La comisión legislativa que investigó el caso “gasolina basura” identificó como uno de los principales responsables al exministro de Hidrocarburos Mauricio Medinaceli por haber autorizado la distribución de combustible sospechoso de estar desestabilizado sin que se realizaran los respectivos controles de calidad.
El diputado Carlos Alarcón dijo este lunes que el informe será remitido al pleno de la Cámara de Diputados para su consideración y posterior envío al Ministerio Público, debido a que también se detectó indicios de presuntos sobreprecios en la importación de combustibles y posibles responsabilidades penales. Alarcón señaló que, respecto a la gasolina desestabilizada, el informe concluye que existen presuntas responsabilidades en dos gestiones de gobierno y en dos administraciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), correspondientes al periodo comprendido entre octubre de 2025 y enero de 2026.
En el caso de Medinaceli, explicó que la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) había ordenado el precintado de cinco tanques de almacenamiento debido a sospechas sobre la calidad del combustible. Sin embargo, aseguró que una resolución ministerial permitió retirar esos precintos y distribuir la gasolina sin que previamente se efectuara los controles técnicos correspondientes. Asimismo, indicó que el informe también atribuye una presunta responsabilidad al exministro Alejandro Gallardo y al expresidente Luis Arce, debido a la emisión de decretos supremos que habrían permitido el ingreso al país de gasolina que no cumplía con los estándares de calidad requeridos.
Otro de los hallazgos apunta a fallas en los mecanismos de control de la ANH. Según Alarcón, tres empresas presentaron certificados que no detallaban los componentes esenciales para verificar la calidad del combustible. Posteriormente, los análisis técnicos detectaron un exceso de gomas y, en algunos casos, concentraciones elevadas de etanol.
El diputado también cuestionó el procedimiento aplicado durante las importaciones de emergencia. Precisó que, de 20 operaciones revisadas, 12 se realizaron sin contar previamente con los certificados de calidad, ya que la normativa vigente permitía presentar esa documentación hasta 10 días después del ingreso del combustible al país. “Cuando se hacía la verificación documental, el producto ya había sido comercializado. Es decir, la gasolina se distribuía primero y recién después se revisaban los certificados de calidad”, sostuvo.
Además de las observaciones sobre la calidad del combustible, Alarcón afirmó que la comisión detectó indicios de un presunto daño económico al Estado por posibles sobreprecios en los contratos de importación de petróleo crudo, gasolina y diésel.
Explicó que la investigación también abarca operaciones realizadas durante la gestión de Botrading y contratos suscritos con empresas como Trafigura y Vitol, cuyos costos y condiciones serán puestos a conocimiento del Ministerio Público para determinar si existieron responsabilidades penales.