Los 179 centros de acogida a niños, niñas y adolescentes no tienen un sistema de información válida para que se conozca la cantidad de menores que están bajo el régimen de acogimiento, no cuentan con una norma que regule las visitas a los pequeños y no tienen procesos que se deben aplicar para la reintegración familiar, indica el informe presentado por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
“En su generalidad no tienen un sistema de información válida respecto a la cantidad de niños que están bajo el régimen de acogimiento, no cuentan con una regulación específica nacional para el desarrollo de las visitas y (tampoco) tienen una norma para los procesos que deben aplicarse para la reinserción familiar”, explicó Callizaya.
Aseguró que ése es el resultado del informe defensorial “Límites al ejercicio del derecho a vivir en familia de niñas, niños y adolescentes en centros de acogimiento: visitas y reintegración familiar”, documento elaborado luego de un relevamiento de información y varias visitas a esas instituciones en todo el país.
Acotó que el acogimiento a esta población debería ser “circunstancial”, ya que todos los niños tienen derecho a la familia, sin embargo no ocurre aquello.
“La familia es el primer espacio de protección y cuidado de niñas, niños y adolescentes; sin embargo, muchos crecen bajo la custodia del Estado (…) esto implica una especie de privación de ese entorno familiar que les brinda el afecto y seguridad, que son indispensables para su desarrollo. Ahí radica la importancia de ponerle la mirada a esta situación”, expresó.
Remarcó que en Bolivia se cuenta con 179 centros de acogida, sin embargo a la fecha no se cuenta con un número sobre la cantidad de niños viven en esos espacios actualmente.
Aunque, “de acuerdo a un informe del Ministerio de Justicia de 2019, estarían registrados 5.678 niñas, niños y adolescentes en todos los centros. De ellos, el 80% tendría un referente familiar para una posible visita, pero solamente el 58% (3.293) tiene visitas”.
Además, indicó que de esos 3.293, el 40% (1.317) tienen una asistencia técnica para lograr la reintegración familiar, lo que significa que el resto se queda en los centros de acogida por muchos años.
Eso afecta de forma negativa a los derechos de los niños y adolescentes porque viven en los centros de acogimiento por un largo periodo de tiempo (incluso hasta que cumplan la mayoría de edad), lo cual afecta a su desarrollo personal, emocional-afectivo, cognitivo y de comportamiento.
“Eso significa que existe una debilidad en todos los niveles del Estado para lograr la reintegración familiar”, aseveró Callizaya.
El estudio destaca que los niños y adolescentes que tienen acceso a las visitas, las cuales no se enmarcan en un protocolo adecuado, para lograr que esta población deje esos espacios y retorne a un ambiente familiar donde puede recibir cariño, amor y seguridad.
Este informe refleja la ineficacia en el desarrollo de las acciones por parte de las instancias del Estado que tienen responsabilidad para restituir el derecho a vivir en familia, afectando negativamente los derechos de niñas, niños y adolescentes, quienes deben residir en los centros de acogimiento por un largo periodo de tiempo (incluso hasta que cumplan la mayoría de edad), lo cual afecta a su desarrollo personal, emocional-afectivo, cognitivo y comportamental.
Con ello, la Defensoría hizo varias recomendaciones entre ellas que se implementen programas y acciones que permitan el fortalecimiento y la vinculación afectiva de los niños, niñas y adolescentes con su familia.