Si bien para iniciar la reconstrucción y estabilización de la economía, se proyectaba una cifra de por los menos de 10 mil millones de dólares, los 50 días de bloqueos provocarán más requerimiento de recursos, y la propuesta empresarial de crear un fondo para dar liquidez a los emprendimientos, demandará una suma de por lo menos de 17 millones, según el economista y docente de la Universidad Técnica de Oruro (UTO), Ernesto Bernal.
Mientras el analista económico Fernando Romero señaló que se deberá determinar los recursos para el fondo de estabilización, pero se deberá sumar a los 10.000 millones de dólares que requiere la economía, contemplando las pérdidas económicas de los 51 días.
Pero ahí se deberá restar los fondos que se tenían para la estabilización en el ámbito fiscal y monetario, apuntó.
Diagnóstico
Bernal recuerda que la economía boliviana ya venía golpeada por la falta de dólares y combustibles. El bloqueo de carreteras fue crítico sobre la estructura debilitada del país.
En ese contexto, el Gobierno deberá ver cuánto será el costo real de la reconstrucción de la economía boliviana, aunque hay pérdidas directas, ya que la medida aplicada hizo perder el valor agregado.
La semana que terminó, la Cámara Nacional de Comercio (CNC) presentó su propuesta para volver a reactivar la economía y dentro de ella propone una inyección de 3.000 millones de dólares; mientras que la Cámara Nacional de Industrias (CNI) sugirió 13.800 millones de bolivianos para apoyar a las empresas y al mantenimiento de los empleos.
Asimismo, planteó la creación de un bono de 1.000 bolivianos para las familias más necesitadas y su uso a través de la billetera móvil para el consumo de productos hecho en Bolivia; paralelamente, la CNC sugirió la activación del programa Consume lo Nuestro, no solo para los productos nacionales si no también para los importados.
Por ello, Bernal reitera que los recursos para el fondo roza entre 16 a 17 millones de dólares en el mediano plazo.
Créditos
También el apoyo al sector productivo y emprendedor tiene que ser abriendo líneas de crédito con organismos internacionales, así como lo venía haciendo la actual administración del Estado.
Además, se tiene que trabajar en la recomposición de las cadenas de suministro, pero va haber mayor presión inflacionaria y cambiaria debido a que los bloqueos destruyeron la oferta de productos, reflexionó Bernal.
Plan
Con referencia al plan de salvataje que hicieron referencia algunos sectores económicos, que tiene que ver con la inyección de liquidez o créditos de reconversión, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) debería crear líneas de crédito de emergencia con tasas de interés concesionales, es decir bajas y con períodos de gracia de por lo menos de 6 meses, recomendó el docente de la UTO.
Pero eso no se queda ahí, sino que tiene que implementarse un alivio tributario y la postergación de obligaciones. “Las empresas hablan de perdonazo y prórroga en el pago de impuestos”, señaló.
Así también debe haber la liberación de divisas y garantizar el abastecimiento de combustibles. Las empresas han expresado que se debe autorizar la libre importación de carburantes. En esa línea, Bernal apoya la iniciativa y sostiene que se debe analizar el costo que implicará la compra y la venta.
Alertó que el Gobierno debe dar respuestas en el corto plazo, de lo contrario las pérdidas no sólo serán económicas, sino también sociales, ya que el número de personas desempleadas se incrementará.
Posición empresarial
Por otra parte, la Federación de Empresarios Privados de La Paz (Feplp) expresa su respaldo con la intervención constitucional y el estado de excepción dictado por el Órgano Ejecutivo y celebra al reciente acuerdo alcanzado con la Central Obrera Boliviana (COB), que permite restablecer el orden público, la paz social y la seguridad jurídica, un paso fundamental para garantizar el derecho al trabajo de todos los habitantes de nuestro país.
Sin embargo, es imperativo visibilizar el profundo impacto económico que han sufrido nuestras unidades productivas, tras 50 días de paralización forzada. La crisis ha golpeado de manera transversal a todo el tejido empresarial paceño, dejando afectaciones críticas en sectores clave como: transporte pesado, industria, turismos y hotelería, construcción; educación, gastronomía, comercio y servicios, entre otros, señala el comunicado de la Feplp.
