\u00eda y nuevas competencias
\nEl Gobierno sostiene que la redistribuci\u00f3n de recursos debe ir acompa\u00f1ada de una descentralizaci\u00f3n de funciones. En ese sentido, el modelo plantea que municipios y gobernaciones asuman directamente la gesti\u00f3n de \u00e1reas como salud, educaci\u00f3n e infraestructura vial, adem\u00e1s de fortalecer su autonom\u00eda financiera mediante una mejor administraci\u00f3n de tributos, mercados y empresas p\u00fablicas.<\/p>\n
Seg\u00fan Paz, el objetivo es superar el denominado \u00abEstado tranca\u00bb, una estructura que, a su juicio, concentra excesivamente las decisiones en el nivel central y limita la capacidad de respuesta de las regiones.<\/p>\n
\u00abLo que se requiere es generar una nueva institucionalidad eficiente para atender las necesidades de la gente\u00bb, afirm\u00f3 el presidente.<\/p>\n
El Gobierno busca consenso con las regiones
\nTras las elecciones subnacionales, el Ejecutivo inici\u00f3 una etapa de socializaci\u00f3n del modelo con las nuevas autoridades departamentales y municipales.<\/p>\n
Como parte de ese proceso, Rodrigo Paz anunci\u00f3 reuniones t\u00e9cnicas con alcaldes y gobernadores para explicar el contenido de la reforma y construir, de manera consensuada, el paquete de leyes que har\u00e1 posible su implementaci\u00f3n.<\/p>\n
En paralelo, gobernadores de La Paz, Santa Cruz, Tarija, Beni, Chuquisaca, Oruro y un representante de Pando acordaron plantear al Gobierno una reforma de la Ley Marco de Autonom\u00edas que incorpore gradualmente el modelo 50-50 y la transferencia de competencias.<\/p>\n
El siguiente paso ser\u00e1 una reuni\u00f3n entre el presidente y los nueve gobernadores del pa\u00eds en Sucre, donde ambas partes intercambiar\u00e1n propuestas para definir la hoja de ruta de la reforma.<\/p>\n
El Gobierno sostiene que el proceso debe construirse mediante acuerdos pol\u00edticos y t\u00e9cnicos, ya que la redistribuci\u00f3n no consiste \u00fanicamente en asignar mayores recursos, sino tambi\u00e9n en redefinir las responsabilidades de cada nivel del Estado.<\/p>\n
Las observaciones al proyecto
\nPese al respaldo que ha recibido de varias autoridades regionales, la propuesta tambi\u00e9n enfrenta cuestionamientos sobre su viabilidad.<\/p>\n
Uno de los principales reparos apunta a que la reforma no puede aplicarse de forma inmediata, debido a que requiere modificar la Ley Marco de Autonom\u00edas, normas fiscales y el r\u00e9gimen de distribuci\u00f3n de competencias.<\/p>\n
La ex viceministra de Autonom\u00edas, Andrea Barrientos, advirti\u00f3 que un cambio de esa magnitud podr\u00eda tardar hasta una d\u00e9cada, al considerar que implica una transformaci\u00f3n institucional compleja. Sus declaraciones generaron cr\u00edticas dentro del propio Gobierno y terminaron con su salida del cargo.<\/p>\n
Otro de los cuestionamientos se refiere a la capacidad de los gobiernos subnacionales para administrar nuevas competencias. Algunas autoridades electas plantearon que, antes de transferir mayores responsabilidades, debe evaluarse si municipios y gobernaciones cuentan con la capacidad t\u00e9cnica, administrativa y financiera para hacerse cargo de servicios como salud y educaci\u00f3n.<\/p>\n
Tambi\u00e9n existe preocupaci\u00f3n por las diferencias econ\u00f3micas entre departamentos. Analistas advierten que regiones con mayor capacidad de generaci\u00f3n de ingresos podr\u00edan ampliar la brecha respecto a aquellas con menor desarrollo econ\u00f3mico, por lo que consideran necesario establecer mecanismos de compensaci\u00f3n que garanticen un desarrollo equilibrado.<\/p>\n
A ello se suma el desaf\u00edo de fortalecer los mecanismos de fiscalizaci\u00f3n. Diversos especialistas sostienen que una mayor descentralizaci\u00f3n de recursos debe estar acompa\u00f1ada por controles m\u00e1s estrictos de la Contralor\u00eda y sistemas de transparencia que reduzcan los riesgos de corrupci\u00f3n en las administraciones departamentales y municipales.<\/p>\n
Mientras el Gobierno defiende el modelo como una reforma destinada a fortalecer las autonom\u00edas y acercar las decisiones a las regiones, el debate se centra ahora en la viabilidad pol\u00edtica, jur\u00eddica y financiera de una transformaci\u00f3n que modificar\u00eda la relaci\u00f3n entre el nivel central y los gobiernos subnacionales por primera vez desde la implementaci\u00f3n del r\u00e9gimen auton\u00f3mico en Bolivia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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