El conflicto por la exploración hidrocarburífera en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía no se limita a la ubicación del pozo Domo Oso-X3, sino que involucra contratos petroleros vigentes por 40 años y la intervención de otras áreas dentro de la reserva, advirtió George Campanini, investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib).
“Las comunidades llevan más de 10 años reclamando, entre otras cosas, que los proyectos petroleros en Tariquía no se lleven adelante”, afirmó Campanini, que realizas un análisis del tema después de que la Sala Primera del Tribunal Agroambiental rechazara los recursos que buscaban mantener suspendidas las operaciones de Domo Oso-X3 y autorizara la continuidad del proyecto, al ratificar que el área de perforación está fuera de los límites de la reserva.
Según explicó el experto, Tariquía está afectada por cuatro áreas hidrocarburíferas: San Telmo Norte, San Telmo Sur, Churumas y Astillero. De estas, tres tienen contratos vigentes: Astillero, San Telmo Norte y Churumas, mientras que San Telmo Sur continúa en etapa de evaluación y fue estudiada por distintas empresas, entre ellas la brasileña Fluxus. Los contratos de San Telmo Norte y Astillero fueron firmados en 2018, mientras que el de Churumas corresponde a los acuerdos homologados en 2007. En el caso de San Telmo Norte, el 60 % corresponde a Petrobras y el 40 % a Chaco; en Astillero, la participación es inversa. Los contratos están a cargo de la empresa Chaco, según la explicación del investigador.
En 2018, los proyectos obtuvieron licencias ambientales para la perforación de cinco pozos y la intervención de uno. Sin embargo, las movilizaciones de comunidades de Tariquía y de la población de Tarija consiguieron que, entre 2019 y 2020, las actividades fueran declaradas en status quo. Entre los proyectos exploratorios que quedaron detenidos estaban Astillero X1 y X2, Domo Oso X1 y X2, además de Churumas X2 y X3.
Posteriormente, en 2021, el gobierno decidió reactivar las actividades hidrocarburíferas mediante el Plan de Reactivación del Upstream. Entre 2023 y 2024 se retomó los trabajos en Astillero, donde se realizó perforaciones con resultados negativos. Casi paralelamente, las operaciones ingresaron al área de Churumas.
El investigador señaló que actualmente Churumas cuenta con tres pozos exploratorios y un tendido de línea construido y operativo que conecta esa zona con San Alberto. Advirtió que esta área se encuentra en el centro de uno de los sectores más importantes de la reserva.
Modificaciones y falta de controles
Otro aspecto cuestionado por Campanini es la modificación del plan de manejo de Tariquía para permitir el ingreso de las actividades hidrocarburíferas. Explicó que se cambió la zonificación de la reserva, incluso en áreas que anteriormente estaban destinadas a la protección estricta y de cuencas, para habilitar intervenciones extractivas.
Recordó que el Decreto Supremo 2366, que abrió las áreas protegidas a la exploración hidrocarburífera, establecía condiciones para el desarrollo de estos proyectos, como el respeto a la zonificación, el uso de tecnologías de avanzada y una intervención mínima, incluso mediante vías aéreas.
Sin embargo, sostuvo que esas condiciones no se cumplieron en los casos de Astillero y Churumas. A ello sumó la preocupación por la capacidad del Estado para fiscalizar las operaciones y controlar el cumplimiento de las medidas ambientales.
Campanini también mencionó denuncias realizadas meses atrás por exfuncionarios y responsables ambientales vinculados a la empresa, quienes reportaron incidentes como derrames de diésel y el vuelco de cisternas. Cuestionó qué acciones asumieron el Estado y el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) frente a esos hechos y si se activaron mecanismos de supervisión y sanción.
Según el investigador, aproximadamente el 52 % de la superficie de Tariquía está superpuesto a las áreas contractuales hidrocarburíferas, situación que constituye uno de los principales motivos de preocupación de las comunidades.
Rechazo del fallo
El investigador señaló que los comunarios y las organizaciones defensoras de Tariquía rechazaron la resolución del Tribunal Agroambiental, al considerar que no responde a sus demandas históricas. A su juicio, existe un intento de reducir el conflicto a la ubicación de Domo Oso-X3, cuando la oposición también está dirigida a la continuidad de los contratos y al desarrollo de proyectos como Churumas y Astillero.
En ese sentido, sostuvo que la discusión sobre si el pozo se encuentra dentro o fuera de los límites de la reserva desvía la atención del problema de fondo: la actividad hidrocarburífera en las áreas que se superponen con Tariquía y las condiciones bajo las cuales se aprobó los contratos.
Finalmente, recordó que las comunidades han protagonizado movilizaciones y acciones públicas durante más de una década, con el respaldo de sectores de la población tarijeña. Consideró que sus demandas deben ser escuchadas para comprender la dimensión ambiental, jurídica y social del conflicto, más allá de la controversia específica por Domo Oso-X3.



















