La decisi\u00f3n de elevar a Bs 18 el litro de di\u00e9sel para determinados consumidores abri\u00f3 un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno y el sector agropecuario. La C\u00e1mara Agropecuaria del Oriente (CAO) anunci\u00f3 que llevar\u00e1 su rechazo al Decreto Supremo 5676 a un congreso extraordinario nacional y advirti\u00f3 que, si la norma no es abrogada, los productores definir\u00e1n nuevas medidas de presi\u00f3n.<\/p>\n
El congreso fue convocado para el jueves 27 de agosto, en la Asociaci\u00f3n de Ganaderos y Lecheros de Warnes, con un \u00fanico punto en agenda: la abrogaci\u00f3n del DS 5676.<\/p>\n
La posici\u00f3n de la CAO es contundente: considera que la norma es improvisada y discrimina al aparato productivo no solo de Santa Cruz, sino del pa\u00eds. \u201cEste decreto tiene que ser abrogado por el bien de todos los bolivianos\u201d, sostuvo, Klaus Frerking, presidente de la CAO, al cuestionar que la medida haya sido adoptada sin una socializaci\u00f3n previa con el sector.<\/p>\n
El punto de quiebre: dos precios para el di\u00e9sel<\/p>\n
El DS 5676, promulgado el 16 de agosto, establece un nuevo esquema de comercializaci\u00f3n para determinados consumidores de di\u00e9sel. El precio referencial inicial fue fijado en Bs 18 por litro, mientras que para otros usuarios se mantienen los precios regulados.<\/p>\n
El Gobierno explic\u00f3 que la medida busca disminuir la carga fiscal que representa la importaci\u00f3n de combustibles y reducir el desv\u00edo de di\u00e9sel subvencionado hacia el contrabando y el mercado paralelo.<\/p>\n
La norma alcanza a los denominados clientes directos y grandes consumidores. El Gobierno los clasifica seg\u00fan su volumen mensual de compra: entre 5.000 y 19.999 litros para los clientes directos y m\u00e1s de 20.000 litros para los grandes consumidores.<\/p>\n
YPFB, por su parte, sostiene que los usuarios directos que consumen entre 120 y 5.000 litros no tienen un incremento y que el precio se mantiene para ellos.<\/p>\n
Para la CAO, sin embargo, el problema est\u00e1 precisamente en establecer un precio diferenciado en un sector que necesita grandes vol\u00famenes de carburante para producir.<\/p>\n
La Asociaci\u00f3n de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), por ejemplo, cuestion\u00f3 que el l\u00edmite de 120 litros permita desarrollar normalmente las labores agr\u00edcolas y advirti\u00f3 que m\u00e1s del 80% de sus afiliados son peque\u00f1os productores.<\/p>\n
El argumento central: el productor no fija el precio<\/p>\n
La CAO sostiene que el impacto no quedar\u00e1 limitado a las cuentas de los productores. Su argumento es que el agro utiliza di\u00e9sel pr\u00e1cticamente en todas las etapas de la cadena: preparaci\u00f3n de terrenos, siembra, cosecha, transporte y comercializaci\u00f3n.<\/p>\n
Por ello, cualquier incremento del costo del carburante termina incorpor\u00e1ndose a la estructura de costos de producci\u00f3n.<\/p>\n
La dirigencia agropecuaria advierte que el aumento puede trasladarse a productos como ma\u00edz y sorgo, que son utilizados como insumos para alimentar aves, porcinos y ganado lechero.<\/p>\n
El efecto, por tanto, podr\u00eda recorrer toda la cadena: desde el productor agr\u00edcola hasta el alimento balanceado, las granjas, la industria y finalmente el consumidor.<\/p>\n
\u201cNo podemos olvidar que el productor no pone el precio; el precio lo pone el mercado y el costo de producci\u00f3n\u201d, es el argumento central planteado por la CAO.<\/p>\n
La preocupaci\u00f3n no es exclusiva de la organizaci\u00f3n cruce\u00f1a. Los avicultores de Santa Cruz tambi\u00e9n advirtieron que el nuevo precio puede elevar los costos de transporte y generar mayor presi\u00f3n sobre los precios de mercado.<\/p>\n
La CAO cuestiona la brecha entre Bs 9,80 y Bs 18<\/p>\n
Uno de los mayores cuestionamientos de los productores es la coexistencia de dos precios.<\/p>\n
