En diciembre de 2025, el presidente Rodrigo Paz Pereira encendió una alarma de efectos nacionales. “No hay sus aportes en la Gestora, se los gastaron”, declaró ante la opinión pública. La frase era técnicamente incorrecta —los fondos no se guardan en efectivo sino invertidos en una cartera de instrumentos financieros—, pero apuntaba a algo real: el Estado boliviano había utilizado los ahorros previsionales de 2,7 millones de trabajadores como fuente de financiamiento durante la peor crisis económica del país en décadas.
El exgerente de la Gestora Pública, Jaime Durán, respondió que el fondo alcanzaba Bs 203.704 millones al 27 de noviembre de 2025, 50% distribuido en depósitos a plazo fijo (DPFs) en la banca privada, 35% en instrumentos del Tesoro General de la Nación (TGN), 12% en el sector privado y 3% en el exterior. El Estado, subrayó, había cumplido puntualmente todos los pagos de capital e intereses. La Central Obrera Boliviana (COB) cuestionó a Paz por generar pánico innecesario. Pero el debate no era sobre si los fondos existían o no, sino sobre cómo se habían invertido y a favor de quién.
Pero ni Paz Pereira ni la COB extrañaron que no exista Directorio en la Gestora, que, de acuerdo a la Ley de Pensiones del año 2010, debió conformarse en base a ternas aprobadas por la Cámara de Diputados. El Directorio es la máxima autoridad en la Gestora y define políticas y mecanismos operativos, pero no existe.
La denuncia sobre las tasas en mayo de 2024 —que el nuevo gobierno califica como “excesivamente altas”— adquiere dimensión completa al observar la evolución de la deuda soberana en el portafolio durante los meses previos al período analizado. En enero de 2024, la inversión total en bonos del TGN y del BCB en bolivianos ya representaba el 27,18% del fondo, y la deuda soberana en su conjunto el 32,72%. En febrero subió a 27,33% y 32,98%, respectivamente. En marzo, a 27,57% y 33,18%. En abril de 2024 —el mes inmediatamente anterior al que generó la denuncia oficial—, alcanzó el 27,80% y el 33,44%. De manera sostenida e inequívoca, cada mes el gobierno de Luis Arce Catacora colocaba más deuda soberana en el fondo previsional, en uno de los momentos de mayor presión fiscal de la historia reciente de Bolivia. Las reservas internacionales brutas habían caído a menos de 2.000 millones de dólares en 2024 según datos del BCB, con divisas líquidas que se desplomaron de 172 millones en enero de ese año a 46,8 millones en diciembre y a apenas 29,9 millones en mayo de 2025. El acceso al crédito externo estaba prácticamente cerrado.
El gobierno de Paz accedió a esos registros al asumir el poder en noviembre de 2025, pero no ha publicado nuevos reportes del portafolio desde la fecha de la última entrega pública, que data de junio de 2025. De tal manera, la opacidad no es patrimonio exclusivo del gobierno anterior; es, hasta ahora, la postura del sistema.
Deuda soberana, peso dominante del portafolio
El artículo 140 de la Ley de Pensiones instruye priorizar la inversión de recursos en empresas productivas.
Entre mayo de 2024 y junio de 2025, el fondo creció de 26.587 a 28.647 millones de dólares, un incremento de 2.059 millones (+7,7%), alimentado por los aportes mensuales de los trabajadores y los rendimientos de la cartera.
DEUDA SOBERANA
En junio de 2025, los bonos del TGN concentraban ya el 36,68% del fondo total.
El segmento más voluminoso es, con diferencia, la deuda soberana nacional. Para junio de 2025, el 36,68% del fondo —más de 10.500 millones de dólares— estaba colocado en instrumentos del Estado boliviano: bonos del TGN y del BCB denominados en bolivianos y Unidades de Fomento a la Vivienda (UFVs). Solo los bonos TGN no obligatorios en bolivianos crecieron de 7.297 millones de dólares en mayo de 2024 a 8.525 millones en junio de 2025; una adición neta de 1.228 millones, la mayor de cualquier categoría de inversión durante el período.
