Desde la noche de lunes, el gobierno boliviano tomó acciones para recabar información sobre las acusaciones que realizara el gobierno de EEUU respecto de autoridades y exautoridades nacionales. Este martes envió formalmente el pedido de mayor información del caso, dijo el portavoz presidencial José Luis Gálvez.
“Tenemos que esperar la información solicitada, esperamos que el gobierno americano pueda proporcionarla a la brevedad y queremos entender las razones, y a partir de las razones y las condiciones podremos tener una mejor posición respecto a lo que ha sucedido”, dijo Gálvez esta noche en la entrevista en ON- Otra noche con Sissi Áñez que se emite por EL DEBER.
El lunes, el gobierno de EEUU lanzó acusaciones contra autoridades y exautoridades de Estado. 13 personas fueron observadas por el servicio de migración y les quitaron la visa de ingreso que tenían a ese país. Las repercusiones de esa noticia llevaron a una convocatoria de la Asamblea Legislativa a sesionar el próximo 5 de octubre para analizar el caso.
“Consideramos que el poder donde nace este mandato es la Asamblea Legislativa y es quién debe tomar cartas en el asunto y nos parece correcto que sea la Asamblea Legislativa que ponga en agenda el tratamiento del caso en el marco de las leyes bolivianas y se tome las decisiones que corresponden”, dijo Gálvez en referencia a la convocatoria congresal.
Los presidentes de las dos cámaras legislativas habían solicitado la inmediata convocatoria a sesión de la Asamblea y este martes el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, dispuso para el 5 de octubre la sesión.
Según Gálvez la Asamblea puede tomar una decisión de juzgar al fiscal general y en ese caso debe aplicarse la Ley 044 de Juzgamiento a Altas Autoridades del Estado, entre los que se halla el fiscal general.
Asimismo, dijo que el Gobierno esperará con “prudencia” lo que vaya a ocurrir en la Asamblea, porque es la instancia que designó a Mariaca en el cargo. El fiscal general tomó posesión del cargo el 22 de octubre de 2024 y lleva en el cargo poco menos de dos años y tiene un mandato de seis años, según la Constitución Política del Estado (CPE).