La Gestora Pública se perfila como uno de los principales compradores de las operaciones de titularización que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) pretende realizar en un futuro para obtener capital, señalan dos analistas.
De esta manera, una entidad administrada por el Estado pasaría a financiar a la principal empresa pública, que busca ingresos para concretar sus proyectos en medio de una caída de los volúmenes de exportación en gas y la declinación de sus reservas.
«Como las titularizaciones se emiten en el mercado de valores y se espera siempre que el 80 por ciento compren las AFP, se puede deducir que el único comprador de esto va a ser la Gestora», indicó el consultor financiero Jaime Dunn.
Dunn explicó que, si bien cualquier entidad privada puede comprar las titularizaciones, en emisiones de plazos superiores a los cinco años y ante la falta de inversionistas, son usualmente las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) las que adquieren estos valores. Sin embargo, al ser estas privadas reemplazadas por la estatal Gestora Pública, ésta podría hacerse cargo de estas adquisiciones.
El analista en hidrocarburos Álvaro Ríos dijo que los capitales pueden venir también del exterior y que, si bien no puede adelantar un criterio al respecto, es evidente que la Gestora es una opción.
«No sé de dónde conseguirán la plata, pero una de las opciones sin duda es la plata de los fondos de pensiones o de la Gestora, dependiendo de quién maneje los recursos», dijo el especialista.
La disposición final séptima del proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE 2023) autoriza a YPFB a ceder flujos de caja futuros para realizar operaciones de titularización destinadas a inversiones en la industrialización de hidrocarburos, conforme a normativa vigente.
Esto básicamente significa que la empresa estatal tendrá la posibilidad de vender sus ingresos futuros a cambio de capital inmediato para operaciones e inversiones. El economista José Espinoza explicó anteriormente que ésta es una medida ante la falta de recursos económicos de la petrolera.
Dunn señaló que la Gestora debe evaluar los riesgos y que, según el procedimiento, dos calificadoras privadas deberán calificar la calidad de la titularización de YPFB.
Ríos señaló que es posible que la estatal busque recursos para financiar la construcción de las plantas de biodiésel, que tiene un costo de 387,5 millones de dólares.
Los Tiempos intentó conocer la posición de YPFB respecto a sus posibles compradores, pero no hubo respuesta.
CPE pone ciertas restricciones
El artículo 357 de la CPE establece ciertas restricciones para la titularización de los recursos naturales: «Por ser propiedad social del pueblo boliviano, ninguna persona ni empresa extranjera, ni ninguna persona o empresa privada boliviana podrá inscribir la propiedad de los recursos naturales bolivianos en mercados de valores, ni los podrá utilizar como medios para operaciones financieras de titularización o seguridad. La anotación y registro de reservas es una atribución exclusiva del Estado».
Álvaro Ríos afirmó que los únicos ingresos seguros a futuro de YPFB son los envíos de gas a Brasil hasta 2025, pues la producción de urea es interrumpida y los pagos de Argentina no son confiables.