El plazo promedio a vencimiento de estos instrumentos es de 10.605 días, casi 29 años. Varios son bonos de cupón cero, lo que significa que el fondo desembolsa hoy y solo cobra el valor nominal casi tres décadas después. Con una inflación acumulada superior al 16% anual registrada hasta julio de 2025, el valor real de esos cobros futuros podría ser sustancialmente inferior al poder adquisitivo del dinero aportado hoy. El beneficiado estructural de este esquema es el Estado, que licúa sus pasivos devolviendo bolivianos depreciados. Los perjudicados son los trabajadores activos y los jubilados.
En el segmento bancario nacional, el fondo mantiene depósitos a plazo fijo en el sistema financiero boliviano: Banco Nacional de Bolivia, Banco Mercantil Santa Cruz, BancoSol, y otras entidades del sistema son receptores habituales. Pero la posición más crítica es la exposición a Banco Fassil y a su holding controlante, la Sociedad Controladora Santa Cruz Financial Group. Ambas entidades tienen calificación ‘D’ —default, el nivel más bajo—, y el fondo mantuvo en ellas entre el 4,39% y el 5,17% de sus activos durante todo el período: entre 1.150 y 1.400 millones de dólares atrapados en instituciones intervenidas. La doble exposición —banco y controlante— amplifica el riesgo. La posición no se liquidó, probablemente porque los DPFs son contratos a plazo fijo sin posibilidad de retiro anticipado y porque una salida masiva habría precipitado una crisis bancaria.
Entre las empresas con capital y domicilio extranjero que operan en Bolivia y cuyos bonos figuran en el portafolio, la cartera incluye a Telecel Bolivia (telecomunicaciones), las empresas Ferroviarias del sistema de trenes boliviano, COBEE (Compañía Boliviana de Energía Eléctrica) y un conjunto de instituciones de microfinanzas con fuerte presencia local: BancoSol, ProCredit, FIE y CRECER, varias de ellas vinculadas a organismos internacionales o entidades religiosas. Son presencias estables a lo largo del período analizado, pero no traen inversión extranjera y financian sus operaciones con el ahorro laboral.
En el extremo opuesto, hay inversiones que desaparecieron. La amortización completa de los Bonos Rescatables del BCB en UFVs liberó aproximadamente 77 millones de dólares. En septiembre de 2024, apareció y desapareció en un solo mes una inversión en cuotas del Fondo de Inversión Cerrado (FIC) del Grupo Nacional Provincial (GNP) de México —la mayor aseguradora de ese país, controlada por el Grupo BAL del magnate Alberto Baillères—, por un monto de unos 25 millones de dólares, sin explicación pública conocida.
Las Lomas: la excepción productiva
El caso más llamativo del período es el de Las Lomas Import Export S.A., empresa siderúrgica boliviana fundada en 1969, con composición accionaria 100% nacional y presencia en siete departamentos del país.
En 2021, inauguró la primera planta siderúrgica de Bolivia —construida por la italiana Danieli, una de las más experimentadas del mundo— en el municipio de Buena Vista, con una capacidad instalada de 200.000 toneladas anuales de acero corrugado y acero liso. Bolivia era hasta entonces el único país de América Latina sin este tipo de industria. La empresa sustituye importaciones, ahorra divisas, genera empleo directo e indirecto en todo el territorio y utiliza chatarra nacional como materia prima.
La empresa tiene presencia en el portafolio al menos desde 2018, cuando comenzó a emitir bonos. A inicios de 2024 el fondo mantenía una posición de USD 63 millones en sus instrumentos. Entre marzo y julio de ese año, los reportes de diversificación de la APS registraron la posición con un valor residual de apenas USD 104.000, a pesar de que las cuatro emisiones de bonos se mantuvieron vigentes y con saldos durante todo ese período. La discrepancia responde probablemente a un criterio de valoración a mercado aplicado en ese tramo, no a una desinversión real. En agosto de 2024 la posición volvió a reflejarse en USD 58,9 millones, con calificación A1. Desde entonces la posición descendió gradualmente hasta USD 48,5 millones en junio de 2025, reflejando el crecimiento del fondo total más que una desinversión activa.
