Los gobernadores de los nueve departamentos del pa\u00eds se declararon este jueves en estado de alerta y dieron al Gobierno nacional plazo hasta el 31 de octubre para responder a la agenda de demandas que combina la crisis provocada por el incremento del precio del di\u00e9sel con los compromisos de mayor autonom\u00eda fiscal adoptados por el propio Gobierno en la reuni\u00f3n del 5 de agosto en Sucre.<\/p>\n
La reuni\u00f3n se realiz\u00f3 en Santa Cruz con motivo de la efem\u00e9ride departamental de esa regi\u00f3n y tuvo como eje la denominada \u201cAgenda 50\/50\u201d, mediante la cual las gobernaciones reclaman una mayor participaci\u00f3n en la distribuci\u00f3n de los ingresos tributarios nacionales para desarrollar sus competencias. Las autoridades plantean que el nuevo esquema comience a aplicarse con el Presupuesto General del Estado (PGE) 2027, sin reducir los recursos actualmente destinados a municipios y universidades p\u00fablicas, y recordando que son compromisos parte de una agenda firmada en la v\u00edspera de la efem\u00e9ride nacional del 6 de agosto.<\/p>\n
El gobernador cruce\u00f1o, Juan Pablo Velasco, fue el encargado de leer las conclusiones del encuentro. \u201cLos gobernadores y gobernadoras de Bolivia nos declaramos en estado de alerta\u201d, se\u00f1al\u00f3 al establecer el 31 de octubre como fecha l\u00edmite para que el nivel central atienda los puntos acordados.<\/p>\n
El 50\/50 como punto de partida<\/p>\n
La primera reivindicaci\u00f3n plantea que el 50\/50 sea considerado el punto de partida de una nueva distribuci\u00f3n de los ingresos fiscales y de una mayor autonom\u00eda financiera de los departamentos. Tanto desde el Gobierno como desde las Gobernaciones se reconoce que la f\u00f3rmula \u201c50-50\u201d que se us\u00f3 como gancho electoral no corresponde a porcentajes realistas, sin embargo, se mantiene \u201cel t\u00edtulo\u201d por cuestiones pol\u00edticas.<\/p>\n
En lo concreto, las gobernaciones exigen que se transfiera el 15% de la coparticipaci\u00f3n tributaria a los gobiernos aut\u00f3nomos departamentales, porcentaje que deber\u00eda deducirse de los recursos administrados por el nivel central, que maneja el 75% del total, sin afectar las transferencias de municipios, autonom\u00edas ind\u00edgena originario campesinas y universidades.<\/p>\n
La agenda tambi\u00e9n pide activar de inmediato el cronograma acordado el 5 de agosto y avanzar en el Programa de Readecuaci\u00f3n Financiera Territorial (PRFT), aprobado mediante el Decreto Supremo 5686 que sin embargo no se ha concretado en convenios espec\u00edficos con las entidades.<\/p>\n
Las gobernaciones plantean que este proceso no se limite a una reprogramaci\u00f3n de sus deudas, sino que incluya nuevas fuentes de financiamiento que permitan recuperar el equilibrio de sus cuentas.<\/p>\n
El retorno del 12% del IDH<\/p>\n
Otro de los puntos centrales es la devoluci\u00f3n del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).<\/p>\n
Los gobernadores piden a la Asamblea Legislativa aprobar hasta el 31 de octubre la abrogaci\u00f3n de la Ley 767 y plantean que durante 2027 se restituyan los saldos acumulados del Fondo de Promoci\u00f3n a la Inversi\u00f3n en Exploraci\u00f3n y Explotaci\u00f3n Hidrocarbur\u00edfera (FPIEEH), garantizando el retorno del 12% del IDH a las entidades territoriales aut\u00f3nomas de acuerdo con sus aportes.<\/p>\n
La demanda recupera as\u00ed una de las principales reivindicaciones hist\u00f3ricas de las regiones productoras y de los gobiernos departamentales: disponer de una mayor proporci\u00f3n de los recursos generados por la actividad hidrocarbur\u00edfera.<\/p>\n
Menos cargas nacionales para las gobernaciones<\/p>\n
