La jornada de este miércoles, desde el Comité pro Santa Cruz informaron que la Justicia otorgó un plazo de cinco días al Ministerio de Salud para que cumpla con el pago de las deudas que mantiene con centros privados de diálisis, luego de una acción de libertad presentada en defensa de los pacientes renales.
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, dijo que la resolución fue emitida después de aproximadamente un mes y medio. Según explicó, la deuda acumulada supera los ocho meses de servicios prestados por las unidades privadas de hemodiálisis, situación que pone en riesgo la continuidad de la atención a los pacientes.
“Ha tenido que ser la Justicia una vez más la que ordene al Gobierno central, al Ministerio de Salud, que pague para que estos pacientes sean atendidos”, manifestó Cochamanidis en conferencia de prensa.
El cívico cuestionó además la actuación de las autoridades en Salud, a quienes reprochó no haberse presentado durante los aproximadamente 45 días de movilización protagonizada por los pacientes renales. Señaló que el conflicto tuvo que ser llevado nuevamente ante la Justicia para conseguir una respuesta.
Cochamanidis explicó que, en caso de incumplimiento, podrían activarse acciones por la vía penal contra la autoridad responsable. “Le pedimos encarecidamente a la ministra (de Salud) que de una vez por todas pague, que no espere los cinco días o busque una excusa para no hacerlo”, afirmó.
Desde el sector de los pacientes afectados alertaron que alrededor de 1.700 personas podrían quedar sin sesiones de diálisis a partir del 31 de agosto, debido a que no existe un convenio o una adenda vigente entre el Gobierno y las unidades de hemodiálisis.