A diferencia de la mayoría de los casos analizados, esta inversión se aproxima al mandato de la Ley de Pensiones: capital boliviano, producción nacional, sustitución de importaciones y generación de valor agregado. Junto a los bonos del TGN a casi 29 años, los instrumentos de Las Lomas tienen horizontes de recuperación concretos: la Emisión 1 venció en febrero de 2026, lo que significa que parte del capital comenzará a retornar al fondo en el corto plazo —un contraste notable con la estructura del resto del portafolio soberano.
Apertura internacional: diez contrapartes, el 0,65% del fondo
En el plano internacional, el portafolio registró su expansión más significativa del período. Desde mayo de 2024, el fondo mantenía inversiones en Bonos del Tesoro de Estados Unidos. En septiembre de 2024 apareció por primera vez una posición en un ETF de BlackRock Inc., la mayor gestora de activos del mundo con más de 10 billones de dólares bajo administración. El monto era modesto —1.974.801 dólares en valor nominal, 2.125.438 en valor de mercado en junio de 2025—, pero su presencia en un fondo estatal boliviano, en un país con controles de capital y escasez de divisas, es simbólicamente notable.
Desde noviembre de 2024, la diversificación se aceleró: ingresaron bonos de la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), el Banco Mundial, el BCIE, el BID, el Japan Bank for International Cooperation (JBIC), el Korea Development Bank (KDB), el KfW alemán y el Korea Eximbank. En nueve meses, el portafolio internacional pasó de una sola contraparte a diez, y el monto total creció de unos 50 millones a alrededor de 250 millones de dólares. Aun así, todo el bloque internacional representaba apenas el 0,65% del fondo en junio de 2025.
Tres elementos adicionales completan el análisis de riesgo del período.
El primero son las operaciones de reporto (repos) sobre deuda soberana externa. Entre noviembre de 2024 y enero de 2025, los estados de portafolio registran la nota: “(*) Operación de reporto” sobre los bonos bolivianos emitidos en mercados internacionales. Un reporto es un préstamo a corto plazo con garantía de un activo financiero. La Gestora Pública usó bonos soberanos bolivianos externos —con valor nominal de 918,8 millones de dólares— como colateral para obtener liquidez inmediata. Esos bonos ya cotizaban con un descuento significativo: su valor de mercado era de 653,8 millones de dólares, reflejo de la percepción de riesgo crediticio de Bolivia en los mercados internacionales. La práctica no parecería ilegal, pero el uso de activos previsionales como garantía para proveer liquidez al Estado durante tres meses consecutivos —en plena crisis de reservas internacionales— trasciende la gestión ordinaria de un fondo de pensiones, además de que no cumple los requisitos priorizados por la CPE y la Ley de Pensiones, según analistas consultados.
El segundo elemento es la emisión en dólares de junio de 2025. Por primera vez en el período analizado, el TGN colocó en el fondo un bono denominado en dólares americanos: valor nominal de 25 millones, plazo de 529 días (aproximadamente 17 meses). La posición es pequeña en términos relativos —0,09% del fondo—, pero su significado no lo es. El gobierno de Arce, en sus últimos meses antes de dejar el poder en noviembre de 2025, recurría al fondo previsional para proveerse de la moneda más escasa del país.
La calificación crediticia y el riesgo de concentración
El tercer elemento, que se debería a la falta de financiamiento a empresas productivas nacionales, es el deterioro del riesgo soberano. Financiar empresas extranjeras del sector extractivo sin exigir valor agregado y transferencia tecnológica en estos últimos 30 años, afecta la economía real.
Bolivia registró en el período una cascada de rebajas crediticias por parte de las tres principales agencias internacionales. S&P pasó de CCC+ a CCC- entre octubre de 2024 y junio de 2025. Fitch descendió de CCC a CCC- en enero de 2025. Moody’s fue la más drástica: de Caa1 al inicio del período a Ca en abril de 2025, a un solo escalón del default selectivo.
Las tres series cuentan la misma historia: durante los 18 meses analizados, el riesgo soberano boliviano no se deterioró marginalmente, sino que ingresó de lleno en territorio de impago inminente según los estándares internacionales. Esto se refleja directamente en el precio con descuento de sus bonos externos —los mismos que la Gestora usó como colateral en las operaciones de reporto. Para un fondo que concentra el 36,68% de sus activos en deuda del mismo Estado, la trayectoria de la calificación no es un indicador periférico: es el riesgo central del sistema.
