La Fiscalía Departamental de La Paz informó que 335 personas son investigadas por hechos vinculados al conflicto que se extendió por 53 días entre mayo y junio, de las cuales 26 cumplen actualmente detención preventiva. Así lo reveló el fiscal departamental, Luis Carlos Torrez, quien precisó que las investigaciones continúan y que se ejecutan medidas para garantizar la comparecencia de los involucrados en cada proceso.
Torrez detalló que durante el conflicto se abrieron 114 casos y que, además, el Ministerio Público inició de oficio otras 75 investigaciones. “Tenemos una gran cantidad de 114 casos aperturados, 75 iniciados de oficio y una cantidad de 335 personas investigadas. Conforme al último dato, tenemos 26 personas que se encontrarían con detención preventiva”, dijo el fiscal.
Los bloqueos de carreteras comenzaron el pasado 6 de mayo, liderados por la Federación de Campesinos Túpac Katari y la Central Obrera Boliviana (COB), movimiento al que se sumaron poco después sectores leales al expresidente Evo Morales para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, que llevaba siete meses de Gobierno.
Los cortes de carreteras dejaron 22 personas fallecidas –19 terceros afectados por los bloqueos y tres de sectores movilizados–, según el reporte oficial de la Defensoría del Pueblo.
Vicente Salazar, secretario ejecutivo de la Federación Túpac Katari hasta hace poco, fue aprehendido y enviado por seis meses a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, acusado de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo y atentados contra la seguridad de los medios y servicios de transporte.
Mario Argollo, secretario ejecutivo de la COB, en cambio, mantiene un bajo perfil tras firmar un acuerdo con el Gobierno el 19 de junio, horas antes de que se declarara el estado de excepción que consolidó el levantamiento de los bloqueos.
La Fiscalía aún evalúa si lo citará a declarar o emitirá una orden de aprehensión en su contra. “La comisión de fiscales valorará y analizará cada uno de los elementos y, de ser pertinente, se emitirá una orden (de aprehensión) o, en su defecto, se lo citará a declarar”, explicó Torrez.
Morales, por su parte, permanece atrincherado en el Chapare desde noviembre de 2024 para evitar su detención por un proceso de presunta trata de personas.
Torrez remarcó que la Fiscalía trabaja de manera coordinada con la Policía Boliviana para asegurar la presencia de los investigados en los procesos.
ENCARCELADOS
La Fiscalía Departamental de La Paz informó que 26 personas fueron enviadas a la cárcel con detención preventiva por hechos relacionados con los bloqueos de carreteras.