Advirtiendo que desde la cúpula del Órgano Judicial se están instrumentalizando fallos en favor de intereses políticos a cambio de favores en el mismo ámbito, el abogado constitucionalista, Israel Quino, sostuvo que en el país se gesta un “golpe judicial a la democracia”, que llevará al país a un Estado inconstitucional de derecho.
“El Tribunal Supremo de Justicia le ha pedido al Constitucional, legalizar las inconstitucionalidades de la ‘autoprórroga’ en el mandato y, a título de vacío de poder, quedarse de manera indefinida en la cúpula judicial. Esto no es más que un golpe judicial a la democracia desde la estructura de la cúpula judicial, a cambio de favores políticos”, sostuvo el jurista en declaraciones a medios de prensa.
En criterio de Quino, estos “favores” tienen que ver con la inhabilitación de cualquier opción que le haga frente a la estructura de poder, pisotear la Constitución Política del Estado a cualquier costo y atentar contra el principio de separación e independencia de poderes y a la democracia en el país.
“Esto debe alarmar y alertar al pueblo boliviano porque se estaría gestando un golpe judicial que nos va encaminar a un Estado inconstitucional de derecho en Bolivia”, señalo.
Aseguró además que los hechos demuestran que el poder ha encontrado la forma de instrumentalizar fallos judiciales para beneficiar intereses políticos y de esta forma cercenar competencias a Órganos del Estado, como ocurre en el caso de la paralización al tratamiento de una ley para las Elecciones Judiciales o la suspensión de las interpelaciones en la ALP.
“Hoy el poder político ha encontrado, mediante fallo judiciales en materia constitucional, auto legitimarse, gobernar mediante jueces y conservar un sistema de privilegios que le permita replicar el poder. Algo tiene esa silla presidencial, el que llega no se quiere mover, le ha pasado al señor Morales, a la señora Añez y aparentemente le está pasando a la actual estructura de poder”, afirmó el jurista.
La semana pasada, el Tribunal Constitucional Plurinacional remitió una nota a la Cámara de Diputados con la que paralizó el tratamiento de la norma para regular las interpelaciones a ministros de Estado, por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia activó un proceso en jurisdicción constitucional para revisar la ley para la realización de las Elecciones Judiciales.