Canciller: «Esta movilización tiene financiamiento del crimen organizado internacional»

El gobierno llamó al cuerpo diplomático acreditado en el país para coordinar las acciones de asistencia de sus ciudadanos porque considera que el actual conflicto tiene un financiamiento del crimen internacional, así lo aseguró el canciller boliviano Fernado Aramayo.

“Esta es una violación a los derechos humanos, esto tiene financiamiento del crimen organizado internacional, esto no se financia solamente con los recursos propios, esto es algo financiado para desestabilizar al Gobierno”, acusó el jefe de la diplomacia boliviana.

Desde hace dos semanas, el Gobierno soporta un asedio de las organizaciones sociales, encabezadas por la COB, en la ciudad de La Paz. En un principio presentó su pliego con una demanda de incremento salarial. El Gobierno le respondió que ese incremento ya se dispuso al inicio del año.

“Una coincidencia, justo cuando empezamos a asestar golpes certeros al narcotráfico, al crimen organizado, a importantes líderes del narcotráfico como el señor Marset, de carteles de la droga, el señor (Evo) Morales sale con sus movilizaciones, esto no es coincidencia”, dijo el canciller.

A las movilizaciones de los sectores se sumaron otros conflictos que se fueron sumando y que acorralaron al Gobierno que no tiene una fórmula para salir del problema. Este jueves, en medio de un feroz enfrentamiento entre policías y mineros cooperativistas, el Gobierno llamó a la dirigencia para negociar con ellos sus demandas.

Aramayo informó también que ya se comunicaron con el Gobierno de Belice para informarle del fallecimiento de la ciudadana de ese país en la localidad de Desaguadero y dijo que ese tipo de sucesos no puede ser confundido con demanda social y anunció que habrá una investigación para encontrar a los responsables de esa muerte.

“No podemos permitir estos excesos, esto ya como decía tiene otro nombre, criminal, esto de no permitir que pasen vehículos transportando oxígeno que están poniendo en riesgo la vida en centros de salud, que no dejen brindar atención médica y una persona muera en frontera es criminal”, graficó Aramayo.

Sourceel deber

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