El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, defendió la futura Ley de Inversiones como una herramienta para fortalecer la seguridad jurídica y evitar que decisiones políticas de corto plazo afecten el desarrollo económico del país.
Durante una exposición sobre el proyecto, la autoridad sostuvo que la normativa incorporará mecanismos que dificulten la reversión de inversiones mediante procesos de nacionalización, con el objetivo de generar mayor confianza entre inversionistas nacionales y extranjeros.
«Eso es un candado brutal porque ahora un tipo, salvo que tenga dos tercios en la Asamblea ganados y esa Asamblea sea absolutamente obtusa de asumir un costo en el presente de la nacionalización, cosa que ningún político quiere hacer. A los políticos les encanta asumir los beneficios y postergar los costos», afirmó.
Según Espinoza, las nacionalizaciones generan beneficios políticos inmediatos, pero sus efectos económicos terminan trasladándose a las siguientes administraciones.
«Hoy estamos pagando el costo de las nacionalizaciones después de 20 años. Hace 20 años nacionalizaron, recibieron todo el rédito político y el costo se transfirió 20 años adelante al gobierno siguiente», señaló.
Inversiones
El ministro explicó que otro de los ejes de la Ley de Inversiones será establecer criterios más amplios para valorar los activos de una empresa en caso de controversias o eventuales procesos de expropiación.
En ese sentido, indicó que ya no solo se tomarán en cuenta los activos físicos, sino también aquellos de carácter intangible, como el conocimiento, la propiedad intelectual o el valor de la innovación.
«Vamos a tener que valorar los activos en toda su dimensión. No solamente se produce con ladrillo o con fierro. Se produce también con ideas y con activos intangibles, y esos también van a tener que entrar en el costo cuando se valora la inversión», sostuvo.
Hidrocarburos
Espinoza también adelantó que la propuesta de modificación a la Ley de Hidrocarburos incluirá los distintos modelos de contratos que podrán suscribirse para impulsar nuevas inversiones en exploración y producción.
La incorporación de estas modalidades contractuales busca otorgar mayor claridad a las reglas de participación del sector privado. Así como facilitar el desarrollo de proyectos en un contexto marcado por la necesidad de incrementar la producción de hidrocarburos y atraer capitales al sector energético.