El Gobierno mantiene el precio regulado de Bs 9,80 por litro para los consumidores que no est\u00e1n alcanzados por el nuevo esquema, mientras que para los grandes consumidores el valor referencial inicial llega a Bs 18. La diferencia es de Bs 8,20 por litro, equivalente a un incremento de aproximadamente 83,7% respecto al precio de Bs 9,80.<\/p>\n
Para la CAO, esa brecha no necesariamente elimina el mercado negro. Por el contrario, puede generar nuevos incentivos para la especulaci\u00f3n y el desv\u00edo.<\/p>\n
La organizaci\u00f3n sostiene que mientras exista una diferencia importante entre el precio subvencionado y el precio referencial, persistir\u00e1n incentivos para la intermediaci\u00f3n irregular.<\/p>\n
El Gobierno, en cambio, defiende la medida precisamente como un mecanismo para reducir la carga fiscal y combatir el desv\u00edo de carburantes. Ese es uno de los principales puntos de choque entre ambas posiciones.<\/p>\n
Un agro que llega golpeado<\/p>\n
El rechazo al DS 5676 no ocurre en un escenario normal para el sector. Frerking remarc\u00f3 que el aparato productivo llega golpeado despu\u00e9s de los bloqueos y problemas de abastecimiento de los \u00faltimos meses. En su evaluaci\u00f3n, varias cadenas productivas se encuentran en una situaci\u00f3n cr\u00edtica.<\/p>\n
La dirigencia menciona espec\u00edficamente el retraso de la zafra ca\u00f1era, la menor producci\u00f3n de trigo y las dificultades que enfrenta el sector av\u00edcola.<\/p>\n
Los productores ca\u00f1eros ya expresaron p\u00fablicamente su rechazo al DS 5676 y protagonizaron protestas frente a oficinas de YPFB y del Ministerio de Hidrocarburos en Santa Cruz.<\/p>\n
La Comisi\u00f3n Nacional de Productores Ca\u00f1eros de Bolivia tambi\u00e9n se declar\u00f3 en movilizaci\u00f3n y pidi\u00f3 dejar sin efecto la norma.<\/p>\n
Para el sector agropecuario, el problema no es solamente el precio del di\u00e9sel. Es que el incremento llega cuando todav\u00eda existen dificultades para conseguir el carburante.<\/p>\n
La CAO sostiene que los productores contin\u00faan realizando largas filas y peregrinando para conseguir vol\u00famenes que, en muchos casos, resultan insuficientes para sus operaciones.<\/p>\n
El reclamo va m\u00e1s all\u00e1 del combustible<\/p>\n
El titular de la CAO, en conferencia de prensa aprovech\u00f3 para colocar sobre la mesa una agenda productiva que el sector considera pendiente. Entre sus principales demandas est\u00e1n la liberaci\u00f3n de la biotecnolog\u00eda, la eliminaci\u00f3n de restricciones a las exportaciones, el fortalecimiento de los biocombustibles y modificaciones a las reglas de la Funci\u00f3n Econ\u00f3mica Social (FES). Tambi\u00e9n plantea medidas tributarias extraordinarias.<\/p>\n
La CAO propone eliminar temporalmente el IVA y el ITE como una medida de emergencia, con el argumento de que reducir\u00eda los costos de las actividades productivas y evitar\u00eda que esos impuestos terminen traslad\u00e1ndose a los precios finales.<\/p>\n
Seg\u00fan la organizaci\u00f3n, la reducci\u00f3n de costos debe ser transversal y alcanzar a todos los sectores que participan en las cadenas productivas.<\/p>\n
Biocombustibles: una alternativa al d\u00f3lar<\/p>\n
Uno de los planteamientos que vuelve a cobrar fuerza es el desarrollo de los biocombustibles. La CAO considera que Bolivia deber\u00eda priorizar la producci\u00f3n nacional de etanol para reducir la necesidad de importar gasolina.<\/p>\n
El argumento tiene una dimensi\u00f3n econ\u00f3mica adicional: mientras la importaci\u00f3n de carburantes requiere divisas, la compra de etanol producido localmente se realiza en bolivianos y genera actividad econ\u00f3mica dentro del pa\u00eds.<\/p>\n
El sector ca\u00f1ero, adem\u00e1s, atraviesa actualmente su campa\u00f1a productiva y ha advertido sobre la necesidad de garantizar combustible para la zafra.<\/p>\n
Para la CAO, el desarrollo de los biocombustibles permitir\u00eda sustituir parte de las importaciones de combustibles, generar empleo y mantener circulando recursos dentro de la econom\u00eda nacional.<\/p>\n
La preocupaci\u00f3n por la seguridad alimentaria<\/p>\n
