Daniel Agramont Lechín, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Frankfurt, sostiene que la crisis boliviana refleja el agotamiento del modelo rentista. Cuestiona las expectativas depositadas en el litio, advierte sobre el riesgo energético y propone nuevas reglas para atraer inversiones y diversificar la producción nacional.
Usted habla de un país de un solo producto. ¿Cuál es la trampa?
No es el extractivismo por sí mismo. Tener recursos naturales no está mal. Hay países, como Noruega, que los administran bien. El problema es unir extractivismo, rentismo y clientelismo. Bolivia fue monoexportadora de estaño. Después diversificó sus exportaciones: gas, minerales, agroindustria. Pero el Estado se volvió dependiente de la renta gasífera. El gas llegó a representar el 49% de las exportaciones y, para el Estado, era ingreso, dólares y seguridad energética.
Durante años parecía que todo funcionaba. En realidad, todo salía bien porque había dólares. Cuando se acaba esa renta, descubrimos que el Estado tiene que cambiar profundamente. Y ese cambio será doloroso. El modelo de demanda interna se sostuvo con dólares provenientes del gas. No fue una transformación productiva sostenible. Acostumbramos al país a consumir sin preguntarnos qué ocurriría cuando desapareciera esa fuente de divisas.
¿Esa mentalidad explica las expectativas sobre el litio?
Totalmente. El rentismo está metido en nuestro imaginario colectivo. Queremos repartir las regalías del litio antes de producirlo. Se habla de miles de millones como si fueran seguros. Pero el litio boliviano tiene dificultades: agua, magnesio y costos de extracción. Además, el precio internacional ha cambiado muchísimo. No podemos construir otra ilusión de riqueza automática.
El litio no es la salvación. Necesitamos una ley que dé reglas claras a las comunidades y a quienes quieran invertir. Hay que explicar cuánto puede producirse, cuánto cuesta y qué ingresos reales dejará. Y mirar también al estaño, al cobre y a otros minerales que podrían generar inversiones.
¿Qué está frenando esas inversiones?
No podemos pedir capital y, al mismo tiempo, imponer condiciones que vuelven inviables los proyectos. Las empresas necesitan recuperar lo invertido. Si exigimos una renta desproporcionada, terminamos ofreciendo compensaciones que complican los contratos. Necesitamos reglas transparentes y seguridad jurídica.
¿Dónde están las oportunidades para diversificar la economía?
La minería seguirá siendo fundamental y la agroindustria cruceña debe mantener su protagonismo. Pero también necesitamos revitalizar la producción de alimentos. Importamos tomate, cebolla y papa, cuando podríamos fortalecer nuestra propia capacidad productiva. Y hay otras actividades que, aunque generen menos dólares por exportaciones, pueden crear empleos de calidad, como el turismo, la economía digital, la economía circular y los emprendimientos.
El problema es que todas esas oportunidades necesitan condiciones para desarrollarse. No estoy hablando de subsidios, sino de cambios normativos, mejores condiciones para invertir y un Estado que facilite la actividad empresarial. Tenemos proyectos que llevan años esperando autorizaciones mientras el país pierde ingresos por el gas.
¿Usted habla de un riesgo energético. ¿Qué tan cerca está?
El apocalipsis energético es real. En nuestras investigaciones recogimos propuestas de operadores para aumentar la producción en campos donde ya trabajan. Hay inversiones de cortísimo plazo que requieren pequeños cambios normativos. Después harán falta una nueva ley de hidrocarburos e inversiones grandes.
Gas hay. Pero no basta con tenerlo bajo tierra; necesitamos que alguien invierta para extraerlo.
¿Por qué no se toman esas decisiones
Falta un pacto político. Durante años se instaló que toda inversión extranjera amenaza la soberanía. No se trata de regalar recursos, sino de negociar inversiones que dejen beneficios al país. Necesitamos leyes de minería, hidrocarburos e inversiones. Incluso hemos planteado reformas puntuales a la Constitución. No podemos quedarnos inmóviles.
¿Qué ejemplo muestra mejor el costo de esa inmovilidad?
Mire a Perú. Ha atraído inversión para minería, un megapuerto y un nuevo aeropuerto en Lima. Una empresa extranjera puede construir un aeropuerto y administrarlo mediante una concesión. Aquí propones algo parecido y enseguida aparece la palabra «soberanía». Así no tendremos un gran centro de conexiones en Viru Viru.
Y hay una comparación que me duele: en 2025, mientras Perú inauguraba un megapuerto y un mega aeropuerto, Bolivia celebró su Bicentenario con una moneda conmemorativa. Es para llorar. Los otros construyen infraestructura; nosotros seguimos discutiendo si debemos permitir que inviertan. Ese es el tamaño de nuestro desafío. La soberanía no debería ser una excusa para paralizar proyectos que el país necesita.
Perfil
Daniel Agramont Lechín es doctor en Ciencia Política por la Universidad de Frankfurt y Postgraduate Fellow de la Universidad de Kassel. Es investigador del Centro de Estudios de Paz y Seguridad de Frankfurt (HSFK), director de Proyectos de la Friedrich Ebert Stiftung y miembro de la junta de asesores de la Cooperación Belga (VLIR-UOS).