Mediante un pronunciamiento público, la Asociación de Magistrados de Bolivia (Amabol) exhortó a las autoridades nacionales y a los Órganos del Estado a respetar la independencia de poderes, esto tras la caída de Róger Mariaca y otros fiscales.
La Amabol señaló que la investigación y sanción de hechos de corrupción, narcotráfico, crimen organizado o cualquier otro ilícito debe realizarse con absoluta firmeza; sin embargo, ninguna circunstancia habilita el desconocimiento de la Constitución Política del Estado, el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y los derechos humanos.Guías de viajes
Rechazaron categóricamente toda forma de presión, injerencia, intimidación o interferencia proveniente de cualquier órgano o institución del Estado que pretenda condicionar, directa o indirectamente, el ejercicio de la función jurisdiccional.
También hicieron notar que la independencia judicial no es una concesión del político ni institucional, sino una garantía fundamental de toda persona y uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho.
“Exigimos que las juezas, jueces, vocales y magistrados que conozcan acciones constitucionales, medidas cautelares, excepciones, incidentes, procesos penales o cualquier actuación vinculada a los recientes acontecimientos, cuenten con garantías reales y efectivas para resolver con absoluta libertad e independencia, sometidos únicamente a la Constitución y la ley”, señalaron de forma textual en una parte del pronunciamiento.
En ese sentido subrayaron que: “Toda resolución judicial que se considere incorrecta debe ser impugnada exclusivamente mediante los recursos y mecanismos previstos por el ordenamiento jurídico, jamás mediante amenazas, hostigamientos, presión policial, campañas de desprestigio, persecución o represalias contra la autoridad que la emite.
Amabol permanecerá vigilante frente a cualquier acto que comprometa la independencia de juezas, jueces, vocales y magistrados. De verificarse amenazas, hostigamientos, represalias, interferencias, presiones indebidas o vulneraciones de derechos humanos y garantías constitucionales contra autoridades judiciales por el legítimo ejercicio de sus funciones, se activarán todos los mecanismos constitucionales, legales y convencionales de protección y, de ser necesario, se acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la UIM, la FLAM y demás organismos e instituciones internacionales de protección de los derechos humanos y de la independencia judicial, solicitando las medidas cautelares o de protección que correspondan.
El pronunciamiento de la Amabol recibió el respaldo de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), institución que solicitó garantías reales de seguridad para los jueces que intervengan en los procesos que se llevan a cabo.
Entre los procesados se encuentra el Fiscal Departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, quien en su momento también fue juez.