El punto que busca darle mayor peso pol\u00edtico al reclamo de la CAO es la seguridad alimentaria. La organizaci\u00f3n sostiene que el sector agropecuario no puede ser tratado como un consumidor convencional de combustible porque el di\u00e9sel constituye un insumo directo para producir alimentos.<\/p>\n
El argumento es sencillo: si producir cuesta m\u00e1s, el precio final tender\u00e1 a subir.<\/p>\n
La preocupaci\u00f3n adquiere mayor relevancia en un contexto en el que Bolivia ya enfrenta presiones sobre los precios de alimentos y dificultades de abastecimiento de combustibles.<\/p>\n
La CAO advierte que productos como ma\u00edz, sorgo, pollo, carne y leche forman parte de cadenas interconectadas, por lo que una modificaci\u00f3n significativa en uno de los costos de producci\u00f3n puede trasladarse progresivamente hacia otros eslabones.<\/p>\n
El agro pide competencia en el mercado de combustibles<\/p>\n
Otro planteamiento de fondo es modificar el actual esquema de comercializaci\u00f3n. La CAO sostiene que YPFB deber\u00eda dejar de concentrar la comercializaci\u00f3n y permitir una mayor participaci\u00f3n privada.<\/p>\n
El objetivo, seg\u00fan el sector, ser\u00eda generar competencia entre empresas privadas, agroindustrias, industriales y otros operadores que puedan importar y comercializar combustibles. La l\u00f3gica es que una mayor cantidad de oferentes permitir\u00eda comparar precios y servicios y reducir\u00eda la dependencia de un \u00fanico proveedor.<\/p>\n
La propuesta adquiere especial importancia en un momento en que el Gobierno ha comenzado a abrir espacios para la importaci\u00f3n privada de combustibles como parte de su estrategia para enfrentar la escasez. El nuevo esquema tambi\u00e9n busca reducir la carga fiscal asociada a las importaciones realizadas por YPFB.<\/p>\n
1,6 millones de empleos en juego, seg\u00fan la CAO<\/p>\n
La dirigencia agropecuaria tambi\u00e9n pone sobre la mesa el peso laboral del sector.<\/p>\n
Seg\u00fan la CAO, el aparato agropecuario genera alrededor de 1,6 millones de empleos a escala nacional.<\/p>\n
La cifra es utilizada por la organizaci\u00f3n para advertir que las decisiones sobre el combustible tienen efectos que van m\u00e1s all\u00e1 de los productores.<\/p>\n
El sector considera que, en lugar de aplicar medidas que incrementen sus costos, el Gobierno deber\u00eda adoptar pol\u00edticas que permitan aumentar la producci\u00f3n, generar empleo y atraer divisas.<\/p>\n
En ese sentido, la CAO plantea que el agro puede reaccionar r\u00e1pidamente si cuenta con condiciones adecuadas para invertir y producir.<\/p>\n
El 27 de agosto puede marcar un nuevo escenario<\/p>\n
La CAO decidi\u00f3 trasladar el conflicto a una instancia nacional. El congreso extraordinario del 27 de agosto en Guarnes reunir\u00e1 a la dirigencia agropecuaria y tendr\u00e1 como \u00fanico punto la exigencia de abrogar el DS 5676.<\/p>\n
Si no existe una respuesta del Gobierno, ser\u00e1n los productores quienes definan las siguientes acciones.<\/p>\n
La convocatoria llega despu\u00e9s de que distintos sectores productivos \u2014entre ellos ca\u00f1eros y avicultores\u2014 expresaran su rechazo al nuevo esquema de precios.<\/p>\n
Para la CAO, el debate ya no se reduce a cu\u00e1nto cuesta un litro de di\u00e9sel.<\/p>\n
Lo que est\u00e1 en discusi\u00f3n, seg\u00fan el sector, es qui\u00e9n absorbe el costo de la crisis energ\u00e9tica, c\u00f3mo se financia el abastecimiento de combustibles y qu\u00e9 modelo productivo quiere impulsar Bolivia.<\/p>\n
Mientras el Gobierno defiende los Bs 18 como una herramienta para reducir la carga fiscal y combatir el desv\u00edo de carburantes, el agro advierte que el precio diferenciado puede terminar trasladando el costo a la producci\u00f3n y al consumidor.<\/p>\n
La respuesta del Ejecutivo en los pr\u00f3ximos d\u00edas ser\u00e1 determinante. Si no existe un acuerdo, el congreso del 27 de agosto puede convertirse en el punto de partida de nuevas medidas de presi\u00f3n del principal sector productivo de Santa Cruz.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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