La imagen de conjunto es la de un portafolio con alta concentración, liquidez limitada y rentabilidad real comprometida. El 70-75% del portafolio generaba, en el contexto inflacionario de 2024-2025, retornos reales negativos. Las estimaciones de la organización Flora Tristán Bolivia apuntan a que los DPFs bancarios ofrecían tasas del 2% al 3% anual cuando la inflación las superaba. Los bonos del TGN a casi 29 años, denominados en bolivianos sin ajuste cambiario, transfieren íntegramente el riesgo monetario a los aportantes.
El nuevo gobierno de Paz designó al frente de la Gestora a Marcelo Vladimir Fernández Quiroga con el mandato explícito de que los fondos previsionales no pueden volver a ser caja chica del Estado. La declaración es clara en su intención. Pero el portafolio heredado tiene compromisos de largo plazo que ninguna declaración política puede disolver: 8.500 millones de dólares en deuda del TGN a plazos de hasta 29 años, 1.250 millones en activos en default, y una diversificación apenas embrionaria en títulos originados por empresas productivas nacionales —de la que Las Lomas es prácticamente el único ejemplo significativo del período.
La auditoría anunciada debería revelar las tasas exactas a las que se emitieron los bonos denunciados en mayo de 2024, dato ausente en los reportes públicos analizados y núcleo de la controversia. Mientras esa información no sea pública, los 2,7 millones de trabajadores cuyo futuro depende del SIP no disponen de los elementos necesarios para valorar qué les espera, en tanto que sus propias fuentes laborales, sin financiamiento nacional, se debilitan o languidecen.
Esta es, hasta la fecha, la última fotografía disponible de los fondos de pensiones bolivianos. Desde junio de 2025, el portafolio no ha vuelto a hacerse público.
Seis hallazgos que definen el estado del SIP
Concentración creciente en TGN. Los bonos TGN no obligatorios en bolivianos crecieron de 25,51% a 27,96% del fondo entre mayo de 2024 y junio de 2025, sumando 1.228 millones de dólares en nuevas inversiones en deuda soberana. El crecimiento ocurrió en el peor momento de la crisis económica boliviana, con reservas en mínimos históricos y el Estado sin acceso a crédito externo.
Banco Fassil en default. Durante todo el período, el fondo mantuvo entre 4,39% y 5,17% de sus activos —entre 1.150 y 1.400 millones de dólares— en instrumentos calificados ‘D’, específicamente Banco Fassil y su controlante Santa Cruz Financial Group. La doble exposición a banco y holding amplifica el riesgo. La posición se redujo gradualmente pero no fue liquidada.
Operaciones de reporto. La Gestora usó bonos soberanos externos por 918,8 millones de dólares de valor nominal como colateral en operaciones de repo durante al menos tres meses consecutivos (noviembre 2024 a enero 2025), en el momento crítico de la crisis de divisas. El valor de mercado de esos bonos era de solo 653,8 millones.
Sin priorizar empresas productivas. La Gestora y el Mercado de Valores no cumplieron el mandato de la Ley de Pensiones de priorizar financiamiento al sector productivo con mantenimiento de valor. La inversión en Las Lomas —siderúrgica boliviana con producción real y sustitución de importaciones— es la excepción que confirma la regla: representó menos del 0,2% del fondo en su punto más alto.
Las Lomas, excepción productiva. Presente en el portafolio desde 2018, con USD 63 millones a inicios de 2024, la primera siderúrgica boliviana —100% capital nacional, 200.000 TN/año de acero corrugado y liso— es el único caso del período donde la inversión previsional financia producción nacional real. Su calificación A1 y sus vencimientos concretos la distinguen estructuralmente del grueso del portafolio soberano, cuyos plazos se extienden hasta casi tres décadas.
Apertura internacional. Entre septiembre y noviembre de 2024, el portafolio incorporó a BlackRock ETF, el Tesoro Americano (reclasificado), CAF, World Bank, BCIE, BID, JBIC, KDB, KfW y Korea Eximbank. En nueve meses se pasó de una contraparte internacional a diez. Aun así, representaban el 0,65% del fondo en junio de 2025.