El 80,3% de los vehículos registrados en el servicio público boliviano usa gasolina, gas natural vehicular (GNV) o una combinación de ambos combustibles, mientras que el 19,7% funciona exclusivamente con diésel, según datos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) difundidos por el Gobierno tras la eliminación de la subvención al diésel.
De acuerdo con las cifras oficiales, el parque automotor del servicio público suma 202.182 vehículos. De ese total, 39.880 utilizan exclusivamente diésel, 67.815 gasolina, 29.290 GNV y 65.197 una combinación de GNV y gasolina.
En términos porcentuales, los vehículos que funcionan exclusivamente con diésel representan el 19,7%, mientras que los que utilizan gasolina, GNV o ambos alcanzan el 80,3%.
Los datos también muestran que 94.487 vehículos, equivalentes al 46,7% del transporte público, tienen capacidad para operar con GNV: 29.290 lo utilizan como único combustible y 65.197 lo combinan con gasolina.
El Gobierno utiliza estas cifras para sostener que el impacto directo del retiro de la subvención al diésel no alcanza de la misma manera a todo el transporte público, aunque la medida también puede tener efectos indirectos sobre el sector por el encarecimiento de servicios, transporte de carga y otros costos asociados al uso del carburante.
El diésel pasa de Bs 9,80 a Bs 17,95
El Gobierno anunció el 18 de septiembre la eliminación de la subvención al diésel y estableció un nuevo precio de Bs 17,95 por litro, frente a los Bs 9,80 que regían para el consumidor final bajo el anterior esquema de estabilización. El nuevo mecanismo vincula el precio interno con el costo internacional de importación.
La decisión busca, según el Ejecutivo, reducir la presión que representaba la importación de combustibles para las finanzas públicas, disminuir los incentivos al contrabando y garantizar el abastecimiento.
El presidente Rodrigo Paz explicó que el nuevo esquema pretende que el precio interno refleje el costo de adquisición del combustible en el exterior y afirmó que, si las cotizaciones internacionales disminuyen, el precio en Bolivia también podrá bajar.
El Ministerio de la Presidencia sostiene que el Estado destinaba alrededor de 55 millones de dólares semanales a la subvención de combustibles, equivalente a unos 2.600 millones de dólares al año. El Gobierno plantea que los recursos que deje de destinar a este mecanismo puedan orientarse a infraestructura, salud, educación y producción.
El Gobierno cuestiona la distribución del beneficio
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, defendió la eliminación del subsidio argumentando que el esquema de precios diferenciados tenía un efecto regresivo.
“Más de un 50% del beneficio de este precio diferenciado llegaba a sectores de ingresos altos y solamente cerca del 7% beneficiaba a hogares pobres”, afirmó el ministro.
Aramayo sostuvo que el subsidio generó distorsiones asociadas al contrabando y a la comercialización ilegal de combustibles.
Un parque automotor mayoritariamente particular
Las autoridades también utilizaron los registros nacionales del parque automotor para dimensionar quiénes utilizaban los combustibles subvencionados.
A diciembre de 2025, Bolivia registraba 2.672.176 vehículos, según los datos citados por el Gobierno. De ese total, 129.148 correspondían al servicio público, mientras que 2.503.680 eran vehículos particulares, equivalentes al 93,7% del parque automotor nacional.
La diferencia entre ambas bases de datos responde a que la cifra de servicio público utilizada por YPFB y la ANH fue actualizada para 2026 y alcanza los 202.182 vehículos.
El Ejecutivo sostiene que la elevada participación de vehículos particulares en el parque automotor evidencia que el beneficio del precio subsidiado no estaba concentrado exclusivamente en actividades productivas o de transporte público.
Sin embargo, la eliminación de la subvención al diésel también genera efectos indirectos sobre la economía, debido a que el combustible es utilizado en transporte de carga, maquinaria agrícola, construcción, generación y otras actividades productivas. El Gobierno ha anunciado medidas de apoyo y diálogo con los sectores afectados para amortiguar ese impacto.
La discusión se traslada al costo del ajuste
La eliminación del subsidio se produce en un contexto de escasez de combustibles y restricciones fiscales. El Gobierno sostiene que el esquema anterior no era sostenible y que el nuevo sistema permitirá reducir las distorsiones entre el precio interno y el costo de importación.
Pero el cambio también generó rechazo entre organizaciones de transporte y otros sectores. La Defensoría del Pueblo alertó sobre posibles efectos en los derechos económicos de la población y sobre el impacto que el aumento del diésel puede tener en las tarifas del transporte terrestre.