Las primeras mesas técnicas instaladas entre el Gobierno y la Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios (CBDI) dejaron un doble resultado. Por un lado, el Ejecutivo acordó mantener durante este mes los planes de pago para preservar la cadena de pagos del sector; por otro anunció procesos contra empresas que modificaron contratos previamente autorizados por la Dirección General de Defensa del Usuario y del Consumidor, para incorporar cláusulas consideradas abusivas.
Los anuncios fueron realizados por los ministros de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, y de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, quienes sostuvieron una reunión de trabajo con representantes de la CBDI para abordar las denuncias presentadas por compradores de terrenos y viviendas y establecer mecanismos que permitan preservar la actividad del sector, sin afectar los derechos de los consumidores.
Durante el encuentro también se analizó el impacto económico de la actividad inmobiliaria. Según la Cámara, el sector genera más de 130.000 empleos directos, alrededor de 300.000 indirectos y dinamiza cerca de 40 actividades económicas, razón por la cual ambas partes coincidieron en la necesidad de preservar la inversión, fortalecer el financiamiento habitacional y evitar una ruptura de la cadena de pagos.
Justiniano informó que las fiscalizaciones realizadas por Defensa del Consumidor identificaron casos en los que contratos inicialmente certificados como libres de cláusulas abusivas, fueron modificados posteriormente para eliminar garantías e incorporar condiciones desfavorables para los compradores.
“No se puede meter en la misma bolsa al sector inmobiliario serio con piratas que entraron al rubro para hacer las cosas mal y aprovecharse de las familias”, afirmó la autoridad, al señalar que las investigaciones continuarán caso por caso y que los primeros informes serán difundidos en los próximos días.
El ministro explicó que la existencia de un contrato no garantiza, por sí solo, su validez jurídica. Recordó que el certificado emitido por Defensa del Consumidor acredita únicamente que el documento revisado estaba libre de cláusulas abusivas, por lo que cualquier modificación posterior será evaluada técnicamente y, de comprobarse irregularidades, dará lugar a las acciones administrativas y legales correspondientes.
Por su parte, Espinoza ratificó que el Estado garantizará seguridad jurídica, tanto para las empresas como para los compradores que hayan celebrado contratos dentro del marco legal. Informó que, mientras concluye la revisión de los casos observados, se mantendrán durante agosto los planes de pago previamente acordados con las empresas afiliadas a la Cámara y continuarán las mesas técnicas destinadas a facilitar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y preservar la estabilidad del sector.
El ministro de Economía sostuvo que el propósito es diferenciar a las empresas que cumplen la normativa de aquellas que incurrieron en prácticas irregulares, preservando la confianza en un sector considerado estratégico por su aporte al empleo, la inversión y el acceso a la vivienda. En la misma línea, la CBDI expresó su disposición de continuar trabajando de manera coordinada con el Gobierno para construir una nueva agenda orientada a fortalecer el financiamiento habitacional, incentivar la inversión privada y consolidar una política de vivienda que contribuya a la reactivación económica.