La crisis económica que golpea a las regiones volvió a poner sobre la mesa un viejo reclamo de Tarija al nivel central del Estado. Durante el encuentro nacional convocado por el presidente Rodrigo Paz en la ciudad de Cochabamba, alcaldes, gobernadores y autoridades subnacionales coincidieron en la necesidad de encontrar mecanismos urgentes para aliviar la asfixia financiera de municipios y gobernaciones.
La propuesta que más repercusión generó, y apoyo, fue la lanzada por el alcalde de Tarija, Johnny Torres Terzo, quien volvió a pedir la devolución del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) retenido por la Ley 767, una norma que desde 2015 descuenta recursos de las regiones para alimentar el Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH).
El planteamiento no es nuevo, pero ahora resurge con más fuerza en medio de una caída sostenida de ingresos, dificultades para cubrir gastos corrientes y un creciente cuestionamiento sobre la utilidad real de ese fondo, tomando en cuenta que Bolivia no ha logrado nuevos descubrimientos hidrocarburíferos de gran magnitud en casi una década. Pero la retención se ha mantenido.
Una ley para impulsar la exploración
La Ley 767 fue promulgada en diciembre de 2015 durante el gobierno de Evo Morales con el objetivo de financiar proyectos de exploración y explotación hidrocarburífera.
La normativa estableció la retención del 12% del IDH que recibían gobernaciones, municipios y universidades públicas, recursos que serían destinados al FPIEEH para garantizar nuevas inversiones petroleras y revertir la caída de reservas de gas natural.
En teoría, el fondo debía convertirse en el motor para encontrar nuevos campos hidrocarburíferos y sostener la economía nacional basada en el gas. Sin embargo, las autoridades regionales cuestionan que, pese a los años transcurridos y los millonarios recursos retenidos, los resultados no han sido visibles.
El único beneficio que reconocen las regiones fue la reasignación de parte de esos recursos durante la pandemia del Covid-19 mediante la Ley 1307 del año 2020, cuando alrededor de 200 millones de dólares fueron redistribuidos a municipios, gobernaciones y universidades para atender la emergencia sanitaria.
Fuera de ello, la percepción en Tarija es que los recursos desaparecieron en medio de la crisis económica nacional, mientras las regiones continuaron perdiendo capacidad financiera.
Torres: “Necesitamos oxígeno”
Durante el encuentro nacional en Cochabamba, el Alcalde de Tarija fue uno de los más enfáticos en cuestionar la continuidad del descuento del 12%.
La autoridad sostuvo que municipios y gobernaciones necesitan una “bocanada de aire” para afrontar los próximos meses y afirmó que el Gobierno debe suspender inmediatamente esa retención.
“Debemos parar el descuento del 12% al IDH, que es la Ley 767, que lo único que hace es quitarle a los municipios año por año 12 por ciento. ¿Rumbo a qué? A un fondo de exploración petrolera. ¿Cuál exploración? ¿Qué se ha hecho? ¿Dónde está el dinero?”, cuestionó.
El Alcalde dejó entrever dudas sobre el destino real de esos recursos y sugirió que pudieron haber sido utilizados para sostener la subvención a los combustibles y afrontar la crisis energética.
“Creo que el gobierno que se fue gastó eso comprando combustibles y pagando la subvención”, afirmó.
Torres señaló que, en el caso de la Alcaldía de Tarija, la devolución inmediata de esos descuentos podría representar alrededor de 50 millones de bolivianos, recursos que permitirían aliviar parcialmente la crítica situación económica.
Incluso planteó abrir el debate sobre una reforma estructural del pacto fiscal y cuestionó el centralismo financiero que concentra la mayor parte de los tributos en el nivel nacional.
“No puede ser que del 100% de los tributos de mi ciudad, el 75% se vaya al centralismo”, reclamó.
Tarija siente la caída hidrocarburífera
La preocupación de Tarija tiene un trasfondo más profundo. Durante décadas el departamento fue el principal productor de gas natural del país y gran parte de su economía se sostuvo sobre las regalías y el IDH.
Sin embargo, la caída de la producción hidrocarburífera y la disminución de exportaciones redujeron los ingresos regionales.
Desde la Gobernación consideran que el descuento del 12% terminó agravando aún más la crisis financiera del departamento.
El secretario de Economía y Finanzas de la Gobernación, Fernando Romero, coincidió con el planteamiento de suspender la aplicación de la Ley 767 y devolver los recursos retenidos.
Romero sostuvo que la normativa no logró revertir la crisis estructural del sector hidrocarburífero y recordó que la producción de gas cayó aproximadamente un 50% en la última década.
“Eso no ha recuperado ni las reservas ni la exportación, mucho menos. Por ello tenemos menos dólares y estamos con la crisis cambiaria y de liquidez en la economía”, afirmó.
La autoridad departamental señaló que Tarija fue uno de los departamentos más perjudicados por la norma debido a su dependencia de la renta petrolera.
“Para Tarija específicamente hay impactos negativos muy profundos. Menores ingresos inmediatos para la Gobernación y municipios que dependen fuertemente de la renta petrolera”, enfatizó.
Romero considera que el Gobierno nacional difícilmente podrá devolver de inmediato los recursos retenidos, debido a la situación económica actual, pero sí cree viable suspender el descuento del 12% para evitar que continúe la pérdida de ingresos regionales.
El debate sobre el pacto fiscal
Las declaraciones de Torres también reabrieron el debate sobre el pacto fiscal y la distribución de competencias entre niveles de gobierno.
El Alcalde cuestionó que municipios y gobernaciones tengan responsabilidades parciales en áreas como salud y educación, mientras el control financiero y administrativo continúa concentrado en el nivel central.
“Un cuerpo que tiene dos cabezas se llama monstruo”, sostuvo al criticar la fragmentación institucional.
La discusión apunta a redefinir las competencias y la distribución tributaria entre el Estado central y las regiones, una demanda que desde hace años impulsan departamentos como Tarija y Santa Cruz.
La ley para devolver el 12%
En paralelo al debate político, la Brigada Parlamentaria de Tarija anunció la presentación de un proyecto de ley destinado a suspender la aplicación de la Ley 767 y restituir los recursos retenidos.
El diputado tarijeño Rodrigo Fuenzalida explicó que la propuesta busca corregir una política que, según afirmó, perjudicó económicamente a las regiones sin generar resultados en exploración hidrocarburífera.
El legislador señaló que desde la creación del fondo se habrían retenido alrededor de 600 millones de dólares a las regiones del país.
Sin embargo, sostuvo que pese a inversiones superiores a los 1.000 millones de dólares en el sector hidrocarburífero, Bolivia no logró descubrimientos que permitan revertir la caída de reservas de gas.
En el caso específico de Tarija, Fuenzalida estimó que aproximadamente 68 millones de bolivianos deberían ser restituidos a la Gobernación, municipios y la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho.
Incluso planteó la necesidad de abrogar completamente la Ley 767, al considerar que no generó beneficios tangibles para el país.