El presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, respaldó la necesidad de “sincerar la economía”, pero advirtió que el proceso no puede limitarse a trasladar el costo del ajuste a la población mientras persisten distorsiones y problemas de abastecimiento.
“Coincidimos con el Presidente: hay que sincerar la economía. Pero sincerar no es una decisión que se le puede pedir a la sociedad; es una decisión de Gobierno”, afirmó Antelo.
El dirigente empresarial cuestionó particularmente que el diésel continúe teniendo diferentes precios según el tipo de consumidor. A su criterio, un verdadero sinceramiento debería eliminar esa diferencia y establecer un precio único para el combustible.
“Sincerar es un solo precio para todos, protección social para quienes sentirán el ajuste y reglas claras para que el privado pueda entrar y abastecer. Solo así una reforma se sostiene”, sostuvo.
Antelo resumió su crítica en una frase: “Hoy tenemos medio sinceramiento y entero desabastecimiento”.
La posición de Cainco se produce en medio de una economía boliviana que enfrenta simultáneamente varios desequilibrios: escasez de dólares, dificultades para financiar las importaciones, presión sobre las reservas internacionales, déficit fiscal y problemas de abastecimiento de combustibles.
La falta de divisas ha encarecido las operaciones de importadores y empresas que requieren dólares para adquirir bienes, maquinaria e insumos en el exterior. A esto se suma la crisis de combustibles, que golpea directamente los costos de transporte, producción agropecuaria, construcción, comercio y logística.
El problema del diésel tiene además una dimensión fiscal. Durante años, el precio interno de los carburantes estuvo sostenido mediante subvenciones, mientras la producción nacional de hidrocarburos disminuyó y Bolivia incrementó su dependencia de las importaciones. El resultado es una creciente presión sobre las cuentas públicas y sobre la disponibilidad de divisas necesarias para pagar las compras externas.
En este escenario, el Gobierno cone a modificar el esquema de precios y comercialización de combustibles. Sin embargo, el sector privado sostiene que cualquier reforma será insuficiente si no existe un abastecimiento regular y si se mantienen diferentes precios para distintos segmentos de consumidores.
Para Antelo, el desafío no consiste únicamente en subir o corregir precios, sino en construir un nuevo esquema que combine sinceramiento, protección social y apertura efectiva a la participación privada.
La advertencia empresarial apunta así a uno de los dilemas centrales de la economía boliviana: cómo retirar gradualmente las distorsiones acumuladas durante años sin provocar un impacto social mayor y, al mismo tiempo, garantizar que existan dólares y combustibles suficientes para que la economía pueda funcionar.