Tuvieron que transcurrir dos décadas y registrarse al menos un centenar de bloqueos en el ingreso al botadero de K’ara K’ara para que una acción popular ponga fin –al menos de momento– a esas medidas de presión que atentaban contra la salud pública, al acumularse toneladas de basura en la ciudad de Cochabamba.
Desde que entró en vigencia esta semana, la medida desalienta nuevas movilizaciones porque faculta a la Policía y la Fiscalía a actuar de oficio y asumir acciones legales en contra de los dirigentes o personas que impidan el acceso de los carros basureros al relleno sanitario de K’ara K’ara.
La acción popular fue interpuesta por el Comité Cívico de Cochabamba el pasado 21 de abril, en coordinación con los presidentes de las OTB Muyurina e Irlandés como partes perjudicadas por los bloqueos que esta vez organizaron vecinos del Distrito 15 exigiendo que la Universidad Mayor San Simón (UMSS), propietaria de predios en esa zona, les venda a entre dos y cinco dólares el metro cuadrado de los terrenos que ocupan.
El presidente del Comité Cívico, Apolinar Rivera, aseguró que esa medida es histórica porque el botadero de K’ara K’ara dejará de ser el epicentro de los bloqueos de diferentes sectores que con el fin de presionar a las autoridades tomaban el vertedero.
“Desde que he sido posesionado, hemos visto el tema de la basura y desde hace 10 meses empezamos este proyecto, en la posibilidad de presentar ese recurso que es la acción popular. Antes tuvimos que realizar un trabajo de seguimiento para ver cuándo lo podíamos presentar y en vista de los últimos bloqueos vimos una oportunidad”, afirmó.
El cívico dijo que la Policía y la Fiscalía están en la obligación de intervenir si algún grupo cierra los accesos del vertedero.
“Ojalá esa acción sea suficiente para frenar los bloqueos en K’ara K’ara, es lo que esperamos. Al ser una sentencia constitucional, la Policía como la Fiscalía deberían de actuar de oficio para que no vuelvan a bloquear en ese sector. Estamos convencidos de que ahora estas instancias van a estar presionadas y obligadas a actuar”, declaró el cívico.
La Constitución Política del Estado, en su artículo 136, dice que “la acción popular procederá contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medioambiente y otros de similar naturaleza”.
Luego de la sentencia a favor del Comité Cívico, la Alcaldía fue criticada por diferentes sectores e instituciones debido a su “inacción” al no constituirse como parte querellante contra los dirigentes y personas supuestamente identificadas por atentar contra la salud pública ni haber promovido la acción popular.
La jefa de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, Tatiana Neri, precisó que no es una competencia municipal y no estaban legitimados. Por ello, al tratarse de ese tipo de recurso legal, correspondía a los cívicos.
“Si bien la Alcaldía no ha iniciado la acción popular en primera instancia, estuvo coordinando sobre todo que el daño era preferible que sea presentada por el Comité Cívico porque es un ente que representa a toda la sociedad más allá de que la Alcaldía sea el directo afectado por no poder brindar el servicio de limpieza a través de EMSA (Empresa Municipal de Servicio de Aseo). La acción popular tiene sus aristas y lo que se debe analizar antes de iniciar cualquier tipo de acción o de demanda es ver la legitimación activa o pasiva. En este caso, yo tengo entendido que la legitimación activa la tenía más identificada el Comité Cívico”, declaró.
El abogado constitucionalista Israel Quino explicó que la acción popular sólo puede ser presentada por un colectivo de personas y no así por gobiernos municipales o gobernaciones.
“Pueden interponer un colectivo de personas afectadas por la vulneración de derechos colectivos, sólo ellos pueden. El Estado no está legitimado porque tiene otras acciones constitucionales. Ni las alcaldías ni las gobernaciones están legitimados”, precisó el jurista.
Quino aclaró que las alcaldías pueden querellarse contra dirigentes o personas –si están identificadas– por diferentes delitos. En este caso la tipificación sería por atentado contra la salud pública. “Por cualquier conducta, ya sea por acción o por omisión en razón de algún dirigente o sector, sí pueden activar (las alcaldías). Están en el deber de activar (de denunciar)”, precisó.
EMSA es la empresa encargada del recojo diario de la basura que se genera la ciudad de Cochabamba. El destino de los desperdicios es la zona de K’ara K’ara, al sur de la ciudad de Cochabamba, donde existe una planta de tratamiento de residuos.
Esa empresa descentralizada es una de las afectadas por los recurrentes bloqueos en ese sector porque no puede realizar su trabajo, lo que genera que la basura se acumule en los puntos de acopio, en los mercados, hospitales, espacios públicos y las viviendas.
Pese a la afectación ambiental y a la salud pública, EMSA no demandó a los dirigentes o personas que promueven los bloqueos a los accesos del botadero, pero se constituyó como “tercera interesada” en la acción popular de los cívicos.
“Nos hemos adherido a la acción popular del Comité Cívico; en consecuencia, ha salido la tutela a favor de esta instancia. Nos adherimos como terceros interesados, es casi igual que ser querellantes”, indicó el gerente general de EMSA, César Quispe.
El 17 de abril los vecinos del Distrito 15, de 19 juntas vecinales que se adjudicaron 350 hectáreas de terrenos de la UMSS, bloquearon los accesos al botadero de K’ara K’ara para exigir que les dejen pagar precios de hace 19 años por esas tierras que hoy ocupan: entre dos y cinco dólares el metro cuadrado.
La casa de estudios superiores planteó a los adjudicatarios que paguen entre seis y 12 dólares para superar el conflicto.
Tras ocho días de bloqueos, hasta el 24 de abril, los vecinos del Distrito 15 ingresaron a un cuarto intermedio. Sin embargo, tras conocerse que la acción popular salió a favor del Comité Cívico, los adjudicatarios no retomaron los bloqueos ni otras medidas.
En datos de la Unidad de Residuos Sólidos y Líquidos de la Alcaldía, en más de 20 años se registró casi un centenar de bloqueos en K’ara K’ara para impedir el ingreso de los carros basureros.
Los años más conflictivos y críticos por el daño ambiental causado fueron 2019 y 2020 en plena pandemia, ya que se identificó casi una veintena de bloqueos.
“Ojalá esa acción popular sea suficiente para frenar los bloqueos en el botadero de K’ara K’ara, es lo que esperamos”
Titular cívico Apolinar Rivera
“Nos hemos adherido a la acción popular del Comité Cívico; en consecuencia, ha salido la tutela a favor de esta instancia”.
Gerente de EMSA,
César Quispe
“Si bien la Alcaldía no inició la acción popular, estuvo coordinando; era preferible que sea presentada por el Comité Cívico”.
Funcionaria edil Tatiana Neri
La constitución
Norma • El artículo 137 de la CPE dice: “La acción popular podrá interponerse durante el tiempo que subsista la vulneración o la amenaza a los derechos e intereses colectivos. Para interponer esta acción no será necesario agotar la vía judicial o administrativa que pueda existir. Podrá interponer esta acción cualquier persona, a título individual o en representación de una colectividad y, con carácter obligatorio, el Ministerio Público y el Defensor del Pueblo, cuando por el ejercicio de sus funciones tengan conocimiento de estos actos”.
Recojo • EMSA es la empresa encargada del recojo diario de la basura que se genera en la ciudad de Cochabamba y la disposición final de los desperdicios en la zona de K’ara K’ara, ubicada al extremo sur de la capital del valle.