La Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley que dispone que el Gobierno Nacional pague los prediarios de los reclusos y el bono de vacunación a los trabajadores del sector salud. De esta manera, las gobernaciones ya no se harán cargo de este gasto.
En ese marco, se dispone que “no podrán efectuarse débitos automáticos ni transferir recursos por este concepto”.
La norma, denominada Ley de Adecuación del Financiamiento de Obligaciones Públicas, además, establece que los recursos para los diplomas de bachiller también sean una responsabilidad del nivel central del Estado.
Esto le permitirá al gobierno departamental de Tarija disponer de más de 13 millones de bolivianos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)
La gobernadora del departamento de Tarija, María René Soruco, destacó la aprobación, en grande y en detalle, de esta iniciativa, ya que permitirá fortalecer la autonomía departamental al evitar que las gobernaciones continúen financiando competencias que corresponden al nivel central del Estado.
“La autonomía no es solamente un discurso político, sino que tiene que ser la llave para el desarrollo de nuestro pueblo», recalcó la autoridad y aseguró que desde el inicio de su gestión uno de los principales objetivos fue defender los recursos del departamento.
Soruco recordó que la Gobernación impulsó una propuesta para frenar la transferencia de responsabilidades económicas hacia los gobiernos departamentales, iniciativa que fue presentada ante la Brigada Parlamentaria, la Presidencia de la Cámara de Senadores y en reuniones sostenidas con otros gobernadores del país.
A través de sus redes sociales, la Gobernadora detalló el efecto económico que tendrá esta ley si entra en vigencia. En la gestión 2025, para el bono vacunación la Gobernación desembolsó 8.270.015,53 bolivianos. Mientras que para los títulos de bachiller destinó un total de 482.700 bolivianos. Finalmente, paga el pago de los prediarios a los reclusos se erogaba 4.720.903, 09
Todo esto sumó un total de 13.473.618,62 bolivianos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos.
«Solamente podemos construir un país fortalecido desde las regiones, desde los departamentos y desde los municipios», sostuvo Soruco, quien añadió que este avance constituye el inicio de una nueva etapa en la consolidación del proceso autonómico y la defensa de los recursos de las regiones. La Gobernadora espera que el proyecto de ley ahora sea aprobado en la Cámara de Diputados, para que luego pase al ejecutivo nacional para su promulgación.
Lo que dice el proyecto de ley
En ese marco, la norma dispone que “serán financiados con recursos del Tesoro General de la Nación, inscritos en los presupuestos institucionales de las entidades competentes del nivel central del Estado” las siguientes obligaciones:
1. El costo del prediario y los gastos de funcionamiento del Régimen Penitenciario.
2. El Bono de Vacunación, los viáticos de vacunación, el escalafón al mérito y otros beneficios económicos de alcance nacional del sector salud creados mediante normativa del nivel central nacional
3. Las becas universitarias creadas o administradas en el marco de políticas y programas del nivel central del Estado
4. El mantenimiento y reposición de infraestructura deportiva de propiedad, administración o responsabilidad del nivel central del Estado así como aquellas comprendidas en programas nacionales a cargo de dicho nivel.
El próximo paso será aprobar el 50-50
La senadora Marcela Guerrero destacó la aprobación de la Ley de Adecuación del Financiamiento de Obligaciones Públicas.
Recalcó que el próximo paso será exigir al Gobierno Nacional un presupuesto menos centralistas para el 2027, y más enfocado en la redistribución de recursos, mediante el 50-50.
“El próximo presupuesto debe ser respondiendo a la demanda del 50-50”, dijo Guerrero, al recordar que los gobernadores y alcaldes se reunirán con el presidente Rodrigo Paz para hablar de este tema.