No hay miras de soluci\u00f3n al conflicto entre el sector empresarial y el Gobierno por la disposici\u00f3n s\u00e9ptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. Este p\u00e1rrafo, otorga facultades confiscatorias al Poder Ejecutivo para decomisar mercader\u00eda y productos que considere que son acopiados con fines especulativos.
\nLa medida es rechazada por los empresarios, e incluidos los gremialistas. Ellos sostienen que atenta contra la propiedad privada porque instruye el decomiso de mercader\u00eda de forma discrecional, sin considerar el funcionamiento de la log\u00edstica comercial ni los tiempos habituales de almacenamiento.
\nAnte esto m\u00e1s de una decena de instituciones empresariales exigieron la abrogaci\u00f3n de esta disposici\u00f3n, caso contrario realizar\u00e1n un paro movilizado de 24 horas este 10 febrero.
\nEn tanto, el Gobierno anunci\u00f3 que no derogar\u00e1 esta normativa porque el presidente Luis Arce Catacora no tiene la atribuci\u00f3n de abrogar, derogar o dejar sin efecto la disposici\u00f3n s\u00e9ptima de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.
\nRechazo un\u00e1nime
\nEn la v\u00edspera, el Gobierno convoc\u00f3 a los sectores que rechazan la aplicaci\u00f3n de esta medida a discutir su reglamentaci\u00f3n. Ante este llamado, las organizaciones empresariales decidieron realizar una reuni\u00f3n multisectorial en Sucre. En este encuentro participaron representantes de productores, transportistas, gremiales y exportadores, entre otros, adem\u00e1s de representantes c\u00edvicos de Chuquisaca y Potos\u00ed.
\nC\u00e9sar Gonzales, dirigente de la Confederaci\u00f3n Nacional de Gremiales de Bolivia, se\u00f1al\u00f3 que adem\u00e1s de exigir la derogaci\u00f3n de la pol\u00e9mica disposici\u00f3n tambi\u00e9n se est\u00e1 pidiendo al presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) \u201cponer sus buenos oficios de inmediato\u201d para derogar dicha disposici\u00f3n y se presentar\u00e1 una propuesta de ley para hacer efectiva la disposici\u00f3n.
\nLos representantes del sector productivo cuestionan la necesidad de la Disposici\u00f3n Adicional S\u00e9ptima, argumentando que ya existen sanciones contra el agio y la especulaci\u00f3n.
\nConsideran que la inclusi\u00f3n de esta disposici\u00f3n en el PGE se realiz\u00f3 de manera encubierta y sin la debida consulta a los actores afectados. Asimismo, denuncian atropellos y extorsiones que, lejos de resolver problemas como la escasez de divisas e hidrocarburos, agravan la crisis econ\u00f3mica.
\nEn caso de no ser escuchados, los sectores anunciaron que organizar\u00e1n un paro movilizado nacional de 24 horas el 10 de febrero.
\nKlaus Frerking, vicepresidente de la CAO expres\u00f3 la preocupaci\u00f3n del sector ante la disposici\u00f3n s\u00e9ptima, calific\u00e1ndola como una medida confiscatoria que atenta contra la seguridad jur\u00eddica.
\nExigi\u00f3 tanto al Poder Ejecutivo como al Legislativo que trabajen en garantizar certeza y estabilidad para los productores bolivianos, subrayando que la derogaci\u00f3n de dicha disposici\u00f3n es necesaria para proteger la cadena productiva y alimentaria del pa\u00eds.
\n\u201cParticipamos en numerosas mesas de di\u00e1logo con el Gobierno, pero ahora necesitamos acciones concretas. Es fundamental que el Ejecutivo y el Legislativo act\u00faen para restablecer la confianza del sector productivo\u201d, dijo.
\nNo se derogar\u00e1 disposici\u00f3n
\nEn este contexto, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, record\u00f3 que el presidente Luis Arce no tiene la atribuci\u00f3n de abrogar, derogar o dejar sin efecto la disposici\u00f3n adicional s\u00e9ptima de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE), que busca combatir el agio y la especulaci\u00f3n.
\nEn ese sentido, recalc\u00f3 que cualquier demanda en ese sentido debe dirigirse a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
\n\u201cNos hubiera encantado conocer los criterios t\u00e9cnicos y jur\u00eddicos que empresarios, transportistas y gremialistas tienen para pedir al presidente que derogue o abrogue esta disposici\u00f3n, sabiendo que la Constituci\u00f3n no le otorga esa facultad. El mandatario no puede modificar una norma con rango de ley; esa es una atribuci\u00f3n de otro \u00f3rgano del Estado\u201d, explic\u00f3 Silva.
\nLa disposici\u00f3n adicional s\u00e9ptima del PGE 2025 establece que las entidades competentes podr\u00e1n ejecutar acciones de control, fiscalizaci\u00f3n, confiscaci\u00f3n y\/o decomiso de productos cuando se detecte almacenamiento, retenci\u00f3n o encarecimiento injustificado de productos alimenticios.
\nEmpresarios, exportadores, agroindustriales y gremialistas rechazaron la normativa y descartaron participar en su reglamentaci\u00f3n, tras la convocatoria del Gobierno a un di\u00e1logo para aclarar dudas y buscar consensos.
\nSilva enfatiz\u00f3 que esta disposici\u00f3n otorga respaldo legal a todos los niveles de gobierno para realizar operativos de control.
\n\u201cLos propios industriales nos dec\u00edan: \u2018Nosotros producimos y distribuimos con normalidad, pero no podemos controlar a los mayoristas, porque una vez que nos pagan, tienen la factura y deciden d\u00f3nde y c\u00f3mo venderlo\u2019\u201d, relat\u00f3 Silva.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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