“Frente a ese escenario, los empresarios paceños reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable de apoyar la reconstrucción económica de la región. Así como tuvimos el valor de resistir estos 50 días para preservar el empleo, hoy estamos prestos a seguir trabajando. Sin embargo, no es posible retomar la senda del crecimiento sin el auxilio del Estado”, sostiene el documento.
En ese sentido, la Feplp plantea con urgencia la co-creación de una Agenda de Reactivación Integral basada en las siguientes propuestas generales: fondo de reactivación, alivio de cargas y pausa tributaria; flexibilización de las obligaciones impositivas y fiscales devengadas durante los días de conflicto, otorgando prórrogas y planes de pago sin multas ni intereses; líneas de crédito de emergencia: acceso a financiamiento blando y créditos de reactivación con periodos de gracia reales para inyectar liquidez inmediata a los sectores más golpeados, especialmente transporte y turismo.
Asimismo, propone incentivos para la Promoción Turística y Comercial mediante el lanzamiento de campañas estatales y alianzas público-privadas para atraer visitantes y reactivar el consumo de productos y servicios hechos en La Paz.
Paralelamente, piden garantías de libre transitabilidad, con la implementación de mecanismos permanentes que aseguren el libre flujo en las carreteras para evitar que el sector industrial y de transporte vuelvan a quedar desprotegidos.
Finalmente, un incentivo para el desarrollo y fortalecimiento de plantas productoras de oxígeno, pollo, insumo de productos lácteos, fortalecimiento de sector agrícola y pecuario del departamento de La Paz.
“Para viabilizar esas soluciones, la Feplp ha elaborado una propuesta de reactivación para el empresariado paceño y solicita formalmente al Gobierno nacional la instalación inmediata de Mesas de Trabajo Técnicas y Reuniones de Coordinación. Es fundamental convocar a los Ministerios del área económica y productiva, junto a los representantes de los sectores industrial, comercial, de transporte y turismo, para delinear acciones conjuntas de ejecución inmediata que permitan levantar la economía paceña”, indica el escrito.
En tanto, la Cámara de Industrias, Comercio y Turismo (Cainco) Santa Cruz manifiesta su apoyo a la medida y asegura que el estado de excepción rige en todo el territorio nacional y busca restablecer el libre tránsito y garantizar el abastecimiento de productos esenciales.
Prohíbe el bloqueo de calles, avenidas, caminos y carreteras, así como el uso de armas, explosivos y elementos violentos; no suspende derechos fundamentales. El comercio formal e informal, los mercados y los puntos de venta continúan operando con normalidad; las Fuerzas Armadas brindan apoyo temporal a la Policía Boliviana para proteger rutas estratégicas, resguardar la infraestructura esencial y asegurar el abastecimiento; y su vigencia es de noventa días y podrá levantarse antes si cesan los bloqueos y las causas que motivaron su aplicación, detalla la Cainco.
“Bolivia necesita caminos abiertos, abastecimiento garantizado y un horizonte de certidumbre para volver a producir”, expone el comunicado de Cainco a tiempo de reafirmar su confianza en el diálogo, en la institucionalidad democrática y en la capacidad del país para transformar este momento en un punto de partida hacia la recuperación.
Pérdidas
Desde una perspectiva económica, el Decreto Supremo 5636 busca reducir las pérdidas acumuladas por aproximadamente 51 días de conflictos sociales que habrían generado daños por encima de los 3.000 millones, equivalentes a alrededor del 5% del Producto Interno Bruto (PIB) de 2025, de acuerdo con Romero.
El decreto intenta restablecer la libre circulación, proteger las cadenas logísticas y evitar mayores interrupciones en la producción y el comercio exterior. También faculta medidas extraordinarias sobre infraestructura estratégica y servicios financieros en determinadas zonas de intervención, complementa.
“En términos prácticos, el éxito económico del estado de excepción dependerá de que logre reducir la conflictividad, restablecer el abastecimiento y recuperar la confianza de consumidores, empresarios e inversionistas, evitando al mismo tiempo generar mayores incertidumbres institucionales”, asegura.
