El Gobierno denunci\u00f3 que Yacimientos Petrol\u00edferos Fiscales Bolivianos (YPFB) destin\u00f3 m\u00e1s de 470 millones de bolivianos en los \u00faltimos cinco a\u00f1os para \u201cb\u00fankers digitales\u201d, pero que no lograron implementar un sistema capaz de garantizar la trazabilidad del combustible ni evitar presuntas irregularidades en su asignaci\u00f3n y despacho.<\/p>\n
El informe fue proporcionado por el viceministro de Transparencia, Yamil Garc\u00eda, en el marco de la intervenci\u00f3n que el Gobierno realiza mediante una comisi\u00f3n en YPFB.<\/p>\n
Seg\u00fan la autoridad, las anomal\u00edas en la distribuci\u00f3n de combustible evidencian que los sistemas tecnol\u00f3gicos de YPFB no contaban con alertas suficientes para detectar las inconsistencias.<\/p>\n
\u201cLos bolivianos hemos gastado m\u00e1s de 470 millones de bolivianos en los \u00faltimos cinco a\u00f1os para montar b\u00fankers digitales\u201d, afirm\u00f3, al cuestionar que esa inversi\u00f3n no se haya traducido en un sistema inform\u00e1tico y digital que permita realizar un seguimiento integral del combustible.<\/p>\n
Garc\u00eda afirm\u00f3 que la responsabilidad ser\u00e1 investigada tanto en el nivel operativo como en el ejecutivo, debido a los recursos destinados a infraestructura tecnol\u00f3gica sin que se hubieran generado soluciones estructurales frente al contrabando y desv\u00edo de combustible.<\/p>\n
Seg\u00fan explic\u00f3, entre las irregularidades detectadas figuran la venta irregular y anticipada de combustible, la facturaci\u00f3n anticipada de millones de litros que a\u00fan no hab\u00edan llegado al territorio nacional y la asignaci\u00f3n discrecional de despachos a determinados compradores y proveedores.<\/p>\n
Tambi\u00e9n se identificaron, seg\u00fan la autoridad, modificaciones posteriores en las tablas de control, la existencia de usuarios externos que habr\u00edan incidido en la asignaci\u00f3n de despachos y desfases entre los vol\u00famenes programados, despachados y facturados.<\/p>\n
\u201cLo que es m\u00e1s grave\u201d, se\u00f1al\u00f3 Garc\u00eda, es que algunas modificaciones se efectuaban de forma retroactiva, presuntamente con la finalidad de favorecer a contrabandistas y desviar combustible.<\/p>\n
La autoridad anunci\u00f3 que se iniciar\u00e1n acciones en dos niveles. Por una parte, se investigar\u00e1 a usuarios, operadores, funcionarios y despachantes identificados en las presuntas operaciones irregulares, contra quienes se prev\u00e9 la apertura de procesos penales.<\/p>\n
Por otra, el Gobierno busca determinar qui\u00e9nes permitieron que usuarios continuaran interactuando con sistemas considerados vulnerables.<\/p>\n
En ese marco, Garc\u00eda inform\u00f3 que fueron identificados m\u00e1s de 300 usuarios que manten\u00edan interacci\u00f3n con los sistemas y que sus accesos ya fueron cortados. Sin embargo, aclar\u00f3 que esta medida constituye solamente una acci\u00f3n correctiva y que todav\u00eda se busca establecer qu\u00e9 funcionarios o exfuncionarios permitieron la continuidad de esas operaciones.<\/p>\n
Para esa tarea, el Gobierno requiri\u00f3 la participaci\u00f3n de la Agencia de Gobierno Electr\u00f3nico y Tecnolog\u00edas de Informaci\u00f3n y Comunicaci\u00f3n (AGETIC), con el objetivo de realizar una intervenci\u00f3n t\u00e9cnica y tecnol\u00f3gica que permita identificar a los responsables de mantener activos esos accesos y determinar c\u00f3mo se produjeron las interacciones se\u00f1aladas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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