En un recorrido por la refinería de Palmasola, se pudo comprobar que aún hay una gran cantidad de motorizados cargados con gasolina y que desde hace semanas esperan poder ingresar a la refinería y descargar el combustible. Mientras que en la parte posterior de la refinería hay otra cantidad de camiones cisternas, pero estos con diésel.
“Estamos descargando de manera normal, el problema es con los camiones que tienen gasolina. No los dejan pasar o pasan pocas unidades. Por eso se ve esta fila”, contó un chofer.
Sobre el tema, la empresa atribuye problemas recientes en la calidad de la gasolina, que generaron denuncias de conductores por fallas en motores y bajo rendimiento a un presunto sabotaje deliberado por parte de estructuras internas organizadas. Estos actos formarían parte de un plan para desestabilizar a la compañía y al Gobierno. La anterior gestión convirtió a YPFB en un espacio de influencia política, lo que en 20 años generó graves daños a su capacidad técnica y operativa. Existe una estructura heredada que continúa afectando nuestra gestión de cambio.
Medidas
Desde la asunción de Rodrigo Paz, como presidente del país, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) detalló que se despidieron a 410 funcionarios con el objetivo de optimizar recursos, mejorar la eficiencia operativa y fortalecer la transparencia y responsabilidad institucional.
“Muchos de estos funcionarios ya tienen iniciados procesos por haber afectado las operaciones de YPFB y, en algunos casos, los procesos ya están avanzados con medidas cautelares”, detalle el comunicado de la estatal petrolera.
Yussef Akly, presidente de YPFB, sostuvo que estos cambios buscan no solo racionalizar la estructura de la empresa, sino también corregir irregularidades heredadas y garantizar una gestión basada en criterios técnicos y éticos.
También remarcó que se buscará procesar a todos los responsables de cualquier daño a la empresa en materia económica o técnica.
De acuerdo con un informe de la Gerencia de Talento Humano Corporativo, la anterior administración habría designado de manera irregular a funcionarios cercanos al MAS en el Comité Mixto de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, con el presunto fin de protegerlos y generar inestabilidad interna. La actual gerencia, en coordinación con el área legal, inició los procedimientos para anular dichas designaciones.
El Gobierno anticipó que se iniciaron investigaciones y denuncias de los responsables y se irá con todo el peso de la ley contra quienes resulten involucrados en delitos que afecten a la población.
Para el exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, el Gobierno más allá de las acusaciones, debe mostrarse firme y reestructurar las empresas estratégicas, como YPFB, para que estas tengan personal de confianza, “que sean técnicos y no solo empleados contratados por favores políticos que no aportan nada a la empresa estatal petrolera”.