La diputada Lissa Claros, de Alianza Libre, informó que continuará con acciones de fiscalización y confirmó que el Ministerio Público admitió denuncias penales contra el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, y el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly.
En ese marco, la legisladora anunció que solicitará la activación de alertas migratorias contra ambos, con el objetivo de garantizar su permanencia en el país mientras avanzan las investigaciones por presuntas irregularidades que habrían afectado a la población.
Claros explicó que las denuncias están relacionadas, en primer lugar, con supuestos contratos lesivos a los intereses del Estado; en segundo término, con la importación de gasolina en mal estado; y, finalmente, con presuntas fallas administrativas que —según afirmó— han generado perjuicios económicos y sociales.
“Estamos continuando con nuestro rol de fiscalización y vamos a seguir por la vía penal en contra de todos los responsables”, sostuvo la diputada. Al remarcar que las acciones buscan esclarecer los hechos y establecer responsabilidades.
Medinaceli
Asimismo, indicó que se espera que la justicia actúe con celeridad en este caso, considerando la sensibilidad del tema y su impacto en la población. Especialmente en un contexto marcado por cuestionamientos al abastecimiento y calidad de combustibles.
La legisladora también aseguró que, en su condición de denunciante, realizará un seguimiento exhaustivo a los procesos judiciales. Además, no descartó impulsar nuevas acciones si se identifican más elementos durante la investigación.
Finalmente, reiteró que la solicitud de alertas migratorias responde a la necesidad de evitar cualquier riesgo de evasión de la justicia. Así como para garantizar que las autoridades señaladas puedan responder ante las instancias correspondientes.