La decisión de elevar a Bs 18 el litro de diésel para determinados consumidores abrió un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno y el sector agropecuario. La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) anunció que llevará su rechazo al Decreto Supremo 5676 a un congreso extraordinario nacional y advirtió que, si la norma no es abrogada, los productores definirán nuevas medidas de presión.
El congreso fue convocado para el jueves 27 de agosto, en la Asociación de Ganaderos y Lecheros de Warnes, con un único punto en agenda: la abrogación del DS 5676.
La posición de la CAO es contundente: considera que la norma es improvisada y discrimina al aparato productivo no solo de Santa Cruz, sino del país. “Este decreto tiene que ser abrogado por el bien de todos los bolivianos”, sostuvo, Klaus Frerking, presidente de la CAO, al cuestionar que la medida haya sido adoptada sin una socialización previa con el sector.
El punto de quiebre: dos precios para el diésel
El DS 5676, promulgado el 16 de agosto, establece un nuevo esquema de comercialización para determinados consumidores de diésel. El precio referencial inicial fue fijado en Bs 18 por litro, mientras que para otros usuarios se mantienen los precios regulados.
El Gobierno explicó que la medida busca disminuir la carga fiscal que representa la importación de combustibles y reducir el desvío de diésel subvencionado hacia el contrabando y el mercado paralelo.
La norma alcanza a los denominados clientes directos y grandes consumidores. El Gobierno los clasifica según su volumen mensual de compra: entre 5.000 y 19.999 litros para los clientes directos y más de 20.000 litros para los grandes consumidores.
YPFB, por su parte, sostiene que los usuarios directos que consumen entre 120 y 5.000 litros no tienen un incremento y que el precio se mantiene para ellos.
Para la CAO, sin embargo, el problema está precisamente en establecer un precio diferenciado en un sector que necesita grandes volúmenes de carburante para producir.
La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), por ejemplo, cuestionó que el límite de 120 litros permita desarrollar normalmente las labores agrícolas y advirtió que más del 80% de sus afiliados son pequeños productores.
El argumento central: el productor no fija el precio
La CAO sostiene que el impacto no quedará limitado a las cuentas de los productores. Su argumento es que el agro utiliza diésel prácticamente en todas las etapas de la cadena: preparación de terrenos, siembra, cosecha, transporte y comercialización.
Por ello, cualquier incremento del costo del carburante termina incorporándose a la estructura de costos de producción.
La dirigencia agropecuaria advierte que el aumento puede trasladarse a productos como maíz y sorgo, que son utilizados como insumos para alimentar aves, porcinos y ganado lechero.
El efecto, por tanto, podría recorrer toda la cadena: desde el productor agrícola hasta el alimento balanceado, las granjas, la industria y finalmente el consumidor.
“No podemos olvidar que el productor no pone el precio; el precio lo pone el mercado y el costo de producción”, es el argumento central planteado por la CAO.
La preocupación no es exclusiva de la organización cruceña. Los avicultores de Santa Cruz también advirtieron que el nuevo precio puede elevar los costos de transporte y generar mayor presión sobre los precios de mercado.
La CAO cuestiona la brecha entre Bs 9,80 y Bs 18
Uno de los mayores cuestionamientos de los productores es la coexistencia de dos precios.
El Gobierno mantiene el precio regulado de Bs 9,80 por litro para los consumidores que no están alcanzados por el nuevo esquema, mientras que para los grandes consumidores el valor referencial inicial llega a Bs 18. La diferencia es de Bs 8,20 por litro, equivalente a un incremento de aproximadamente 83,7% respecto al precio de Bs 9,80.
Para la CAO, esa brecha no necesariamente elimina el mercado negro. Por el contrario, puede generar nuevos incentivos para la especulación y el desvío.
La organización sostiene que mientras exista una diferencia importante entre el precio subvencionado y el precio referencial, persistirán incentivos para la intermediación irregular.
El Gobierno, en cambio, defiende la medida precisamente como un mecanismo para reducir la carga fiscal y combatir el desvío de carburantes. Ese es uno de los principales puntos de choque entre ambas posiciones.
Un agro que llega golpeado
El rechazo al DS 5676 no ocurre en un escenario normal para el sector. Frerking remarcó que el aparato productivo llega golpeado después de los bloqueos y problemas de abastecimiento de los últimos meses. En su evaluación, varias cadenas productivas se encuentran en una situación crítica.
La dirigencia menciona específicamente el retraso de la zafra cañera, la menor producción de trigo y las dificultades que enfrenta el sector avícola.
Los productores cañeros ya expresaron públicamente su rechazo al DS 5676 y protagonizaron protestas frente a oficinas de YPFB y del Ministerio de Hidrocarburos en Santa Cruz.
La Comisión Nacional de Productores Cañeros de Bolivia también se declaró en movilización y pidió dejar sin efecto la norma.
Para el sector agropecuario, el problema no es solamente el precio del diésel. Es que el incremento llega cuando todavía existen dificultades para conseguir el carburante.
