Bolivia inició un nuevo ciclo político con la posesión de más de 5.400 autoridades subnacionales, entre gobernadores, alcaldes, concejales, asambleístas departamentales y otras autoridades electas, que asumieron las funciones de sus mandatos de cinco años, hasta 2031, en medio de un cfisis económica que reduce los ingresos de las administraciones estatales.
El presidente Rodrigo Paz Pereira dijo este lunes en un acto público en La Paz que las nuevas administraciones heredarán instituciones «quebradas» y con limitaciones estructurales en sus finanzas, en un mensaje que marcó el tono de una transición territorial condicionada por la escasez de recursos.
La jornada estuvo marcada por actos simultáneos de juramento en los nueve departamentos del país, en un proceso que reconfigura el mapa político subnacional con la presencia de diversas fuerzas políticas al frente de gobernaciones y alcaldías.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, anunció la pasada semana que los gobiernos subnacionales recibirán presupuestos tensionados y proyecciones de ingresos inciertas, lo que obligará a replantear el gasto y a construir acuerdos para evitar trasladar los costos de la crisis a la población.
En ese escenario, el Ejecutivo impulsa la idea de un pacto nacional que articule a gobernaciones, alcaldías, universidades y el propio Gobierno central en torno a un ajuste coordinado.
La propuesta se inserta en el debate del Presupuesto General del Estado reformulado 2026, que deberá ser aprobado por una Asamblea Legislativa fragmentada, donde el oficialismo no tiene mayoría asegurada.
Al mismo tiempo, los gobernadores electos han puesto sobre la mesa la demanda de una redistribución equitativa de los ingresos fiscales bajo el esquema denominado «50-50», que busca equilibrar la asignación de recursos entre el nivel central y las regiones.