La propuesta del presidente Rodrigo Paz de impulsar una \u201cley corta\u201d para acelerar los proyectos hidrocarbur\u00edferos abre una discusi\u00f3n que va m\u00e1s all\u00e1 de la velocidad con la que se pueda perforar un pozo. En el fondo, el debate est\u00e1 relacionado con una pregunta que Bolivia arrastra desde hace varios a\u00f1os: \u00bfc\u00f3mo volver a atraer capital para explorar y producir hidrocarburos sin modificar las reglas que establece la Constituci\u00f3n?<\/p>\n
Paz anunci\u00f3 la iniciativa el martes, durante la presentaci\u00f3n del proyecto hidrocarbur\u00edfero Montecristo-9, en Okinawa Uno, Santa Cruz. El objetivo, seg\u00fan explic\u00f3, es contar con una norma que permita hacer m\u00e1s \u00e1giles este tipo de proyectos y acelerar la exploraci\u00f3n para recuperar producci\u00f3n y reservas. El Gobierno plantea inicialmente concentrar los esfuerzos en Santa Cruz y luego extenderlos a otras regiones del pa\u00eds.<\/p>\n
La discusi\u00f3n llega en un momento particularmente delicado para el sector. La producci\u00f3n de gas boliviano ha ca\u00eddo de manera sostenida durante la \u00faltima d\u00e9cada y la falta de exploraci\u00f3n se convirti\u00f3 en uno de los principales problemas para garantizar el abastecimiento interno y recuperar la capacidad exportadora. La propia YPFB reconoce que Bolivia necesita recuperar producci\u00f3n, incorporar nuevas reservas y aprovechar \u00e1reas que durante a\u00f1os no fueron desarrolladas.<\/p>\n
\u00bfEs constitucional una ley corta?
\nEn principio, s\u00ed. Una ley corta puede ser aprobada por la Asamblea Legislativa siempre que su contenido se mantenga dentro del marco establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica del Estado (CPE).<\/p>\n
El punto de partida est\u00e1 en el art\u00edculo 359 de la Constituci\u00f3n, que establece que los hidrocarburos son propiedad inalienable e imprescriptible del pueblo boliviano y que el Estado, en su representaci\u00f3n, ejerce la propiedad de toda la producci\u00f3n y es el \u00fanico facultado para su comercializaci\u00f3n.<\/p>\n
La Constituci\u00f3n tambi\u00e9n establece que el Estado define la pol\u00edtica de hidrocarburos y promueve su desarrollo integral, sustentable y equitativo. Adem\u00e1s, el art\u00edculo 362 permite a YPFB suscribir contratos, previa autorizaci\u00f3n y aprobaci\u00f3n conforme al procedimiento constitucional correspondiente.<\/p>\n
Por eso, una eventual ley corta no podr\u00eda simplemente eliminar esas disposiciones ni transferir la propiedad de los hidrocarburos a empresas privadas. Tampoco podr\u00eda reemplazar por s\u00ed sola las exigencias constitucionales vinculadas con los contratos, el control estatal, el medioambiente o los derechos de los pueblos ind\u00edgenas.<\/p>\n
Lo que s\u00ed puede hacer una ley es desarrollar esos principios y establecer procedimientos m\u00e1s claros y r\u00e1pidos dentro del marco constitucional.<\/p>\n
Ah\u00ed est\u00e1 precisamente el espacio que podr\u00eda ocupar la propuesta del Gobierno.<\/p>\n
\u00bfPara qu\u00e9 servir\u00eda?
