El presidente de la Cámara Departamental de Industrias de La Paz (Cadinpaz), José Eduardo Iriarte, advirtió que el alza salarial podría afectar el empleo formal si el Gobierno no presenta estudios y cifras que respalden la propuesta.
Además, cuestionó la falta de una convocatoria oficial para debatir el posible incremento salarial.
“Solo tenemos unas declaraciones de un viceministro que dice que va a haber un incremento salarial, pero no se nos ha convocado oficialmente, no hay nada”, afirmó el representante del sector industrial, al señalar que hasta el momento no existe un espacio formal de diálogo sobre el tema.
Iriarte consideró que el anuncio llegó de manera anticipada y sostuvo que el Gobierno debe presentar información técnica antes de avanzar en una decisión que repercuta en los costos laborales de las empresas.
“Entendemos de que sí ha sido bastante anticipado y además entendemos de que tiene que presentar estudios, tiene que presentar números para ver realmente y que nos sentemos a hablar porque eso es lo más importante, el diálogo”, manifestó.
Alza salarial
El presidente de Cadinpaz también planteó que la discusión no debe limitarse al porcentaje de incremento salarial, sino que debe considerar la situación de los trabajadores que se encuentran fuera del empleo formal.
A su juicio, el aumento beneficiaría principalmente a una parte de los trabajadores que cuentan con un empleo formal, mientras que la mayoría que trabaja en la informalidad quedaría al margen de la medida.
“Ese incremento salarial va a ser para el 15 o 20 por ciento formal. ¿Qué va a pasar con el otro 80? ¿Ochenta y cinco por ciento?”, cuestionó.
Iriarte advirtió, además, que un incremento salarial sin un análisis previo de las condiciones económicas y laborales podría elevar el riesgo de que algunas empresas reduzcan sus puestos de trabajo formales.
“Puede llevar a que muchas personas que ya de por sí el empleo formal es muy poco, pierdan su trabajo formal y pasen a la informalidad”, sostuvo.
En ese contexto, el titular de Cadinpaz insistió en la necesidad de abrir un diálogo entre el Gobierno y el sector empresarial, con base en estudios y cifras que permitan evaluar los efectos de la medida tanto para las empresas como para los trabajadores.