El analista Javier Gómez afirmó que la conflictividad social que atraviesa el país, con bloqueos que llevan más de 40 días, tiene su origen en una crisis económica que se arrastra desde 2014, cuando comenzaron a caer de manera sostenida los ingresos provenientes de la exportación de gas.
“El primer elemento que está presente es una larga crisis económica. No hay que olvidar que desde 2014 se han visto datos macroeconómicos que nos mostraban una caída muy brusca de ingresos vía hidrocarburos, exportación de gas, y ese elemento nos ha acompañado la crisis de la pandemia, la crisis política del 2019, la crisis de la pandemia y casi todo el gobierno de Luis Arce”, resaltó Gómez a Urgente.bo.
Gómez explicó que este agotamiento de la renta hidrocarburífera redujo la capacidad del Estado para generar empleo, invertir recursos y responder a las demandas sociales, situación que se agravó con la pandemia, el incremento de la deuda y la disminución de las reservas internacionales.
“Eso está pasando en Bolivia, en los hogares, empresas y en el Estado. Está mostrándonos un agotamiento de un tiempo, el agotamiento del tiempo de la renta hidrocarburífera”, resaltó el experto.
El país dependió fuertemente de los hidrocarburos durante aproximadamente 15 a 20 años. La dependencia de la economía, las exportaciones y los ingresos fiscales respecto al gas natural marcó un ciclo que comenzó a declinar con fuerza a partir de 2014 y 2015.
Para Gómez, la actual ola de movilizaciones y bloqueos responde a una acumulación de problemas económicos y sociales que terminaron expresándose en el ámbito político.
“Hemos tenido casi 20 años, o alrededor de 15 años, en los que el Estado pasó de invertir 600 millones de dólares, como ocurría en los años 90, a invertir hasta 4.000 millones de dólares. También pasó de emplear a 250 mil trabajadores a cerca de 600 mil. Entonces, toda esa economía está en crisis. Cuando decimos que existe una crisis hidrocarburífera, no se trata solamente de un dato político, sino de un problema profundamente económico. Ese dato económico afecta a los hogares, a las empresas y, lógicamente, al aparato estatal. Eso está en crisis”, resaltó.
Por otro lado, Gómez señaló que, tras las elecciones subnacionales, distintos sectores que esperaban acceder a espacios de decisión, empleo o influencia en la administración pública quedaron fuera de esas estructuras, lo que coincidió con el surgimiento de nuevas demandas sociales desde abril.
“Desde abril, casualmente, comienzan las demandas sociales. La demanda de la COB no era tan fuerte, porque ya se había hecho un aumento salarial hace un año. Sin embargo, se fueron acumulando otros conflictos, como el de la Gobernación de La Paz, donde no se desarrolló la segunda vuelta”, señaló.
El analista remarcó que detrás de la disputa política existe un problema estructural de empleo. Gómez indicó que gran parte de la población enfrenta condiciones laborales precarias y altos niveles de informalidad, por lo que un empleo público continúa siendo una alternativa valorada por miles de familias.
“El tema político parece ser excesivamente escabroso. En realidad la capacidad que tenían las dirigencias para definir empleos, la capacidad que tenían las dirigencias sociales para decir vamos a tener una parte de Emapa, Yacimientos o BoA, (…) esa es la capacidad que ha tenido con muchos recursos de poder responder a las necesidades de empleo. No hay empleo en Bolivia”.
Asimismo, sostuvo que Bolivia construyó una importante capacidad estatal gracias a la renta de los hidrocarburos, pero no logró generar nuevas fuentes de riqueza con el mismo alcance redistributivo. Gómez aseguró que el Gobierno enfrenta dificultades para responder a las crecientes demandas sociales.
“Yo creo que hemos construido con la renta de hidrocarburos mucha capacidad del Estado para contratar y poca capacidad para generar riqueza, nueva riqueza. Entonces al tener mucha dependencia de los hidrocarburos en este momento estamos incapaces de responder a la gente”, finalizó.