\nLa principal utilidad de una norma de este tipo ser\u00eda reducir la incertidumbre y los tiempos que enfrenta una empresa antes de comprometer capital en exploraci\u00f3n y producci\u00f3n.<\/p>\n
Una ley corta podr\u00eda concentrarse, por ejemplo, en establecer procedimientos y plazos para la aprobaci\u00f3n de proyectos, ordenar la relaci\u00f3n entre las diferentes entidades estatales que intervienen en la actividad, facilitar la tramitaci\u00f3n de contratos y definir reglas m\u00e1s claras para proyectos de exploraci\u00f3n y explotaci\u00f3n.<\/p>\n
Tambi\u00e9n podr\u00eda incorporar mecanismos espec\u00edficos para atraer inversi\u00f3n en \u00e1reas de mayor riesgo geol\u00f3gico o en campos maduros, siempre dentro del esquema constitucional que mantiene al Estado como titular de los recursos y a YPFB como actor central de la cadena.<\/p>\n
La Ley 3058, vigente desde 2005, contiene buena parte del marco legal actual. Fue aprobada antes de la Constituci\u00f3n de 2009 y desde entonces el sector ha cambiado de manera importante. La propia discusi\u00f3n gubernamental sobre una nueva legislaci\u00f3n apunta precisamente a actualizar las reglas de una industria que hoy enfrenta una realidad muy diferente a la de los a\u00f1os del auge gas\u00edfero.<\/p>\n
\u201cM\u00e1s amigable\u201d para el inversionista
\nFrancesco Zaratti, analista en hidrocarburos, considera que una ley corta es factible y que podr\u00eda servir para presentar un escenario \u201cm\u00e1s amigable a los potenciales inversores\u201d.<\/p>\n
El experto sostiene que Bolivia necesita una norma que refleje el escenario actual de los hidrocarburos y que permita avanzar con los proyectos de perforaci\u00f3n.<\/p>\n
\u201cSe necesita dinero para las perforaciones y eso la ley corta de hidrocarburos generar\u00e1 creando las condiciones necesarias para dar certidumbre a los inversores. Legalmente se puede hacer esta ley corta, para luego ir trabajando en una ley m\u00e1s amplia\u201d, destac\u00f3 Zaratti.<\/p>\n
La observaci\u00f3n toca uno de los principales problemas de la industria: explorar hidrocarburos requiere grandes cantidades de capital antes de saber si un pozo ser\u00e1 comercialmente exitoso. Para un inversionista, por tanto, no basta con saber que existe un recurso potencial. Tambi\u00e9n necesita conocer las reglas fiscales, contractuales, regulatorias y operativas que estar\u00e1n vigentes durante la vida del proyecto.<\/p>\n
Montecristo pone a prueba el nuevo modelo
\nLa iniciativa anunciada por Paz tiene adem\u00e1s un componente pr\u00e1ctico: el pozo Montecristo-9.<\/p>\n
YPFB inform\u00f3 que la terminaci\u00f3n del pozo demanda una inversi\u00f3n estimada de $us 12 millones y que el proyecto busca probar tecnolog\u00eda para intervenir formaciones de baja permeabilidad. La estatal se\u00f1ala que los resultados permitir\u00e1n determinar si existe viabilidad para una explotaci\u00f3n regular y sostenida y evaluar posteriormente otros pozos piloto.<\/p>\n
El Gobierno considera que este tipo de proyectos puede abrir un nuevo espacio para recuperar producci\u00f3n.<\/p>\n
Paz incluso proyect\u00f3 una inversi\u00f3n de hasta $us 1.600 millones para desarrollar nuevas estructuras hidrocarbur\u00edferas a partir de la experiencia de Montecristo y habl\u00f3 de la posibilidad de desarrollar m\u00e1s de 90 campos. Esa cifra corresponde a una proyecci\u00f3n presidencial y depender\u00e1 de que los resultados t\u00e9cnicos, econ\u00f3micos y geol\u00f3gicos de los proyectos confirmen su viabilidad.<\/p>\n
El caso de Jun\u00edn muestra una l\u00f3gica similar. YPFB Chaco inform\u00f3 que el pozo JNN-9D contempla una producci\u00f3n inicial estimada de 8 millones de pies c\u00fabicos por d\u00eda y que el proyecto apunta a recuperar alrededor de 10 Bcf de reservas de gas. La empresa se\u00f1al\u00f3 que el \u00e9xito del proyecto podr\u00eda abrir nuevas posibilidades para YPFB Chaco y pidi\u00f3 respaldo legislativo para otros proyectos en cartera.<\/p>\n
\u00bfUna ley corta garantiza que llegue inversi\u00f3n?
