El Gobierno boliviano, encabezado por el presidente Rodrigo Paz, pone en marcha un conjunto de políticas destinadas a transformar de manera progresiva el mercado de combustibles en el país, como respuesta a la prolongada crisis de abastecimiento, la insuficiencia de divisas y la escasez de hidrocarburos que se profundizó en los últimos años. Las medidas marcan un cambio importante en un sector históricamente dominado por el Estado y apuntan a permitir la importación y comercialización privada de gasolina, diésel y otros derivados, bajo marcos regulatorios especiales.
En ese sentido, la apertura del mercado mayorista de combustibles forma parte de una reforma más amplia del sector energético, cuyo objetivo es atraer inversión privada y aliviar la presión fiscal y logística que enfrenta el país.
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, explicó que regiones como La Paz y el norte de Potosí contarán con empresas adjudicatarias encargadas de suministrar combustibles por un periodo de cinco años, a través de procesos de licitación en los que podrán participar empresas nacionales e internacionales, además de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
“Si no cumplen con la calidad, se les retira la licencia”, afirmó Medinaceli, al señalar que este nuevo esquema permitirá contar con estaciones de servicio bajo estándares internacionales, que incluyan mejores instalaciones, servicios complementarios y sistemas de incentivos para los usuarios. Indicó que, históricamente, la falta de incentivos limitó la inversión privada, situación que ahora se busca revertir exigiendo mayor inversión y calidad en la atención.
Destacó que la participación del sector privado bajo concesiones y permisos facilita los mecanismos de control. “Cuando un privado entrega combustible de mala calidad, se le exige mejorar o se le retira la licencia”, explicó, remarcando que este modelo permite un control más efectivo y reduce prácticas irregulares asociadas a un esquema basado únicamente en mayor supervisión estatal.
Respecto a la calidad de la gasolina y el diésel, Medinaceli señaló que el Gobierno trabaja en fortalecer el control sobre la importación de combustibles, considerando que actualmente ingresan al país más de 500 cisternas por día, lo que dificulta un control total por parte del Estado. En ese contexto, advirtió que algunos actores adulteran el producto durante el proceso de comercialización.
Asimismo, informó que se encuentra en proceso de reglamentación una normativa que establece Impuesto al Consumo Específico (ICE) cero para los importadores de diésel y gasolina, además de la eliminación de restricciones que anteriormente impedían la importación. No obstante, subrayó la necesidad de proteger a las regiones más alejadas del país.
“El mercado no puede liberarse completamente, porque las empresas se concentrarían solo en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz”, manifestó. Por ello, indicó que el nuevo modelo combinará un mercado regulado con bloques mayoristas, que garantice el abastecimiento en zonas de menor rentabilidad, con un mercado desregulado donde cualquier actor pueda importar combustibles.
El desafío de los dólares y la mirada macroeconómica
Por su lado, el analista energético, Abel Villegas, señaló que la apertura de un mercado mayorista para la importación y distribución de combustibles requiere de una profunda reingeniería del Estado. Más allá de la infraestructura y de los problemas vinculados a las subvenciones y el contrabando —que, en última instancia, son aspectos que podrían resolverse en los próximos seis meses, incluyendo el GLP—, ello será posible siempre y cuando se trabaje con enfoque y prioridad en los siguientes elementos:
Los mercados mayoristas, y cualquier mercado del sector privado, necesitan una fuente estable de dólares. Esto se debe a que los carburantes se comercializan en bolivianos y las transacciones entre las estaciones de servicio y los usuarios —la población en general— se realizan en moneda nacional. Para cerrar este círculo, las estaciones de servicio o los proveedores mayoristas deberán acudir a un mercado de divisas que les permita continuar con la importación de hidrocarburos y, de esta manera, dar continuidad al abastecimiento, explicó Villegas.
Ante el contexto actual, ¿cuáles son las opciones disponibles? Básicamente, acudir al mercado paralelo o al Banco Central. En el primer caso, el incremento de la demanda de dólares podría provocar una subida en la cotización de la divisa y, a futuro, generar un proceso de aumento de precios como consecuencia de la alta presión sobre el mercado cambiario. En el segundo caso, que implicaría recurrir al Banco Central, se debe considerar que, según el último informe de reservas presentado por el presidente del BCB, a enero de 2026 se cuenta con alrededor de 600 millones de dólares líquidos, frente a los 70 millones existentes al inicio del actual gobierno en noviembre de 2025. Pese a este incremento, el monto resulta insuficiente para cubrir una demanda mensual estimada entre 40 y 60 millones de dólares para la importación de gasolina y diésel.
Por lo tanto, dijo, desde una perspectiva macroeconómica, se requiere con urgencia un paquete de estabilización de entre 7.000 y 12.000 millones de dólares, orientado a generar los siguientes efectos: 1) estabilidad económica; 2) levantamiento del cepo cambiario y transición hacia un tipo de cambio único y flexible, un “Bolsín 2.0”; 3) control del proceso inflacionario; 4) restitución de la confianza, las condiciones y los montos adeudados a la banca privada, con el fin de reactivar las transacciones y los ahorros en dólares; y 5) contención de las importaciones y de la demanda de divisas. Evidentemente, este proceso deberá realizarse a través de fondos de rescate y préstamos internacionales.
En paralelo, y considerando los tiempos limitados y el nivel de emergencia, Villegas señaló que resulta fundamental avanzar en el fortalecimiento de la seguridad jurídica para lograr la activación plena del sector productivo y facilitar el ingreso de inversión extranjera directa. Este eslabón es el único que permitirá dar continuidad a lo anteriormente planteado. Los préstamos que se contraigan serán finitos y deberán ser pagados con las divisas que generen los sectores productivos, como hidrocarburos, minería, agroindustria, turismo, entre otros. Será este sector productivo, consolidado y competitivo a nivel regional, el que proporcione los pilares fundamentales de estabilidad y proyección de futuro para Bolivia en el largo plazo, añadió.
Finalmente, este proceso requerirá nuevas leyes para los distintos sectores, seguridad jurídica y pactos políticos —y sí, pactos políticos—, ya que una asamblea constituyente resulta imperativa debido a la existencia de candados en la CPE, añadió.