La presidenta del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Paola Prudencio, informó este lunes que la institución recibió varias acciones de inconstitucionalidad presentadas contra los decretos supremos 5503 y 5515, las cuales deberán seguir su curso legal.
Indicó que será la Comisión de Admisión la encargada de analizar si corresponde aceptar o rechazar su tratamiento.
“La Comisión de Admisión debe seguir los pasos establecidos para emitir un criterio al respecto”, explicó Prudencio a Correo del Sur.
La semana pasada, la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba informó sobre la presentación de una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto Supremo 5503, que elimina la subvención a los combustibles y también observa una serie de otros artículos contenidos en la norma.
En esa misma línea, el senador Wilder Véliz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), anunció la presentación de otra acción de inconstitucionalidad contra el mismo decreto.
Ante la consulta sobre la falta de quórum en la Sala Plena del TCP para tratar estas demandas, la presidenta aclaró que el procedimiento constitucional prevé que la Comisión de Admisión pueda continuar con la tramitación correspondiente.
“En cuanto a los magistrados que faltan, reiteramos que somos respetuosos de los demás órganos del Estado. Entendemos la situación en la que se encuentra nuestro país, y seguramente aquellas medidas y políticas para salir de esta crisis económica, social y política deben considerar también este tema”, manifestó.
Prudencio recordó que, en su momento, se presentó una propuesta normativa destinada a otorgar mayor certeza y seguridad jurídica a la población. Reiteró además que la labor del TCP no se ha detenido y continúa funcionando con normalidad.
Respecto a la propuesta de ley que busca permitir el funcionamiento del TCP con los cuatro magistrados actualmente en ejercicio, Prudencio señaló que se espera una respuesta positiva que permita conformar la Sala Plena y no limitar las funciones del Tribunal únicamente a tareas administrativas.
“Es importante que podamos coadyuvar en la labor jurisdiccional, especialmente ante la gran cantidad de causas pendientes que hemos heredado, producto de autoridades que no supieron afrontar este problema tan serio de la justicia constitucional”, mencionó.
En noviembre de 2025, la justicia determinó el cese de funciones de los magistrados denominados “autoprorrogados”, lo que dejó acéfalos los cargos en cinco regiones. Actualmente, se aguarda que la Asamblea Legislativa emita una nueva convocatoria para las elecciones judiciales pendientes.