\nNo necesariamente. Una ley puede mejorar el entorno regulatorio, reducir tr\u00e1mites y dar mayor previsibilidad, pero no garantiza por s\u00ed sola la llegada de capital.<\/p>\n
En hidrocarburos, los inversionistas tambi\u00e9n eval\u00faan el r\u00e9gimen tributario, la posibilidad de recuperar sus inversiones, el precio al que podr\u00e1n comercializar la producci\u00f3n, las condiciones de los contratos, la estabilidad de las reglas durante varias d\u00e9cadas, el acceso a mercados y la posibilidad efectiva de repatriar utilidades.<\/p>\n
En Bolivia existe adem\u00e1s una particularidad constitucional: el Estado mantiene la propiedad de los hidrocarburos y YPFB ocupa un papel central en la cadena. La Constituci\u00f3n permite asociaciones y sociedades con participaci\u00f3n de YPFB, pero establece condiciones espec\u00edficas para ellas.<\/p>\n
Por eso, el verdadero efecto de una ley corta depender\u00e1 de su contenido.<\/p>\n
Si se limita a ordenar procedimientos, reducir burocracia, establecer plazos y dar mayor previsibilidad a los proyectos, puede convertirse en una herramienta para acelerar inversiones que ya est\u00e1n identificadas.<\/p>\n
Si, en cambio, pretende modificar aspectos estructurales del r\u00e9gimen hidrocarbur\u00edfero que est\u00e1n determinados por la Constituci\u00f3n, una ley ordinaria no ser\u00eda suficiente y podr\u00eda enfrentar cuestionamientos de constitucionalidad.<\/p>\n
El problema es tambi\u00e9n el tiempo
\nBolivia no solo necesita nuevas inversiones: necesita que estas lleguen con relativa rapidez.<\/p>\n
La producci\u00f3n nacional ha ca\u00eddo mientras los principales campos maduros pierden capacidad. Al mismo tiempo, el pa\u00eds mantiene una fuerte dependencia de los hidrocarburos para la generaci\u00f3n de energ\u00eda, la industria y el transporte.<\/p>\n
La propia YPFB inform\u00f3 recientemente que las refiner\u00edas tienen una capacidad nominal conjunta de 63.700 barriles por d\u00eda y una capacidad operativa de 56.500 barriles, pero que la principal limitaci\u00f3n actual no es la capacidad de refinaci\u00f3n sino la disponibilidad de crudo nacional para procesar.<\/p>\n
Eso explica por qu\u00e9 la discusi\u00f3n sobre exploraci\u00f3n dej\u00f3 de ser \u00fanicamente una cuesti\u00f3n de exportaciones. Encontrar nuevos campos tiene relaci\u00f3n directa con la seguridad energ\u00e9tica, la disponibilidad de combustibles y la necesidad de reducir la dependencia de las importaciones.<\/p>\n
Una norma puente
\nEn ese contexto, la propuesta de una ley corta puede entenderse como una norma puente.<\/p>\n
Por un lado, permitir\u00eda al Gobierno intentar destrabar proyectos que requieren decisiones e inversiones inmediatas. Por otro, dejar\u00eda para una segunda etapa la discusi\u00f3n de una nueva Ley de Hidrocarburos que modifique de manera integral el marco creado por la Ley 3058.<\/p>\n
Ese enfoque coincide con la posici\u00f3n de Zaratti: primero generar condiciones para que las perforaciones puedan avanzar y, paralelamente, trabajar en una legislaci\u00f3n m\u00e1s amplia.<\/p>\n
La clave estar\u00e1 en cu\u00e1nto cambien realmente las condiciones para el capital privado. Una ley puede reducir tr\u00e1mites, pero una inversi\u00f3n petrolera o gas\u00edfera se decide mirando proyectos que pueden durar 20, 30 o m\u00e1s a\u00f1os.<\/p>\n
Por eso, para que la \u201cley corta\u201d tenga un efecto econ\u00f3mico real, el mercado tendr\u00e1 que encontrar en ella algo m\u00e1s que rapidez administrativa: reglas previsibles, contratos claros, mecanismos de recuperaci\u00f3n de la inversi\u00f3n y seguridad jur\u00eddica dentro del marco constitucional boliviano.<\/p>\n
La propuesta, por tanto, puede abrir una puerta para acelerar la exploraci\u00f3n, pero la magnitud de la inversi\u00f3n depender\u00e1 de lo que finalmente contenga la norma y de si logra resolver las incertidumbres que hoy enfrenta el sector.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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