La discusión sobre los denominados «autos chutos» ha regresado con fuerza, luego de presentarse un proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa Plurinacional que plantea la nacionalización de más de 500.000 vehículos y maquinaria agrícola que actualmente circulan de manera irregular en el país, bajo el argumento de generar recursos económicos para afrontar la difícil situación fiscal.
La propuesta, impulsada por el diputado Reinaldo Seas, estima una recaudación cercana a los 6.000 millones de dólares. Según el proyecto, la mitad de esos recursos sería destinada a la construcción y mantenimiento de carreteras y la otra mitad a proyectos de inversión para los gobiernos municipales.
La iniciativa contempla además algunos filtros: solo podrán acogerse a la regularización los vehículos que no registren denuncias de robo en países vecinos y que demuestren haber ingresado a Bolivia antes del 1 de mayo de 2026. Referenciageográfica
Aunque todavía no existe una decisión definitiva, el Gobierno ha manifestado que está dispuesto a analizar técnicamente la propuesta, mientras el Legislativo comienza a abrir el debate.
Un debate con reacciones en Tarija
En Tarija, el presidente de la Brigada Parlamentaria, Gabriel Corvera, considera que el tema debe ser ampliamente discutido antes de asumir cualquier decisión.
El legislador reconoció que Bolivia enfrenta un problema estructural relacionado con el envejecimiento del parque automotor y la contradicción existente en la política tributaria, donde los vehículos más antiguos pagan menores impuestos pese a generar mayores impactos ambientales.
Sin embargo, advirtió que una eventual nacionalización también podría provocar conflictos con el sector del transporte y abrir un nuevo frente de discusión sobre la procedencia de muchos de estos vehículos.
«Es un tema que evidentemente hay que debatir. Puede beneficiar a un sector de la población y tal vez perjudicar a otro. No sabemos si es el momento adecuado», señaló.
Corvera también planteó que cualquier normativa debe contemplar mecanismos de coordinación con países vecinos para verificar el origen legal de los motorizados y evitar la regularización de vehículos robados o de dudosa procedencia.
Como bancada parlamentaria anunció que en los próximos días sostendrán reuniones internas para fijar una posición oficial respecto al proyecto.
El transporte cierra filas de rechazo
Pero mientras el debate recién comienza en el ámbito legislativo, el rechazo ya es absoluto desde el transporte organizado.
El ejecutivo de la Federación del Autotransporte 15 de Abril, Gabriel Pérez, aseguró que la nacionalización de autos indocumentados representaría un duro golpe para quienes durante años invirtieron en unidades legalmente importadas.
«Legalizar lo ilegal no puede ser la solución», afirmó.
El dirigente considera que la medida generaría una competencia desleal para los transportistas formales y saturaría aún más el parque automotor nacional.
«No podemos aceptar que para conseguir recursos se perjudique a un sector que tanto esfuerzo hizo para renovar sus vehículos», sostuvo.
Sin embargo, el principal argumento del transporte apunta a un problema mucho más urgente: el abastecimiento de carburantes.
Más vehículos, ¿más combustible?
Para los transportistas, Bolivia todavía no ha logrado resolver la crisis de suministro de gasolina y diésel que afecta desde hace varios meses a distintas regiones del país.
Las largas filas en surtidores continúan siendo parte del panorama cotidiano, especialmente para el transporte pesado.
Pérez cuestionó que se pretenda incorporar medio millón de nuevos vehículos cuando ni siquiera existe combustible suficiente para atender al parque automotor actualmente legalizado.
«¿Qué combustible van a traer para todos esos vehículos? Primero deberían garantizar el abastecimiento y después recién hablar de nacionalización», cuestionó.
Según el dirigente, actualmente continúan registrándose extensas filas de cisternas en distintos surtidores del país, particularmente en Yacuiba, donde asegura que decenas de unidades esperan durante días para cargar diésel.
A ello se suma la incertidumbre por la flexibilización del tipo de cambio y el temor de que un eventual incremento en los costos de importación termine trasladándose nuevamente al precio de los carburantes.
El rechazo se extiende a nivel nacional
La posición asumida por el transporte tarijeño coincide con el pronunciamiento emitido por la Federación Especial del Transporte Libre de Cochabamba.
En un documento público, la organización expresó su rechazo a cualquier intento de amnistía o legalización de vehículos indocumentados mientras el Gobierno no garantice primero el abastecimiento regular de gasolina y diésel. Institucionesgubernamentales
Los transportistas cochabambinos sostienen que incorporar miles de nuevas unidades incrementaría aún más la demanda de combustibles subvencionados, afectando los costos de operación de todo el sector.
Asimismo, cuestionaron las actuales dificultades para acceder al carburante y advirtieron que, de no existir soluciones, asumirán medidas sindicales y legales.
Advierten de “lavado de dinero”
La Cámara Automotor Boliviana (CAB) considera ilegal e inviable una posible nacionalización de autos indocumentados en Bolivia. Además, relacionó a los vehículos indocumentados con mafias que realizan lavado de dinero. Desde el Gobierno no se descarta esa posibilidad.
“Quieren vender la idea de que es para la gente que no tiene recursos, que es una acción social, pero en realidad es un negociado, pues no solo hay autos pequeños, también hay avionetas, helicópteros, camiones, autos de lujo que no son para trabajar, es lavado de dinero”, manifestó Erick Saavedra, presidente de la CAB citado en Unitel.
El sector califica la intención como un crimen. Además, señala que existe un sector formal en la economía dedicada a la importación de motorizados.