El presidente Rodrigo Paz Pereira promulgó la Ley N° 1774 (del 5 de octubre de 2026), por la cual se aprueba un Contrato de Préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 40 millones de dólares americanos destinados al “Programa Boliviano de Administración de Tierras para el Desarrollo Rural Sustentable”, que incluye completar el registro catastral de 13,3 millones de hectáreas pendientes y así fortalecer la seguridad jurídica de la propiedad rural, incrementar el uso sostenible de la tierra y aumentar la eficiencia del sistema catastral.Noticias bolivianas
“Además de incrementar la certeza sobre los derechos de propiedad, el préstamo aprobado por el directorio ejecutivo del BID ayudará a reducir la deforestación y el cambio de uso del suelo en los predios que se incluyan en el catastro ambiental y rural”, explica la entidad internacional en su página web.
El BID ya aprobó este préstamo en 2024, pero fue recién en 2026 que la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y el nuevo presidente, quienes resolvieron todos los pasos legales administrativos para que se pueda formalizar el préstamo y disponer de esos recursos económicos.
Según refiere el BID en su página web, Bolivia tuvo avances significativos en la regularización de la propiedad rural, e incluso el proceso de catastro, saneamiento, titulación y registro de tierras rurales está llegando a su etapa final.
“Los cambios en la estructura de la tenencia de la tierra en los últimos 30 años han contribuido a reducir las brechas de acceso a ella por parte de pequeños propietarios y comunidades indígenas”, detalla el organismo financiero multilateral.
Resultados esperados
Según el análisis del BID, debe reconocerse que los procesos de reformas agrarias en la mayoría de los países, incluyendo Bolivia, son complejos, por eso, el programa incluirá el fortalecimiento institucional y la consolidación del sistema nacional de administración de tierras.
Entre otras medidas, se actualizará el marco legal, que incluirá normas para la resolución de conflictos relacionados con la propiedad de la tierra. También se modernizarán los sistemas de información del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y se procederá a la digitalización de sus archivos y expedientes.
El préstamo del BID tiene un periodo de amortización de 24 años y medio, y un periodo de gracia de 11 años y 8 meses.
La ley Nº 1774, promulgada el 10 de septiembre de 2026, autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación (TGN), asumir el repago de las obligaciones que sean contraídas en la ejecución del Contrato de Préstamo del BID. (GOBCOM)