La agenda tambi\u00e9n apunta a las obligaciones que, seg\u00fan los gobernadores, fueron trasladadas a las administraciones departamentales pese a no corresponderles. La Ley de Retorno que pone fin a pagos de prediarios, bono de vacunaci\u00f3n y otros, ya fue aprobada en ambas c\u00e1maras, pero se pide que se detengan los d\u00e9bitos autom\u00e1ticos relacionados con estas obligaciones y que se devuelvan los recursos que las gobernaciones destinaron durante 2026 a esos pagos.<\/p>\n
Tres leyes para cambiar las reglas<\/p>\n
Los gobernadores tambi\u00e9n pidieron prioridad para tres proyectos normativos.<\/p>\n
El primero plantea modificar la Ley 154, referida a la clasificaci\u00f3n y definici\u00f3n de impuestos y a la regulaci\u00f3n para la creaci\u00f3n o modificaci\u00f3n de tributos de dominio de los gobiernos aut\u00f3nomos.<\/p>\n
El segundo es el proyecto de Ley del 50\/50, concebido para fortalecer y garantizar la autonom\u00eda econ\u00f3mica y financiera de las gobernaciones.<\/p>\n
El tercero corresponde a una Ley B\u00e1sica de Relaciones Internacionales de los gobiernos aut\u00f3nomos departamentales.<\/p>\n
El nuevo precio del di\u00e9sel abre otra brecha<\/p>\n
La otra gran preocupaci\u00f3n est\u00e1 directamente relacionada con el combustible.<\/p>\n
Las gobernaciones sostienen que sus presupuestos de 2026 fueron elaborados con un precio de referencia del di\u00e9sel de Bs 3,76 por litro posteriormente tras el incremento de diciembre, ajustado a 9,80, por lo que el nuevo esquema de precios establecido por el Decreto Supremo 5716 \u2013 que lo sube a 17,95 – genera un gasto adicional que no estaba contemplado en sus cuentas.<\/p>\n
Por ello demandan que el Gobierno formalice mediante una norma concertada con los nueve gobiernos departamentales el anunciado apoyo para la readecuaci\u00f3n de sus finanzas, con fuentes de financiamiento, montos y plazos definidos.<\/p>\n
El reclamo incluye una transferencia extraordinaria del Tesoro General de la Naci\u00f3n para compensar el diferencial entre el precio presupuestado y el costo efectivo del di\u00e9sel utilizado en las competencias departamentales.<\/p>\n
La compensaci\u00f3n deber\u00eda cubrir el combustible empleado en el mantenimiento de carreteras departamentales, los servicios de salud y la operaci\u00f3n de maquinaria y equipos, entre otras actividades.<\/p>\n
Las gobernaciones tambi\u00e9n solicitan autorizaci\u00f3n excepcional del Ministerio de Econom\u00eda para realizar modificaciones y reasignaciones presupuestarias que permitan cubrir el mayor costo del combustible sin que ese gasto sea computado dentro de sus l\u00edmites de funcionamiento.<\/p>\n
Adem\u00e1s, piden que el costo real del di\u00e9sel sea incorporado en los techos presupuestarios y en el PGE 2027 y que se garantice una provisi\u00f3n continua del combustible para los servicios departamentales.<\/p>\n
Fagobol y la fecha l\u00edmite<\/p>\n
El \u00faltimo componente financiero es el cumplimiento del Decreto Supremo 5363, que establece el Fideicomiso de Apoyo Financiero a los Gobiernos Aut\u00f3nomos Departamentales y Regionales (Fagobol). Los gobernadores reclaman que se agilicen los tr\u00e1mites administrativos para su desembolso.<\/p>\n
El conjunto de demandas configura una agenda que va m\u00e1s all\u00e1 de una compensaci\u00f3n coyuntural por el di\u00e9sel. Las gobernaciones buscan modificar las reglas de distribuci\u00f3n de recursos, recuperar ingresos del IDH, descargar obligaciones que consideran nacionales y obtener mecanismos de financiamiento que les permitan sostener sus competencias.<\/p>\n
La fecha fijada es el 31 de octubre. Hasta entonces, las autoridades departamentales continuar\u00e1n trabajando con el Gobierno nacional en las propuestas t\u00e9cnicas, pero mantienen el estado de alerta.<\/p>\n
La disputa, por tanto, tendr\u00e1 dos escenarios simult\u00e1neos: la respuesta inmediata al incremento del costo del combustible y la negociaci\u00f3n del modelo de financiamiento territorial que deber\u00eda comenzar a aplicarse desde 2027.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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