La Cancillería boliviana se pronunció este jueves ante las denuncias del sector forestal sobre la quema de madera retenida en Arica (Chile), un conflicto que, según sus representantes, provoca pérdidas de entre $us 10 y 15 millones por la retención de cargamentos y la paralización de operaciones comerciales.
Mediante un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que mantiene gestiones diplomáticas y tomó conocimiento de una disposición de la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota para suspender temporalmente la destrucción de las cargas incautadas y ya analizadas.
El pronunciamiento llega después de que representantes del sector denunciaran nuevas quemas pese a esa disposición. La Cancillería pidió preservar las muestras necesarias para posteriores verificaciones, aunque no precisó si comprobó el cumplimiento de la suspensión ni detalló los resultados de sus gestiones.
El sector forestal denuncia pérdidas y pide conservar las pruebas
Pedro Colanzi, representante del sector forestal, cuestionó la destrucción de los cargamentos y señaló que el daño económico alcanza a las empresas, los trabajadores y la cadena productiva. También advirtió sobre el deterioro de la reputación internacional de las exportaciones bolivianas.
La Cámara Forestal de Bolivia solicitó preservar la madera para realizar nuevas pericias que permitan determinar la naturaleza, concentración y origen de las sustancias detectadas.
Como antecedente, seis contenedores fueron incinerados en septiembre: uno el día 3 y otros cinco el 11. Además, una comisión del Senado boliviano que se encuentra en Chile denunció el miércoles que observó movimiento de madera hacia la zona de incineración. Ese reporte no establece por sí solo cuántas cargas adicionales fueron destruidas.
Qué dice el comunicado de la Cancillería
El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que, ante información sobre una eventual continuidad de la destrucción de cargas, tomó conocimiento del oficio Res. FR XV N.º 016-2026, del 21 de septiembre de 2026.
Según el comunicado, la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota dispuso suspender temporalmente la destrucción de las especies incautadas y ya analizadas mientras se resuelven solicitudes pendientes relacionadas con algunas incautaciones.
La Cancillería consideró importante que, durante ese periodo, “se preserven adecuadamente las muestras, especies o elementos que pudieran resultar necesarios para eventuales verificaciones posteriores”.
También expresó su confianza en que la investigación continúe con respeto al ordenamiento jurídico y a las garantías del debido proceso, resguardando los intereses legítimos de Bolivia y de su sector exportador.
Sin embargo, el comunicado no identifica las gestiones realizadas, sus resultados ni las medidas solicitadas para asegurar la conservación de las cargas. Tampoco confirma que la incineración haya continuado después de la disposición fiscal o anuncia una acción jurídica internacional.
IBCE exige una respuesta por dos vías
A las denuncias del sector forestal se sumó el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE). Su gerente general, Gary Rodríguez, reclamó una intervención del Gobierno por las vías jurídica internacional y diplomática.
“Lo que están haciendo en Chile con las maderas bolivianas es una iniquidad”, afirmó durante una conferencia de prensa este jueves.
Según el IBCE, existen 59 contenedores retenidos desde principios de año y el conflicto ha causado un daño económico de $us 15 millones, además de afectar 20 mercados y la reputación de los exportadores. Estas cifras corresponden a estimaciones de la institución.
Rodríguez denunció que las empresas no pudieron obtener muestras para realizar peritajes independientes, pese a una solicitud del Ministerio de Gobierno de Bolivia en junio. También sostuvo que la incineración continuó pese a la disposición fiscal de suspensión.
El ejecutivo cuestionó las consecuencias del caso para la confianza en el comercio bilateral e invocó el Tratado de Paz y Amistad de 1904 y el Acuerdo de Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio como parte de su reclamo por garantías para las exportaciones bolivianas.
Una controversia que sigue abierta
El sector forestal sostiene que los análisis conocidos no demuestran una impregnación deliberada de droga en la madera. La Fiscalía chilena mantiene una posición diferente y afirma que sus pruebas confirmaron la presencia de sustancias ilícitas.
Colanzi también advirtió que el caso puede convertirse en un precedente para otros sectores que exportan por puertos chilenos, entre ellos la soya, los minerales y la carne.
Mientras los empresarios reclaman una intervención más definida, la Cancillería informa seguimiento diplomático y pide preservar las pruebas. Queda pendiente esclarecer si la destrucción fue efectivamente detenida y qué medidas garantizarán que el material permanezca disponible para nuevas verificaciones.