A pocos días de la socialización del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (EEIA) del pozo exploratorio Domo Oso X-3, prevista para este fin de semana en la comunidad de Saicán en el municipio de Entre Ríos, la tensión vuelve a escalar en torno al proyecto hidrocarburífero impulsado por Petrobras y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Mientras la petrolera ultima los preparativos para cumplir con un fallo del Tribunal Agroambiental, organizaciones defensoras de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía denuncian irregularidades en el proceso, cuestionan los plazos otorgados para revisar la documentación técnica y advierten un intento de imponer el ingreso de la empresa sin una consulta previa a las comunidades.
El conflicto se reactivó luego de que el Tribunal Agroambiental rechazara suspender de forma definitiva el proyecto, pero ordenara a Petrobras realizar una socialización transparente del EEIA antes de continuar con las operaciones. En cumplimiento de esa resolución, la empresa convocó reuniones informativas para el viernes 31 de julio en Entre Ríos y el sábado 1 de agosto en la comunidad de Saicán, considerada el punto central del proceso de socialización.
Rechazan la socialización, piden consulta previa
Sin embargo, la convocatoria fue recibida con fuerte rechazo por parte del Comité de Defensa de Tariquía y de dirigentes del cantón Chiquiacá, quienes sostienen que la empresa entregó apenas una semana antes cinco tomos del estudio ambiental, imposibilitando un análisis serio por parte de las autoridades comunales.
Juan Mendoza, integrante del Comité de Defensa de Tariquía, calificó el procedimiento como una «burla» hacia las comunidades. Explicó que los documentos contienen información altamente técnica y que resulta imposible revisarlos, comprenderlos y explicarlos en tan corto tiempo.
«Han dejado más de cinco libros para analizarlos en una semana. ¿Cómo un dirigente va a leer toda esa documentación y explicarla a las comunidades? Es absurdo», cuestionó Mendoza, quien anunció que las organizaciones defensoras no asistirán a la socialización convocada por Petrobras.
El dirigente afirmó que las comunidades ya expresaron en reiteradas ocasiones su rechazo al ingreso de actividades petroleras a la zona y aseguró que mantendrán las vigilias y medidas de resistencia para impedir el avance del proyecto.
Además, denunció que la empresa estaría recurriendo nuevamente a «operadores políticos» para facilitar su ingreso al territorio, señalando que algunos antiguos dirigentes que antes defendían la reserva ahora respaldan el proyecto tras, según dijo, haber sido captados por la petrolera, entre ellos identificó a Rodrigo Altamirano, exconcejal de Entre Ríos. A su criterio, esta estrategia busca dividir a las comunidades para debilitar la oposición al emprendimiento hidrocarburífero.
“Entonces, el señor Rodrigo Altamirano, nosotros, en un principio, creíamos que era defensor, pero en un momento, yo personalmente le he escuchado decir, ‘las ayudas tenemos que recibirlas, ya sea del demonio o de Dios’. Entonces, ahí ya se ha podido ver que él no estaba firme en una decisión, pero nosotros, como defensores y como comunarios, que vivimos allá, que nosotros permanecemos día a día, nosotros estamos firmes en la lucha”, enfatizó.
Ausencia de consulta previa
Las críticas también alcanzan al contenido del fallo agroambiental. El asambleísta departamental Francisco Romero sostuvo que la resolución judicial únicamente obliga a realizar una socialización del estudio ambiental, pero no garantiza el cumplimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada reconocido por la normativa nacional e internacional.
Según Romero, ambos procedimientos tienen alcances completamente distintos.
Explicó que una consulta implica solicitar el consentimiento de las comunidades antes de ejecutar cualquier actividad que pueda afectar su territorio, mientras que una socialización se limita a informar un proyecto cuya ejecución ya estaría encaminada.
«La consulta previa debió realizarse antes. Esa etapa ya fue vulnerada y ahora pretenden reemplazarla con una socialización en un solo día, cuando un proyecto de esta naturaleza tiene cientos de páginas y no puede explicarse en unas cuantas horas», sostuvo.
El legislador afirmó que desde la Asamblea Departamental continuarán realizando seguimiento al caso y denunció que hasta el momento ninguna institución estatal ni las empresas petroleras coordinaron acciones con el ente legislativo de Tarija, pese a la magnitud del proyecto. También anticipó que, de persistir las vulneraciones, acudirán a instancias internacionales para denunciar la situación.
Un proyecto que ha dividido a comunidades
El proceso de socialización se desarrolla en un escenario marcado por posiciones contrapuestas dentro de la provincia O’Connor. Mientras la comunidad de Saicán respalda el ingreso de Petrobras y YPFB con la expectativa de generar empleo, regalías y movimiento económico en una región golpeada por la crisis, organizaciones ambientalistas y varias comunidades del cantón Chiquiacá mantienen su rechazo, advirtiendo que el proyecto provocará impactos irreversibles sobre las fuentes de agua y los ecosistemas vinculados a Tariquía.
Petrobras sostiene que cumple con el mandato judicial para informar el contenido del estudio ambiental, pero los defensores de Tariquía consideran que el proceso carece de las condiciones mínimas para garantizar una participación efectiva de las comunidades y reiteran su rechazo.