La industria boliviana de hidrocarburos está en “terapia intensiva”. Tiene un solo taladro perforando, frente a los 24 o 25 que operaban hace más de una década, perdió empresas y debilitó su capacidad para encontrar nuevas reservas.
El diagnóstico fue planteado por Mariano Ferrari, presidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE). Advirtió que las decisiones de las próximas semanas o meses definirán si el sector comienza a recuperarse o agrava su deterioro.
Ferrari explicó que la Cámara reúne a 50 empresas, cuando llegó a superar las 100. Cada taladro que deja de operar golpea a empresas de servicios y profesionales especializados. Varias firmas se fueron y otras evalúan su permanencia.
Para revertir la crisis planteó: recuperar la confianza, garantizar seguridad jurídica y aprobar una nueva Ley de Hidrocarburos que vuelva atractiva la inversión.
Un pozo exploratorio en el Subandino Sur puede costar alrededor de $us 100 millones sin garantizar un descubrimiento. Ningún inversor asumirá ese riesgo, sostuvo, si no tiene certeza sobre los contratos, estabilidad regulatoria y reducción de la burocracia.
Ferrari respaldó la eliminación de la subvención al diésel y propuso destinar esos recursos a pozos, instalaciones y refinerías. Aclaró que debe protegerse a los sectores vulnerables, pero insistió en reenfocar el gasto hacia la recuperación productiva.
También lanzó una advertencia: “Si hoy hablamos de diésel, muy pronto hablaremos del gas también”.
Resultados en cinco o siete años
El problema es el tiempo. Ferrari explicó que las inversiones realizadas ahora podrían reflejarse en producción dentro de cinco, seis o siete años. La exploración no ofrece resultados inmediatos y cada demora profundiza la caída de la actividad.
“La palabra urgencia resume el propósito”, sostuvo. La evolución de la industria dependerá de las medidas adoptadas en semanas o meses.
El deterioro puede provocar la salida de más empresas y acelerar la pérdida de personal experimentado.
Un artículo publicado por el economista y exministro Mauricio Medinaceli complementa el diagnóstico. Explica que Bolivia mantuvo casi congelados los precios de la gasolina y el diésel desde finales de 2004.
Uno de los mecanismos fue limitar a $us 27,11 por barril el valor reconocido al petróleo producido para el mercado interno. Mientras los costos internacionales aumentaban, esa referencia reducía los ingresos de la cadena y debilitaba los incentivos para explorar y producir.
Bolivia pasó así a depender más de combustibles importados, comprados en dólares y vendidos por debajo de su costo. El diésel barato amplió además la diferencia de precios con los países vecinos y creó oportunidades para el desvío, la reventa y el contrabando.
Ferrari pide actuar antes de que Bolivia pierda más empresas, capital y conocimiento. El Estado dejó de financiar el diésel barato; ahora debe convertir ese ahorro en inversión antes de que la recuperación se aleje otros siete años.