La búsqueda de nuevos reservorios de gas natural en Bolivia recibió un nuevo impulso judicial. La Sala Primera del Tribunal Agroambiental rechazó los recursos de casación que pretendían suspender el proyecto exploratorio Domo Oso-X3, en el área San Telmo Norte, y ratificó que el lugar previsto para la perforación se encuentra fuera de los límites de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, en Tarija.
La resolución, emitida el 13 de noviembre y notificada el 17 de noviembre, despeja un obstáculo judicial para la continuidad de las actividades exploratorias de Petrobras y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en un momento en que el país enfrenta uno de los escenarios más complicados para su sector hidrocarburífero: las reservas probadas de gas cayeron a 2,30 trillones de pies cúbicos (TCF), el menor nivel registrado en dos décadas.
El prospecto Domo Oso-X3 tiene un potencial estimado de entre 2 y 4 TCF de gas natural. Si esos volúmenes fueran confirmados mediante trabajos de exploración, evaluación y posteriormente incorporados a las reservas bajo criterios técnicos y comerciales, podrían representar un aporte para revertir el deterioro de la disponibilidad de hidrocarburos.
La magnitud de la expectativa explica la relevancia que el proyecto adquiere para la industria. En un escenario hipotético, un descubrimiento de 2 TCF equivaldría al 87% de las actuales reservas probadas de Bolivia. Si el resultado alcanzara 4 TCF, el volumen sería 1,7 veces la cantidad de gas probada que tiene el país.
Condiciones ambientales
La decisión judicial se originó en una acción ambiental precautoria promovida por el Defensor del Pueblo en enero de 2026 contra el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, el Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, el Viceministerio de Medio Ambiente, YPFB y Petrobras Bolivia.
En el proceso inicialmente se dispuso la suspensión temporal de los actos de ejecución material del proyecto de perforación exploratoria. Posteriormente, el juez agroambiental de Entre Ríos rechazó la solicitud de suspensión y esa determinación fue ratificada por el Tribunal Agroambiental, que declaró infundados los recursos presentados por terceros.
Los informes técnicos considerados en la resolución establecen que el área de intervención se encuentra aproximadamente a 1,5 kilómetros de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía.
Pero el fallo no elimina las obligaciones de prevención y control ambiental. La justicia dispuso un plan de monitoreo reforzado y continuo que contempla la calidad del agua de los ríos Chiquiacá y Soledad, la biodiversidad, el ruido y las emisiones.
También ordenó coordinación interinstitucional para la gestión de riesgos hidrológicos y la presentación de informes semestrales sobre el cumplimiento de las medidas.
La determinación judicial permite que el proyecto avance, pero bajo condiciones de seguimiento ambiental que deberán ser cumplidas por las instituciones y las empresas involucradas.
Piden informes científicos
La resolución no cerró la controversia en Tarija. La gobernadora María René Soruco expresó su oposición a la continuidad del proyecto mientras, a su criterio, no se aclaren las observaciones sobre los posibles impactos ambientales.
La autoridad pidió que el Gobierno nacional responda con información técnica y científica a los cuestionamientos planteados sobre el área de intervención.
Entre sus observaciones mencionó la posibilidad de que los trabajos se ejecuten a menos de 50 metros de un río y señaló que, según las observaciones al estudio de evaluación de impacto ambiental, el proyecto abarcaría 5,2 hectáreas que podrían afectar fuentes de agua.
Soruco sostuvo que el desarrollo no puede medirse únicamente por los ingresos que genere la actividad hidrocarburífera, sino también por la capacidad de preservar los recursos naturales y las fuentes de agua.
La Gobernación anunció que trasladará sus observaciones al Gobierno central y que evalúa posibles acciones legales. También pidió que las autoridades nacionales se presenten en Tarija para explicar los cuestionamientos ambientales.
Estas observaciones corresponden a la posición de la Gobernación y no modifican, por ahora, la decisión judicial que ratificó que el área de perforación está fuera de los límites de la reserva.



















