La iniciativa presentada desde Santa Cruz para distribuir el 50% del Impuesto a las Transferencias (IT) entre el nivel central y las entidades territoriales autónomas nuevamente puso en el ojo de la tormenta la redistribución de los recursos públicos. Aunque la propuesta es vista como un paso para fortalecer las autonomías, desde Tarija advierten que su aplicación inmediata es poco viable por la delicada situación de las finanzas estatales y plantean que el país necesita primero un verdadero pacto fiscal.
El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, anunció que, junto al senador Leonardo Roca, presentará un proyecto de ley para convertir al Impuesto a las Transferencias (IT) en el primer tributo coparticipable bajo un esquema 50/50, de manera que aproximadamente Bs 3.600 millones de los Bs 7.300 millones que recauda anualmente este impuesto sean distribuidos entre gobernaciones, municipios y universidades públicas.
La propuesta pretende fortalecer financieramente a las entidades territoriales autónomas, muchas de las cuales atraviesan una severa crisis presupuestaria producto de la caída de ingresos por hidrocarburos, el incremento de costos operativos y la reducción de las transferencias nacionales.
Velasco sostuvo que la medida puede aplicarse sin poner en riesgo las finanzas públicas si el Gobierno racionaliza los recursos que actualmente destina a empresas estatales deficitarias, afirmando que el país debe priorizar el fortalecimiento de las regiones.
Lo ven difícil de aplicar
Desde Tarija, el secretario de Economía de la Gobernación, Fernando Romero, calificó la iniciativa como positiva en términos de descentralización fiscal, aunque advirtió que su implementación inmediata enfrenta serios obstáculos.
Explicó que el Gobierno central atraviesa una compleja situación económica marcada por un elevado déficit fiscal, escasez de divisas, mayores necesidades de financiamiento y una fuerte presión sobre el gasto público.
«Lo que menos le sobra al Gobierno central en este momento son recursos para redistribuir», afirmó.
Romero considera que retirar de forma inmediata la mitad de la recaudación del IT al Tesoro General de la Nación generaría mayores restricciones presupuestarias, por lo que plantea que cualquier redistribución debe realizarse de forma gradual y acompañada por una reforma integral del sistema fiscal.
Gobernaciones debilitadas
Pese a esas observaciones, Romero reconoce que una mayor coparticipación tributaria permitiría fortalecer a las gobernaciones, consideradas actualmente el nivel de gobierno con mayores dificultades financieras.
Recordó que las administraciones departamentales enfrentan competencias nacionales que continúan financiando con recursos propios, además de obligaciones crecientes en salud, mantenimiento vial, infraestructura y programas sociales.
En ese sentido, considera que una redistribución de ingresos podría traducirse en mayores inversiones en caminos, sistemas de riego, turismo, salud e infraestructura productiva.
Sin embargo, advirtió que el debate no debe limitarse únicamente al reparto de recursos.
El desafío del pacto fiscal
Romero sostiene que antes de implementar un esquema 50/50 es indispensable construir un nuevo pacto fiscal nacional, capaz de redefinir competencias, responsabilidades de gasto y mecanismos de distribución entre el Gobierno central y las entidades subnacionales.
Entre las interrogantes que plantea figura el criterio para distribuir los recursos.
«¿Cómo se repartirán esos Bs 3.600 millones entre más de 300 municipios, nueve gobernaciones y 11 universidades públicas? Ese criterio todavía no existe», cuestionó.
Asimismo, propuso comenzar con una redistribución inicial de entre 15% y 20%, incrementándola gradualmente conforme mejoren las finanzas públicas nacionales.
Un salvataje que no puede esperar
Aunque considera poco probable que la propuesta sea aprobada durante esta gestión, Romero advirtió que la crisis financiera de las gobernaciones y municipios exige respuestas inmediatas.
Recordó que el Presupuesto General del Estado 2026 aún enfrenta dificultades y lamentó que no se hayan incorporado medidas como la reducción de subsidios o la disminución del financiamiento a empresas públicas deficitarias, recursos que —a su juicio— podrían destinarse a fortalecer a las regiones.
También planteó avanzar en la conciliación de deudas históricas entre el Gobierno central y las gobernaciones, como el pago pendiente del 12% del IDH, además de crear un fondo nacional de estabilización y establecer nuevas transferencias condicionadas al cumplimiento de indicadores de eficiencia.
Para Romero, el fortalecimiento de las autonomías no pasa únicamente por repartir más recursos, sino por construir un modelo fiscal sostenible que garantice la viabilidad financiera de todos los niveles del Estado.
Municipios cuestionan la demora con el 50/50
A más de ocho meses del gobierno del presidente Rodrigo Paz, los gobiernos municipales han levantado la voz cuestionando que hasta la fecha no se haya efectivizado la propuesta del 50/50, que implicaba una redistribución de los recursos económicos entre el nivel central y los niveles subnacionales.
El presidente de la Asociación de Municipios de Tarija (AMT), Johnny Torres, incluso llegó a proponer al Gobierno la devolución del 12% del IDH retenido para incentivar la exploración hidrocarburífera, esto como una medida inmediata, mientras se debaten detalles de la propuesta 50/50.