La Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomendó, en un informe oficial, que los Estados deben realizar evaluaciones de salud a los trabajadores que cumplan 65 años con el fin de precautelar su integridad física y evitar accidentes laborales.
La posición fue expresada en medio del conflicto en el país sobre la modificación de la Ley de Pensiones, de la que algunas organizaciones, especialmente de maestros y médicos, consideran que plantea una “jubilación forzosa”.
Según la OIT, cada año fallecen en el mundo 2,4 millones de trabajadores por casos relacionados a enfermedades laborales.
Salud de los trabajadores
El Convenio 102, Sobre Seguridad Social, que suscribió la OIT con Bolivia, señala en el artículo 26 que la edad de jubilación no debiera exceder los 65 años; sin embargo, la autoridad competente podría fijar otro rango etario tomando en cuenta la capacidad de trabajo.
Precisamente, el Proyecto de Ley 035 plantea la revisión médica de los trabajadores de 65 años a través del Instituto Nacional de Salud Ocupacional (INSO). La propuesta genera susceptibilidad en los sectores movilizados, que considera que la medida servirá la una jubilación forzosa.
Según los datos de la OIT, los países que establecen límites a la edad para el trabajo son España (67) Paraguay (65), Argentina (65) y México (60).
Pensiones
En Bolivia, la Asamblea Legislativa considera el Proyecto de Ley 035, que, en su contenido, señala una probable modificación de la pensión solidaria de vejez.
La propuesta tiene como objetivo preservar la salud de los trabajadores y recomienda un examen médico. Que según señala, no implica un impedimento para seguir ejerciendo en sus funciones.
Sin embargo, los colegios médicos rechazan la medida, porque asumen que lo que busca es forzar a la jubilación a sus galenos, una situación que derivó en un paro de 71 horas que vence este viernes.
Entretanto, la Confederación Nacional de Jubilados de Bolivia pidió a las autoridades de Gobierno y de la Asamblea Legislativa. Que, “de una vez por todas”, planteen una solución al conflicto por la denominada “jubilación forzosa” con varios sectores del país que masifican sus protestas.