El sector de la construcción en Bolivia manifestó su rechazo y preocupación ante el decreto del gobierno central que incrementa el precio del diésel para grandes consumidores. Sergio Aramayo, presidente de la Cámara Departamental de la Construcción de Chuquisaca (Cadeco), y el past presidente Samuel Torres, advirtieron que esta medida golpea a la economía de las empresas y generará un proceso inflacionario y especulativo en el mercado.
Los dirigentes lamentaron que la disposición se haya tomado de forma unilateral, sin un consenso previo ni medidas de acompañamiento que minimicen el impacto o regulen la distribución del combustible.
Ambos precisaron en Correo del Sur Radio que a pesar de que la normativa apunta teóricamente a grandes consumidores, el impacto real ya se traslada a las empresas pequeñas y medianas. En los surtidores locales se advirtió que cualquier compra que supere los 200 litros será facturada al nuevo precio de Bs 18.
La medida afecta a firmas constructoras con consumos mensuales de entre 5.000 y 7.000 litros, volumen considerado extremadamente bajo para labores básicas como el movimiento de tierras. Además, el alza arrastra a toda la cadena productiva y perjudica de igual manera a proveedores de agregados y prefabricados cuyos consumos oscilan entre los 5.000 y 20.000 litros de diésel.
La crisis del precio se suma al desabastecimiento de combustible que obliga a las maquinarias y volquetas a realizar filas por varias horas, días e incluso de hasta una semana entera, en los surtidores.
Esta situación genera pérdidas económicas, ya que las empresas deben seguir pagando los salarios de los choferes inactivos en las colas. Paralelamente, Torres alertó que la brecha de precios fomentará un “microtráfico interno” de combustible, donde particulares comprarán diésel al precio subvencionado de Bs 9,80 para revenderlo informalmente a las constructoras, mientras que los alquiladores externos de maquinaria ya duplican o triplican sus tarifas de manera informal.
Este escenario se agrava por la rigidez de los contratos públicos en el país, que impide un reajuste oportuno de los costos de las obras. Los representantes explicaron que, a diferencia de otros países de la región que emplean fórmulas polinómicas para compensar las fluctuaciones del mercado, Bolivia mantiene esquemas fijos.
Si bien está vigente el Decreto Supremo 5597 para el reajuste de precios, este solo beneficia a los contratos firmados hasta finales de abril de este año. De esta manera, los nuevos proyectos licitados por entidades estatales y municipales se lanzan con precios referenciales desactualizados que no cubren los costos reales de ejecución.
La sumatoria del encarecimiento del diésel, la escasez, las deudas del gobierno central a través de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) —que arrastra un déficit de más de Bs 900 millones— y la devaluación del dólar, provocaron una parálisis masiva de obras y el cierre de empresas.
De hecho, se estima que más del 98% de las obras se encuentran paralizadas por falta de pago o reajuste. De las más de 150 empresas afiliadas a Cadeco Chuquisaca, hoy apenas unas 40 se mantienen vigentes con proyectos activos, por lo que los constructores instaron a las autoridades nacionales y locales a entablar canales de comunicación para evitar la quiebra definitiva de este sector.