El conflicto por la exploración petrolera en el área de influencia de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía atraviesa un momento clave, luego de que la Defensoría del Pueblo presentara el pasado viernes una solicitud de medidas cautelares ambientales ante el Juzgado Agroambiental de Entre Ríos, con el objetivo de suspender de manera temporal los actos de ejecución material del proyecto de perforación exploratoria Domo Oso X-3, en el Bloque San Telmo Norte.
Según informó la institución, la acción busca prevenir posibles daños ambientales irreversibles en la reserva de Tariquía, mientras se aclaran observaciones de carácter técnico, legal y procedimental, relacionadas con el cumplimiento de estándares internacionales, el derecho a la consulta pública y los requisitos exigidos para la emisión de la licencia ambiental.
La Defensoría remarcó que su intervención se enmarca en su mandato constitucional de defensa de los derechos humanos, particularmente del derecho a un medio ambiente sano, así como en compromisos asumidos por el Estado boliviano en instrumentos como el Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso a la información, la participación ciudadana y la protección de defensores ambientales. Además, anunció un seguimiento permanente al proceso judicial que se les sigue a comunarios, además de la situación ambiental y social en la zona.
La solicitud de medidas cautelares se produce en un contexto de alta tensión social y política en Tarija. Tras una audiencia pública sin acuerdos, impulsada por la Brigada Parlamentaria de Tarija, el Comité Cívico Departamental convocó a una Asamblea de Instituciones para este miércoles, con un único punto en agenda: la situación de Tariquía y la conformación de una comisión técnica y legal. El presidente cívico, Jesús Gira, confirmó que esta instancia busca articular una respuesta institucional frente al avance del proyecto exploratorio.
En la audiencia, el presidente de YPFB, Yussef Akly Flores, ratificó que el proyecto cumplió con el procedimiento administrativo y legal vigente, que cuenta con consulta previa y licencia ambiental, y que el pozo DMO X-3 se encuentra a 1,5 kilómetros de la reserva. Sin embargo, el senador tarijeño Rolando Vacaflor cuestionó el proceso seguido y advirtió que, aunque el pozo se ubique fuera del área protegida, existen impactos indirectos vinculados al traslado de maquinaria, el desmonte y la generación de residuos, que podrían afectar al río Saicán y a las cuencas de los ríos Tarija y Bermejo. El legislador afirmó que existe un rechazo mayoritario de la población a la intervención petrolera en el área de influencia de Tariquía.
La tensión se intensificó el sábado con denuncias sobre el ingreso de maquinaria pesada de la empresa IST, subsidiaria de Petrobras, en el municipio de Entre Ríos, lo que llevó a las comunidades a anunciar vigilancia permanente y posibles movilizaciones. A ello se sumó la polémica por una demanda penal contra comunarios, activada por el abogado de Petrobras, hecho que fue denunciado como criminalización de la defensa ambiental.
Pese a las observaciones, el Gobierno ratificó la continuidad del proyecto. El viceministro de Exploración y Explotación, Caleb Montes, advirtió que están en riesgo una inversión de 40 millones de dólares y eventuales ingresos de hasta 900 millones, además de regalías para Tarija, insistiendo en que el pozo se ubica a 1,5 kilómetros de la reserva.