El Gobierno anunció el inicio de una auditoría integral a los arbitrajes internacionales en los que Bolivia es parte, luego de que quedara firme el fallo que obliga al Estado a pagar alrededor de $us 105 millones a BBVA Previsión. La revisión abarcará procesos en curso que, en conjunto, suman cerca de $us 800 millones.
“Respecto al caso que nos atañe hoy en día debo señalar que no solamente nos obliga a cumplir una decisión internacional, sino también a revisar de forma integral cómo se gestionaron estos procesos de arbitraje en las anteriores gestiones. El Estado ha iniciado un proceso de evaluación y auditoría a todos los arbitrajes internacionales de los cuales el Estado Plurinacional ha sido parte y ha actuado como demandado”, informó el subprocurador de Defensa y Representación Legal del Estado, Roger Longaric.
La decisión se produce tras la sentencia del Tribunal Supremo de los Países Bajos, que rechazó el último recurso de anulación presentado por Bolivia y dejó sin efecto cualquier vía adicional de impugnación. Con ello, la obligación de pago queda consolidada en el plano jurídico internacional.
El subprocurador Longaric explicó que la auditoría tendrá tres objetivos: establecer cómo se gestionaron los arbitrajes, identificar posibles fallas estructurales de la gestión jurídica administrativa del Estado y fortalecer la defensa estatal en los procesos vigentes.
Asimismo la autoridad indicó que esta auditoria permitirá determinar eventuales responsabilidades en la conducción de la defensa jurídica del Estado.
“Una vez identificados los responsables, tengan la certeza de que el Estado, a través del Gobierno nacional, iniciará las acciones correspondientes para poder recuperar el daño económico causado al Estado”, indicó.
El caso BBVA
El procurador general, Hugo León Lafaye, detalló que el conflicto con BBVA se inició en 2017, cuando la empresa activó una controversia en el marco del tratado bilateral de inversiones entre Bolivia y España. El arbitraje fue formalizado en 2018 ante el CIADI, y en 2022 un tribunal internacional emitió un laudo que determinó que Bolivia incumplió estándares como el trato justo y equitativo.
Tras ese fallo, el Estado recurrió a mecanismos de anulación que finalmente fueron rechazados en instancias internacionales. “El fallo quedó firme, definitivo e irreversible. Estamos por lo tanto ante una obligación jurídica consolidada”, enfatizó la autoridad.
El viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, José Horacio Valencia, sostuvo que el Gobierno trabaja en alternativas para cumplir la decisión judicial que obliga a Bolivia a indemnizar con $us 105 millones a BBVA sin afectar la economía.
“El Estado está evaluando y trabajando los canales correspondientes para encontrar una solución que no implique un impacto sobre nuestra economía. El Estado actúa y actuará en el marco de la ley y sus compromisos internacionales, también tiene la responsabilidad de defender los intereses de Bolivia en todo momento”, aseguró.
Por su parte el gerente de la Gestora Pública, Marcelo Fernández, aseguró que el fallo no compromete los fondos de los aportantes, al tratarse de un patrimonio autónomo destinado exclusivamente al pago de pensiones.
“Queremos ser muy claros en esta parte, a toda la población, a nuestros asegurados, aportantes y jubilados, de que el resultado del laudo arbitral no va a afectar a las pensiones. Los recursos que son administrados por la Gestora es un patrimonio autónomo, independiente, privado y tienen un destino específico que es el pago de las pensiones”, afirmó.