Aspectos de
la medida
Desde una perspectiva económica, el estado de excepción podría generar tres beneficios importantes: restablecer la libre circulación y las cadenas logísticas, permitiendo el transporte de combustibles, alimentos, medicamentos y mercancías; reducir las pérdidas económicas futuras, evitando que los bloqueos continúen afectando exportaciones, producción y comercio, en un contexto donde el daño acumulado nos podría llevar a una recesión cercana al 3%; y mejorar parcialmente las expectativas de los mercados, ya que la recuperación del orden público puede contribuir a estabilizar el riesgo país, disminuir la incertidumbre empresarial y facilitar la reactivación gradual de las inversiones y del comercio interno, sostiene Romero.
Por otro lado, presenta riesgos: mayor incertidumbre para la inversión privada, ya que medidas extraordinarias pueden ser interpretadas por algunos agentes económicos como un incremento del riesgo institucional; posibles afectaciones temporales a determinadas actividades económicas, especialmente aquellas relacionadas con restricciones de circulación, reuniones o funcionamiento de servicios en zonas específicas; e incremento del gasto público, debido al despliegue operativo de fuerzas de seguridad y recursos extraordinarios del Estado, en un contexto donde Bolivia ya enfrenta un déficit fiscal del 12,2% del PIB y elevados niveles de endeudamiento público, advierte.
“Si el estado de excepción se prolonga sin una estrategia económica integral, los costos podrían superar parte de los beneficios esperados”, concluyó.
Planteamiento para la recuperación
El Gobierno debería implementar un programa especial de recuperación dirigido a los sectores más afectados, incluyendo agroindustria, minería, transporte, comercio, turismo, gastronomía, industria manufacturera, entre otros. Este programa podría contemplar créditos blandos, refinanciamiento de obligaciones financieras y facilidades tributarias temporales para preservar empresas y empleos.
También la recuperación económica requiere restablecer rápidamente las cadenas de suministro. Para ello, el Gobierno debería coordinar con sectores productivos, gobiernos subnacionales y transportistas un plan especial para garantizar el abastecimiento de combustibles, alimentos, medicamentos e insumos industriales. Reducir los cuellos de botella logísticos permitirá disminuir las presiones inflacionarias y recuperar la actividad comercial. Asimismo, será necesario acelerar los procesos aduaneros y facilitar las operaciones de exportación e importación que fueron retrasadas durante los bloqueos.
La limitada disponibilidad de divisas constituye uno de los principales desafíos macroeconómicos del país. Resulta necesario incentivar las exportaciones (sector duramente golpeado), atraer inversiones extranjeras (desahuciadas por los conflictos) y promover mecanismos que incrementen el ingreso de dólares a la economía. Paralelamente, deben fortalecerse las reservas internacionales mediante una gestión prudente de los recursos externos y una política fiscal responsable.
Una medida efectiva para apoyar la recuperación consiste en acelerar proyectos de infraestructura y mantenimiento con alta capacidad de generación de empleo. Obras en caminos, sistemas de riego, infraestructura urbana y proyectos productivos pueden dinamizar la economía local y regional. Este tipo de inversiones tiene efectos multiplicadores sobre el empleo, la demanda interna y el crecimiento económico. Sin embargo, deben priorizarse proyectos con alta rentabilidad social y financiera para evitar mayores presiones sobre las cuentas fiscales.
La experiencia internacional demuestra que las crisis prolongadas afectan significativamente la confianza económica. Por ello, el Ejecutivo debería promover un acuerdo nacional entre sectores productivos, trabajadores, gobiernos subnacionales y organizaciones sociales para reducir la conflictividad y garantizar la libre circulación económica.
La estabilización económica requiere equilibrar sostenibilidad fiscal y protección social. Se debería avanzar gradualmente hacia una reducción del déficit fiscal mediante mejoras en la eficiencia del gasto público y fortalecimiento de la administración tributaria, evitando afectar la inversión productiva. (Fuente: Fernando Romero)