La CAO sostiene que los productores continúan realizando largas filas y peregrinando para conseguir volúmenes que, en muchos casos, resultan insuficientes para sus operaciones.
El reclamo va más allá del combustible
El titular de la CAO, en conferencia de prensa aprovechó para colocar sobre la mesa una agenda productiva que el sector considera pendiente. Entre sus principales demandas están la liberación de la biotecnología, la eliminación de restricciones a las exportaciones, el fortalecimiento de los biocombustibles y modificaciones a las reglas de la Función Económica Social (FES). También plantea medidas tributarias extraordinarias.
La CAO propone eliminar temporalmente el IVA y el ITE como una medida de emergencia, con el argumento de que reduciría los costos de las actividades productivas y evitaría que esos impuestos terminen trasladándose a los precios finales.
Según la organización, la reducción de costos debe ser transversal y alcanzar a todos los sectores que participan en las cadenas productivas.
Biocombustibles: una alternativa al dólar
Uno de los planteamientos que vuelve a cobrar fuerza es el desarrollo de los biocombustibles. La CAO considera que Bolivia debería priorizar la producción nacional de etanol para reducir la necesidad de importar gasolina.
El argumento tiene una dimensión económica adicional: mientras la importación de carburantes requiere divisas, la compra de etanol producido localmente se realiza en bolivianos y genera actividad económica dentro del país.
El sector cañero, además, atraviesa actualmente su campaña productiva y ha advertido sobre la necesidad de garantizar combustible para la zafra.
Para la CAO, el desarrollo de los biocombustibles permitiría sustituir parte de las importaciones de combustibles, generar empleo y mantener circulando recursos dentro de la economía nacional.
La preocupación por la seguridad alimentaria
El punto que busca darle mayor peso político al reclamo de la CAO es la seguridad alimentaria. La organización sostiene que el sector agropecuario no puede ser tratado como un consumidor convencional de combustible porque el diésel constituye un insumo directo para producir alimentos.
El argumento es sencillo: si producir cuesta más, el precio final tenderá a subir.
La preocupación adquiere mayor relevancia en un contexto en el que Bolivia ya enfrenta presiones sobre los precios de alimentos y dificultades de abastecimiento de combustibles.
La CAO advierte que productos como maíz, sorgo, pollo, carne y leche forman parte de cadenas interconectadas, por lo que una modificación significativa en uno de los costos de producción puede trasladarse progresivamente hacia otros eslabones.
El agro pide competencia en el mercado de combustibles
Otro planteamiento de fondo es modificar el actual esquema de comercialización. La CAO sostiene que YPFB debería dejar de concentrar la comercialización y permitir una mayor participación privada.
El objetivo, según el sector, sería generar competencia entre empresas privadas, agroindustrias, industriales y otros operadores que puedan importar y comercializar combustibles. La lógica es que una mayor cantidad de oferentes permitiría comparar precios y servicios y reduciría la dependencia de un único proveedor.
La propuesta adquiere especial importancia en un momento en que el Gobierno ha comenzado a abrir espacios para la importación privada de combustibles como parte de su estrategia para enfrentar la escasez. El nuevo esquema también busca reducir la carga fiscal asociada a las importaciones realizadas por YPFB.
1,6 millones de empleos en juego, según la CAO
La dirigencia agropecuaria también pone sobre la mesa el peso laboral del sector.
Según la CAO, el aparato agropecuario genera alrededor de 1,6 millones de empleos a escala nacional.
La cifra es utilizada por la organización para advertir que las decisiones sobre el combustible tienen efectos que van más allá de los productores.
El sector considera que, en lugar de aplicar medidas que incrementen sus costos, el Gobierno debería adoptar políticas que permitan aumentar la producción, generar empleo y atraer divisas.
En ese sentido, la CAO plantea que el agro puede reaccionar rápidamente si cuenta con condiciones adecuadas para invertir y producir.
El 27 de agosto puede marcar un nuevo escenario
La CAO decidió trasladar el conflicto a una instancia nacional. El congreso extraordinario del 27 de agosto en Guarnes reunirá a la dirigencia agropecuaria y tendrá como único punto la exigencia de abrogar el DS 5676.
Si no existe una respuesta del Gobierno, serán los productores quienes definan las siguientes acciones.
La convocatoria llega después de que distintos sectores productivos —entre ellos cañeros y avicultores— expresaran su rechazo al nuevo esquema de precios.
Para la CAO, el debate ya no se reduce a cuánto cuesta un litro de diésel.
Lo que está en discusión, según el sector, es quién absorbe el costo de la crisis energética, cómo se financia el abastecimiento de combustibles y qué modelo productivo quiere impulsar Bolivia.
Mientras el Gobierno defiende los Bs 18 como una herramienta para reducir la carga fiscal y combatir el desvío de carburantes, el agro advierte que el precio diferenciado puede terminar trasladando el costo a la producción y al consumidor.
La respuesta del Ejecutivo en los próximos días será determinante. Si no existe un acuerdo, el congreso del 27 de agosto puede convertirse en el punto de partida de nuevas medidas de presión del principal sector productivo de Santa Cruz.