En una escueta nota, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) decidió rechazar la investigación de la denuncia por “extorsión electoral” presentada contra el gobernador de La Paz, Santos Quispe. Dicha denuncia se basó en un audio atribuido a la autoridad departamental, en una reunión con funcionarios y consultores realizada el 7 de enero.
La denuncia fue presentada por los asambleístas departamentales Israel Alanoca y Fernando Condori el 13 de febrero. La respuesta del Órgano Electoral data del 18 de febrero.
La nota del TSE, de apenas dos párrafos, señala: “Al respecto, la Sala Plena instruyó comunicarles respetuosamente que la referida denuncia debe ser interpuesta ante las autoridades jurisdiccionales competentes (Fiscalía)”, menciona el documento firmado por Fernando Arteaga, secretario de Cámara del TSE.
En contacto con EL DEBER, el asambleísta Condori lamentó la respuesta y calificó la decisión como un “total desconocimiento de la Ley 026 de Régimen Electoral”.
En ese sentido, explicó que enviaron una segunda nota al TSE para objetar su postura, bajo los lineamientos de la ley electoral que, a su criterio, establece el deber del Órgano Electoral de investigar y sancionar las acciones denunciadas. Hasta el momento, aún esperan una nueva respuesta.
Antecedentes
En contacto con EL DEBER, el asambleísta Condori lamentó la respuesta y calificó la decisión como un “total desconocimiento de la Ley 026 de Régimen Electoral”.
Mediante capturas de pantalla y audios de los funcionarios, se verificó que la convocatoria fue difundida en grupos de WhatsApp del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) y de bloques políticos de Unidos por el Cambio (UPC), sigla con la que Quispe participará en los comicios del 22 de marzo. Los funcionarios enviaron audios del encuentro que respaldarían sus denuncias.
En parte de las grabaciones se escucha al gobernador decir: “Nosotros les vamos a ayudar en sus contratos, pedimos que nos ayuden haciendo trabajo político… el contrato lo haremos por un año”.
En el acto también participaron Zenón Quispe, exsecretario departamental de Desarrollo Social y Comunitario y actual jefe de campaña de UPC; Brígido Chipana Calderón, exsecretario de Desarrollo Económico y Transformación Industrial; y la directora técnica del Sedeges, Beatriz Churata Mamani.
De ellos, solo Zenón Quispe respondió a las consultas realizadas por EL DEBER. Negó la presunta “extorsión electoral” y sostuvo que las grabaciones podrían haber sido generadas con inteligencia artificial.
En tono irónico, aseguró que los asambleístas opositores realizaron varias denuncias contra la gestión de Santos Quispe, pero que hasta el momento ninguna ha sido probada.