El denominado \u2018caso Hotel Las Am\u00e9ricas\u2019, marcado por la acusaci\u00f3n de terrorismo, ingresa en una nueva etapa. La Procuradur\u00eda General del Estado anunci\u00f3 que se adherir\u00e1 a la denuncia presentada por las v\u00edctimas y que impulsar\u00e1 el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
\nEl giro se produce mientras la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) posterg\u00f3 la audiencia sobre el caso \u2018Mario Francisco Tadic Astorga y otros vs. Bolivia\u2019. La audiencia estaba prevista para septiembre pr\u00f3ximo, pero el tribunal comunic\u00f3 el 10 de agosto que no ser\u00e1 incluida en su 195 periodo ordinario de sesiones. El abogado Gary Prado se\u00f1al\u00f3 que la nueva fecha es para noviembre.
\nSeg\u00fan el procurador Hugo Le\u00f3n La Faye, el aplazamiento abre una ventana para que el Estado muestre avances. Record\u00f3 que la CIDH formul\u00f3 cuatro recomendaciones: reparaci\u00f3n integral, atenci\u00f3n f\u00edsica y psicol\u00f3gica, una investigaci\u00f3n penal para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, y garant\u00edas de no repetici\u00f3n mediante capacitaci\u00f3n en derechos humanos.
\nEl informe de fondo 394\/21 fue notificado a Bolivia en julio de 2022. La CIDH otorg\u00f3 siete pr\u00f3rrogas y, ante la falta de avances, remiti\u00f3 el caso a la Corte IDH en julio de 2024. La Procuradur\u00eda sostiene ahora que las anteriores gestiones no cumplieron las recomendaciones y que esta administraci\u00f3n busca revertir esa situaci\u00f3n.
\nLa posici\u00f3n estatal supone adem\u00e1s un cambio de enfoque. Le\u00f3n calific\u00f3 los hechos como \u201cterrorismo de Estado\u201d y sostuvo que deben investigarse las responsabilidades individuales. La Procuradur\u00eda anunci\u00f3 que envi\u00f3 comunicaciones al Ministerio P\u00fablico, la Polic\u00eda y el \u00d3rgano Judicial para fortalecer la formaci\u00f3n en derechos humanos.
\nDenuncia en la Fiscal\u00eda
\nLa reapertura interna comenz\u00f3 el 10 de agosto, cuando Juan Carlos Guedes, David Sejas y Alfredo Saucedo presentaron una denuncia contra m\u00e1s de 150 personas. La lista incluye al expresidente Evo Morales, al exvicepresidente \u00c1lvaro Garc\u00eda Linera, exministros, fiscales, jueces y antiguos integrantes de la Unidad T\u00e1ctica de Resoluci\u00f3n de Crisis (Utarc). Sin embargo, el Ministerio P\u00fablico observ\u00f3 el documento y otorg\u00f3 24 horas para realizar 37 ajustes.
\nEntre las observaciones figura presentar una relaci\u00f3n \u00fanica y cronol\u00f3gica, separando el operativo del 16 de abril de 2009, las detenciones y traslados del 23 de abril y los hechos posteriores. Ese punto ser\u00e1 clave para transformar una denuncia amplia en una investigaci\u00f3n penal sustentable.
\nEl proceso busca determinar la responsabilidad del Estado por violaciones a la vida, integridad, libertad, garant\u00edas judiciales y protecci\u00f3n judicial.
\nEl caso se remonta a la madrugada del 16 de abril de 2009, cuando un operativo policial en el hotel Las Am\u00e9ricas termin\u00f3 con las muertes del boliviano-h\u00fangaro Eduardo R\u00f3zsa Flores, el h\u00fangaro-rumano \u00c1rp\u00e1d Magyarosi y el irland\u00e9s Michael Dwyer, mientras el boliviano-croata Mario Tadic y el h\u00fangaro El\u00f6d Toas\u00f3 fueron detenidos y torturados.
\nLa CIDH concluy\u00f3 que la muerte de Dwyer era atribuible al Estado y constituy\u00f3 una privaci\u00f3n arbitraria de la vida. Tambi\u00e9n estableci\u00f3 que Tadic, Toas\u00f3, Guedes y Alcides Mendoza fueron sometidos a actos de tortura y sostuvo que el Estado cometi\u00f3 ejecuciones extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos.
\nEl presidente del Tribunal Supremo de Justicia, R\u00f3mer Saucedo, tambi\u00e9n vincul\u00f3 el caso con la afectaci\u00f3n de la institucionalidad. Consultado sobre la denuncia contra jueces y exmagistrados, se\u00f1al\u00f3 que primero corresponde al Ministerio P\u00fablico definir si fue admitida y puesta bajo control jurisdiccional. Afirm\u00f3, adem\u00e1s, que la Justicia tiene relaci\u00f3n con el proceso y reconoci\u00f3 que en los hechos del hotel Las Am\u00e9ricas \u201chubo abusos que marcaron un quiebre en la institucionalidad del pa\u00eds\u201d.<\/p>\n
Encontrar la verdad
\nGary Prado considera que la nueva etapa del caso Las Am\u00e9ricas debe tener como objetivo central reconstruir los hechos y establecer la verdad sobre lo ocurrido en el operativo del 16 de abril de 2009. Prado sostiene que durante a\u00f1os se impuso un relato que, a su juicio, desvi\u00f3 responsabilidades hacia dirigentes regionales.
\nPara el abogado, la investigaci\u00f3n debe responder preguntas concretas: qui\u00e9n orden\u00f3, autoriz\u00f3 y ejecut\u00f3 el operativo policial en el hotel. Tambi\u00e9n plantea establecer, mediante pruebas bal\u00edsticas y forenses, si Eduardo R\u00f3zsa Flores, \u00c1rp\u00e1d Magyarosi y Michael Dwyer murieron en un enfrentamiento o fueron ejecutados.
\nEl abogado considera que los testimonios de los funcionarios del hotel, de Mario Tadic y El\u00f6d T\u00f3\u00e1s\u00f3, y las pericias realizadas sobre los fallecidos pueden aportar elementos para reconstruir aquella madrugada. A ello suma las denuncias sobre torturas, detenciones ilegales y la presunta manipulaci\u00f3n del proceso penal posterior.
\nPrado tambi\u00e9n cuestiona que la nueva denuncia incluya a m\u00e1s de 150 personas y advierte sobre dificultades jur\u00eddicas. A su juicio, los denunciantes deben individualizar los delitos y responsabilidades para evitar que la investigaci\u00f3n pierda fuerza. La clave, insiste, es determinar responsabilidades con pruebas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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